VICENTE PÉREZ
La crisis del coronavirus, en su vertiente política, se ha cobrado en el Gobierno canario un puesto, nada más y nada menos que la de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz (PSOE). Este jueves la ha destituido el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, y la ha sustituido por Julio Pérez, consejero Presidencia, Justicia e Igualdad.
En los últimos días habían trascendido diferencia raíz internas sobre quiénes y cómo se debía gestionar esta emergencia sanitaria, y en la que la voz más crítica dentro del pacto ha sido Nueva Canarias (NC), a través del vicepresidente económico, Román Rodríguez, a lo que habría que añadir el malestar del personal sanitario por la falta de medios de protección en la primera semana del estado de alarma (aunque esta última carencia ha sido un problema general en casi toda España).
La realidad es que , por el momento, Canarias está entre las comunidades autónomas españolas con menor incidencia del coronavirus, pues ocupa el puesto 14 de 17 (19 si se cuentan las ciudades autónomas) en número de contagiados y fallecidos.
En todo caso, dentro de los socios del pacto se había exigido que las incorporaciones en el área de Sanidad crisis sanitaria estuvieran en manos de personas «con capacidad de mando y gestión», en palabras del portavoz parlamentario de NC Luis Campos en un comunicado el pasado lunes.
De hecho, Torres había tratado de aminorar el poder de la consejera en los últimos días con la creación de un Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria, en el que estaba Cruz pero cuyo coordinador técnico es Conrado Domínguez, el actual secretario general técnico de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, y que era gerente del Servicio Canario de la Salud (SCS) cuando gobernaba CC, en la época en que la Sanidad pública canaria estaba al cargo de José Manuel Baltar, que fue nombrado consejero tras ser directivo de las Clínicas San Roque (privadas). Domínguez fue cesado de la gerencia del SCS en agosto de 2019 con la llegada de Teresa Cruz a la Consejería, aunque pasó a una secretaría general técnica en otra área del Gobierno cuatripartito de izquierdas.
De este órgano forman parte también el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos, Román Rodríguez; el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis; el ya citado Julio Pérez; el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera; el viceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez; y el director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturiz.
La consejera saliente, que es Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de La Laguna, hizo este martes 24 unas declaraciones, recogidas por Efe, que ya presagiaban nubarrones. Dijo que la función del citado comité y de Conrado Domínguez era meramente asesora. Y denunció «ciertos intereses» que le querían «mover la silla» con una campaña de «desgaste» que viene de atrás, en la que se le culpa «de todo», cuando sus decisiones de «inexperta», ha ironizado, «han ayudado a que las islas sean el segundo territorio de España menos afectado por el coronavirus».
«Supe manejar la crisis del 30 de enero (el primer positivo de España, en La Gomera). Tuve la capacidad de decidir en un momento complicado, porque Canarias vive del turismo, cerrar un hotel con 865 personas, y no me tembló la mano. Esta inexperta ha tomado decisiones que nos han llevado a donde estamos», se defendió Cruz, en una entrevista con La Diez Capital Radio de Tenerife.
Y prosiguió Cruz, aludiendo a que la escasez de material de protección para el personal sanitario ha afectado a todas las regiones españolas: «Parece que yo soy culpable de que falte material, de que haya un contagio significativo de la población, parece que soy la responsable de todo, de que salga el sol, de que lloviera ayer. Hay que ser más serio. Si me quieren mover la silla, que me la muevan. Lo han estado haciendo todo este tiempo, lo único que pido es que me dejen trabajar, que dejen trabajar a los sanitarios sin distracción porque, de verdad, lo peor está por venir».
Lo cierto es que tampoco el líder de la Agrupación Socialista Gomera (AGS), Casimiro Curbelo, demostró mucha querencia por Teresa Cruz. Este miércoles, antes de trascender el cese, el político gomero, una de las cuatro patas del Pacto de las Flores que hace posible el Gobierno canario (PSOE, NC, Podemos y ASG), envió un comunicado en el que defendió que hay que “tomar las medidas necesarias que nos permitan garantizar la seguridad de los trabajadores sanitarios en nuestro Archipiélago” y darles el material suficiente para evitar mayores contagios y hacer frente, en las mejores condiciones, al Covid-19.
Asimismo, se mostró preocupado por la cifra de sanitarios contagiados «que se registra en el país y, en concreto en Canarias», y añadió que “debemos trabajar y establecer nuevas medidas, si fuera necesario, para evitar que estos porcentajes sigan aumentando”.
El PSOE tinerfeño
Canarias Ahora ha informado de que en el PSOE tinerfeño la destitución de Cruz no era bien vista. El día 23, en una información que firma su director, Carlos Sosa, asegura que para los socialistas tinerfeños esta consejera era «intocable», y que así se lo hizo saber a Torres el secretario general del PSOE en la isla y presidente del Cabildo, Pedro Martín; la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife y diputada regional, Patricia Hernández, y los alcaldes del sur tinerfeño (un feudo socialista). Precisamente en un ayuntamiento de la zona (ahora perdido para el PSOE), el de Granadilla, es funcionaria la consejera cesada, un municipio donde Patricia Hernández tuvo un llamativo aluvión de apoyos para ser candidata del PSOE a la presidencia del Gobierno en 2015.
Estos líderes del PSOE en Tenerife, según Canarias Ahora, «aprecian la mano negra de las clínicas privadas en los movimientos que se están produciendo tanto en el seno del Gobierno regional como en el comité de gestión del COVID-19 con la incorporación a este último órgano de nuevos cargos políticos y técnicos como José Julián Isturiz y Conrado Domínguez, a los que directamente consideran emisarios del sector de la sanidad privada canaria», sobre la que está aún por ver cómo se concretará en Canarias su papel subordinado de los intereses generales en esta pandemia.
No hay que olvidar que el real decreto dictado por el Gobierno estatal deja claro que el ministro de Sanidad podrá «intervenir y ocupar transitoriamente […] centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico».
El relevo de Cruz, Julio Pérez, no es médico, como tampoco lo es ella, sino abogado, aunque tiene una dilatada experiencia política y en gestión pública, incluyendo el puesto de consejero de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno canario entre 1991 y 1993. Casi dos décadas después fue fichado por la sanidad privada, como secretario en el consejo de administración de Hospiten, el poderoso grupo de Pedro Luis Cobiella. En su larga trayectoria en la cosa pública, el nuevo consejero de Sanidad presidió la Junta de Obras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife (1984-1987), fue Gobernador Civil en Tenerife (1987-1991), teniente de alcalde en el Ayuntamiento chicharero, y secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Rodríguez Zapatero. También Julio Pérez estudió Periodismo.
