PLANETA CANARIO
El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife ha anunciado que presentará este viernes, justo el primer día de la campaña de las elecciones autonómicas, insulares y municipales, una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción con relación al proceso de privatización de los casinos públicos.
En concreto, Podemos ha avanzado que su denuncia va dirigida contra el presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la tasación realizada para la venta de las casas de juego propiedad de la Administración insular.
El partido morado no ha dado más detalle de esta iniciativa judicial, y ha convocado a los medios de comunicación para la mañana de este viernes en la entrada del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, situado en la avenida Tres de Mayo.
El sindicato UGT pidió en abril al gobierno insular, formado por CC y PSOE; que paralice la venta de los casinos públicos insulares porque considera que el procedimiento está viciado de nulidad debido a irregularidades en la valoración para la fijación del precio de venta, pues » interesaba reducir de manera drástica y sin causa ni motivo alguno» el valor que permitiera reflejar el precio de licitación, en claro perjuicio del interés público».
En un comunicado divulgado el pasado mes, la organización ugetista sostiene que «la valoración realizada no ha sido verificada por los técnicos del Cabildo a pesar de que legalmente se exige un informe económico de tasación del valor de mercado de la entidad, y ello no garantiza en modo alguno que no haya una distorsión en el precio de salida de venta». Para el sindicato, el precio razonable del valor del activo neto asciende «a la cantidad nada despreciable» de 12.208.000 euros.
En una demanda presentada por UGT-Canarias contra los pliegos que rigen la venta de los casinos se afirma que se han vulnerado los principios de objetividad y transparencia y concreta que el valor del Casino Playa de las Américas, SA, que la sociedad Tinsa evalúa en 4.521.760 euros, no contempla la maquinaria, a pesar que tanto uno como otro inmovilizado pasarían a la titularidad de los nuevos accionistas.
UGT ve injustificada la venta de los casinos públicos de Tenerife «y mucho menos» cuando son empresas que generan «amplios beneficios».
A finales de noviembre del pasado año, el gobierno insular informó en un comunicado de que había admitido a trámite las ofertas presentadas por Global Casino Technology Corporation, Pama e Hijos, Olympic Entertaiment Group y Automáticos Canarias-Grupo Orenes.
A partir de entonces se abría un plazo de un mes, prorrogable otros 15 días, para que estas empresas puedan acceder a documentación complementaria sobre los casinos. Una vez solventado este trámite, los licitadores dispondrían de un plazo de cuatro meses para presentar sus ofertas concretas, que deben incluir un proyecto de inversión turística que tendrá que realizarse necesariamente en uno de los tres municipios en los que se ubican los casinos, en Adeje, Puerto de la Cruz o Santa Cruz de Tenerife.
El proyecto, que implica una inversión mínima de 4,5 millones de euros, podrá comprender tanto actuaciones de obra nueva como de rehabilitación de edificaciones ya existentes.
Las bases del concurso especifican que el proyecto turístico, que tendrá que ser desarrollado en un plazo máximo de cuatro años, deberá estar relacionado con la actividad de explotación del casino de juego aunque se podrán desarrollar otras actividades turísticas adicionales.
Los recursos que se obtengan de la venta de las tres salas de juego, que el gobierno insular enmarca en el proceso de desinversión y reestructuración del sector público empresarial vinculado a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se destinarán a financiar infraestructuras sociosanitarias.
