VICENTE PÉREZ
El Rosario se encuentra en emergencia, oficialmente declarada, por la falta de agua debido a la suma de circunstancias que supone el suministro del líquido elemento para los servicios contraincendios, los problemas con los canales de agua debidos al fuego y la necesidad de abastecer a la prisión Tenerife II, lo cual no ha sido posible algunos días porque, según expone el Ayuntamiento, el Gobierno estatal no ha invertido en depósitos en la prisión (apenas tiene reservas para 24 horas) ni para una conexión propia diferente de la red de abastecimiento municipal.
La situación es tan grave que el Ayuntamiento ha tenido que habilitar un servicio de aseo personal y ducha en un polideportivo.
En concreto, se trata del pabellón José Martín Martín, ubicado en Lomo Pelado, y en el que los vecinos que lo deseen pueden asearse de 15 a 21 horas.
Las personas que quieran hacer uso de este servicio deberán llevar su propia toalla, champú y material de higiene personal.
Esta iniciativa se suma a la puesta en marcha de dos puntos de acopio de agua potable para la ciudadanía, que está situados en la plaza del Adelantado, en La Esperanza, y en la plaza Gabriel Cruz, en Llano del Moro, todos los días de 17:00 a 21:00 horas.
El consistorio que preside Escolástico Gil expone que toma estas medidas «ante lo excepcional de la situación que está atravesando la parte alta del municipio debido al desabastecimiento en el servicio de agua, con el fin de mitigar los inconvenientes que está generando para la población, en algunos casos de cierta importancia al tratarse de personas mayores o vulnerables».
Fue este miércoles 23 cuando el gobierno municipal declaró la alerta por falta de agua de abasto en aplicación del Plan de Emergencias y Protección Civil de El Rosario, un problema derivado de las afecciones que el incendio forestal continúa provocando en los canales de Aguamansa y de Río-Portezuelo.
Además de las 18.000 personas empadronadas, la red de abasto municipal debe suministrar agua a industrias y a la cárcel, que, entre funcionarios y reclusos, suman unas 1.200 personas.