PLANETA CANARIO
El Gobierno de Canarias ha anunciado que el 20 de enero de 2023 presentará a los colectivos de afectados por la erupción de La Palma los decretos que ha estado elaborando durante el último año que van a ordenar el suelo afectado por el volcán y, por tanto, determinar el suelo destinado a vivienda y agricultura y el que se va a proteger. Pero la Plataforma de Afectados por la Erupción en Cumbre Vieja 2021 así como la Plataforma Jaraco de Afectados de Puerto Naos y La Bombilla critican que se pretenda que se acuda a esa cita sin previamente conocer el contenido de estos documentos.
Para este grupo de damnificados, la divulgación inmediata de estos borradores es imprescindible para poder hacer sus alegaciones, reclamaciones y sugerencias, ya que son las leyes y reglamentos decisivos que determinarán el futuro de las propiedades arrasadas por el volcán durante 85 días. Y en todo caso, creen que no es suficiente el aforo del local donde se ha convocado el encuentro, ni que solo puedan asistir representantes de colectivos, y no todo el mundo que lo desee.

La plataforma recuerda que en toda elaboración de un plan general de ordenación urbana o de cualquier instrumento de ordenación de suelo, la Administración urbanística ordena su publicación en la página web para que el documento, con sus capítulos y artículos, sea conocido por la sociedad.
Por tanto, la plataforma exige al Gobierno de Canarias que proceda a publicar en sus páginas web sobre esta emergencia volcánica, los textos íntegros de la redacción de los decretos leyes urbanísticos de ordenación del suelo de La Palma afectado por el volcán para que sean conocidos y estudiados por los vecinos antes de la reunión de 20 de enero de 2023.
Las asociaciones vecinales de los barrios afectados por la erupción volcánica de La Palma (Todoque, La Laguna, Las Manchas, El Remo y La Bombilla) emitieron a finales de diciembre un comunicado conjunto en el que, a través de su portavoz, Jennifer Sánchez González, exigieron al Gobierno canario que presente setos borradores a todos los afectados para que puedan hacer llegar todas las sugerencias de mejoras necesarias a tiempo de que puedan ser incluidas en el Plan de Reconstrucción, pues cuanto más se retrase en el tiempo más empeora la situación y más se alarga la recuperación» de las personas y empresas damnificadas.

Este 11 de enero el Gobierno canario mantuvo en La Palma reunión de trabajo con el Cabildo palmero y los ayuntamientos del Valle de Aridane sobre el marco territorial para la reconstrucción de La Palma en la que se abordó el contenido de los decretos leyes que aprobará el Gobierno regional «a lo largo del mes de febrero», según la previsión del jefe del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres.
Ese día anunció que habrá una reunión con los afectados en la tarde del 20 de enero próximo, jornada en la que, durante la mañana, se celebrará una Comisión Mixta para la Reconstrucción de La Palma con la presencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Uno de los decretos ley tendrá que ver con las viviendas y el otro con la agricultura, y con esta normativa, dijo «se pretende coordinar todos los suelos, dónde y cómo construir, y cómo encauzar la reconstrucción de la isla». “La voluntad es acabarlos en febrero y llevarlos a su aprobación en el Parlamento de Canarias”, dijo el presidente.

Estos documentos, según el Ejecutivo regional «se centrarán en reconstruir las edificaciones y en la recuperación de la normalidad de los afectados, que podrán disponer de un nuevo marco urbanístico que permitirá desarrollar los usos del suelo acorde a sus necesidades habitacionales, económicas y sociales e infraestructuras asociadas (incluyendo la actividad agrícola). En el texto se abordan los distintos tipos de viviendas afectadas, los derechos de cada propietario, tipos de ocupación y la ejecución de las instalaciones necesarias para el desarrollo de determinadas actividades económicas».
La planificación del nuevo territorio la están elaborando empresas públicas Gesplan, Gestur y Grafcan, todas ellas adscritas a la Consejería autonómica de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.