VICENTE PÉREZ
No cesa la polémica entre animalistas contrarios a que se mate a tiros gatos, perros y hurones para preservar las plantas y animales autóctonos de Canarias y quienes defienden la caza de estos animales sin pedigrí canario asilvestrados para proteger la biodiversidad en el Archipiélago.
El nuevo episodio de esta controversia se debe a que, en una de sus últimas decisiones, el consejero de Transición Ecológica saliente, José Antonio Valbuena (PSOE), modificó la orden de la temporada de caza para prohibir estas cacerías, en respuesta a la presión animalista, dado que en España a finales de septiembre entrará en vigor una nueva ley que no permite matar estos animales a escopetazos, es decir, los excluye de considerarlos cinegéticos.

Este sábado 22 de julio, en un comunicado, la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad de Canarias (ACBC) ha pedido al nuevo consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata (PP), que derogue esta modificación pero además que haga las gestiones pertinentes para que en Canarias no se apliquen los artículos y disposiciones de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales ,relativos a la consideración de los gatos y hurones asilvestrados como animales domésticos de compañía, la aplicación del sacrificio 0, y de la metodología de captura, esterilización y retorno (CER) para el control de gatos vagabundos en zonas urbanas y rurales.

Colectivos animalistas no han tardado en replicar esta nota de la ACBC. Así, la Red Canaria Solidaria contra el Maltrato Animal la que ha vuelto a dejar claro que están de acuerdo en que se debe proteger el medio ambiente de los animales abandonados y asilvestrados, «pero siempre por métodos civilizados y éticos de captura y control, nunca por sistemas salvajes, deshumanizados e inmorales, de estallarle el cráneo de un tiro, a estos pobres animales indefensos, que no tienen culpa de nada y que sólo pretenden subsistir y no morir de hambre».
La Red lamenta que «ciertos movimientos ecologistas y científicos promuevan tratar a los animales como basura orgánica, pegándoles un tiro en la cabeza a ¡nuestros perros y gatos!». Y añade que en este caso es el ser humano, con toda su capacidad para discernir lo que es moral de lo que no, el que debe buscar alternativas no cruentas para conseguir el fin que se propone de preservar la biodiversidad.
La ACBC advierte del peligro de extinción de reptiles, aves y mamíferos

La ACBC alega que con el cambio de normativa aprobado por Valbuena se incumple el acuerdo adoptado por el Consejo de Caza de Canarias, un organismo asesor del Gobierno autonómico, en el que participan los cabildos insulares, la administración del Estado, y los representantes de las organizaciones de cazadores, agricultores y ecologistas.
En su reunión del 14 de junio, recuerda la ACBC, este Consejo informó favorablemente la propuesta realizada por la Consejería en la que figuraban, como especies de caza menor, los animales asilvestrados. En dicha propuesta, se advertía de que, a partir del 29 de septiembre, cuando entre la nueva ley, los gatos, perros y hurones asilvestrados, al ser considerados como animales de compañía en esta nueva legislación nacional, perderían su condición de especies cazables.
«El Sr. Valbuena», critica la ACBC en un comunicado, «parece ignorar que, en la Ley de Caza de Canarias, el concepto de animal asilvestrado no sólo incluye a perros, gatos y hurones, -también lo es la ardilla moruna, por ejemplo-, y que la actividad cinegética contribuye a la detección temprana de especies exóticas y, particularmente, al control de los gatos asilvestrados, animales que viven sin relación con el ser humano y que, como atestigua la comunidad científica, en Canarias amenazan la supervivencia de numerosas especies de reptiles, aves y mamíferos».
Además, la ACBC reivindica que se tramite una nueva normativa sobre animales domésticos en Canarias que sustituya a la «obsoleta» Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales.
Los animalistas apelan a la ética y pidem alternativas no cruentas

La Red Canaria contra el Maltrato Animal expone que el movimiento animalista se inicia en julio del 2012 con la Declaración de Cambridge, firmada por «los 13 más importantes neurocientíficos de renombradas instituciones, como Caltech, el Mit, Instituto Max Planck en presencia de Stephen Hawking», quienes destacaron la existencia de conciencia en los animales no humanos.
«La Psicología patológica describe la crueldad hacia los animales como una falta de madurez y desarrollo; se denominan trastornos disociales, según el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales», señala este colectivo en una nota de prensa. «La falta de moral», agrega, «está caracterizada por los propios intereses y el pragmatismo; todo está supeditado a conseguir resultados rápidos y baratos, sin importar los sufrimientos gratuitos e innecesarios que se causen, como en el caso del que se pretende causar a los perros, gatos, animales asilvestrados y abandonados».
Tanto el trastorno disocial y el trastorno de la personalidad antisocial están relacionados, según la Red, con la falta de moralidad y de empatía en quienes la sufren. Según los estudios de Phillip Javang, «los mayores niveles de puntuación de trastornos disociales están relacionados con el mayor número de actos de crueldad animal y comportamientos más negativos hacia los animales».

Por estas razones, este grupo animalista anuncia que va a pedir a las nuevas autoridades canarias «que tomen conciencia del nivel de sensibilidad hacia los animales de la sociedad canaria mayoritaria y los traten sin causarles sufrimientos innecesarios, gratuitos y con empatía».
Esta polémica, en clave canaria, puede recrudecerse en los próximos meses en función de qué postura adopte el nuevo Gobierno de Canarias, recién constituido, y formado por CC, PP, ASG y AHI. En clave nacional, también puede intensificarse este choque de intereses y de criterios en función de los resultados de las elecciones de este 23 de julio, pues del Gobierno que se forme puede depender que la nueva ley estatal perdure o sea derogada.