VICENTE PÉREZ
La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, ha levantado «de forma condicionada y reversible» el cierre y precinto existente en el camino de Las Bajas, por lo que se permite de nuevo el acceso y el uso de la zona, incluyendo el retorno de una veintena de vecinos que fueron desalojados en 2021, con el anterior gobierno municipal, alegando riesgo de desprendimientos y caída de rocas.
De este modo parece acabar el calvario que han sufrido estos vecinos, que en 2021 tuvieron que salir de sus hogares con la promesa de que las obras durarían unos meses, pero se han eternizado.
En el acantilado se han llevado a cabo trabajos de saneamiento, sostenimiento y protección, aunque no están culminados debido al conflicto que surgió entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria por el abultado sobrecoste que cuatriplicó el presupuesto inicial de la adjudicación, hasta elevarlo a más de un millón de euros.
Un asunto que además generó un gran desencuentro entre el PP, que lo llegó a denunciar en Fiscalía cuando estaba en la oposición (ahora gobierna), y el equipo gobernante anterior (PSOE, CC y Unidas Sí Podemos).
DECRETO CON INFORME TÉCNICO
El decreto de la alcaldesa se fundamenta en un informe de un ingeniero técnico industrial favorable a la reapertura de la vía, aunque con la advertencia de que existe un «riesgo residual inherente a la naturaleza del terreno», por lo que se hará un seguimiento al posible riesgo para, en su caso, adoptar medidas cautelares, si fuera preciso, incluso volver a cerrar y precintar el camino.
Se trata de una zona acantilada que se sitúa entre la TF-5 y el mar, donde hay viviendas (algunas son casas cueva) y que es azotada por el viento, las escorrentías pluviales y las olas. Parte de la zona afectada (viviendas incluidas) se halla en dominio público marítimo terrestre.
El decreto deja claro que la reapertura queda «expresamente condicionada» al mantenimiento de las medidas de protección y de seguridad existentes; la continuidad paulatina de las obras de consolidación pendientes; la realización de inspecciones periódicas sobre el estado de la ladera.
“Cualquier incidencia relacionada con desprendimientos, aparición de grietas o fisuras, deterioro de las protecciones existentes, episodios meteorológicos adversos o cualquier circunstancia que incremente el nivel de peligrosidad determinará la adopción inmediata de medidas cautelares, incluyendo el cierre preventivo de la zona sin necesidad de nueva valoración previa”, se establece en la resolución de la regidora municipal.
EXPEDIENTE POLÉMICO Y JUDICIALIZADO
Cuando estaba en la oposición, Castro se quejó de las «las injusticias» con estos vecinos. El expediente municipal sobre estas obras lo gestionó la Concejalía de Urbanismo que dirigía entonces el socialista Airam Puerta.
Sobre la actuación del líder del PSOE güimarero arrojaron sombras los vecinos y el PP, que cuestionaron el riesgo real de derrumbes inminentes en el paredón al pie del cual están estas casas, algunas excavadas en las rocas o aprovechando cuevas naturales, porque los afectados aseguran que nunca ha habido desprendimientos de importancia.
De hecho, algunos vecinos atestiguan que Puerta, en una ocasión, y ante la insistencia del vecindario contra el desalojo, sólo reconoció «cierto riesgo», pero no convenció a la mayoría sobre que la situación haya sido alguna vez «inminente» y de extremo peligro.
Esta cuestión tiene un carácter crucial, porque la obra se encargó sin concurso público precisamente alegando que era una emergencia.
DESALOJO DE 5 AÑOS CON PROMESA DE UNOS MESES
Los vecinos abandonaron sus casas con la promesa de que los trabajos durarían unos meses, y han pasado 5 años, y que además se les abonaría el pago de los alquileres, ayudas municipales que luego tardarían en llegar.
Además, se la circunstancia de que la adjudicataria era la que se encargaría de abonar el coste del realojo, asunto que llegó a la vía judicial, en el que una jueza absolvió a algunos vecinos por el impago de la renta en la vivienda alternativa y condenó a la empresa que realizaba las obras a abonarla.
El origen de la intervención municipal en la zona fue un informe de la Policía Local el 2 de diciembre de 2020, que advirtió «el deficiente estado del talud» y, según el Ayuntamiento «ello fue, corroborado mediante informe técnico, el día 9 siguiente.
Pero no fue hasta el 15 de febrero de 2021 cuando un informe de un ingeniero detectó «riesgo inminente» de «fenómenos gravitacionales de peligrosidad alta (en concreto: grandes volúmenes movilizados y frecuencia dominante de ocurrencia)», con una «elevada» «vulnerabilidad» de las personas y bienes.
Sin embargo, el mismo informe añade que «la mayoría de las inestabilidades identificadas presentan un grado de actividad dormido y se encuentran en fase de desarrollo».
PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS POR EL SOBRECOSTE
El coste de la obra para las arcas municipales pasó de 342.000 euros a más de un millón, por lo que la secretaria municipal, avalada además por un informe del Consejo Consultivo de Canarias, planteó en el verano de 2021 la rescisión del contrato, y el entonces alcalde, Gustavo Pérez (CC) paralizó los trabajos.
Tras lo cual la empresa reclamó en vía judicial y ganó el litigio, por lo que el Ayuntamiento, ahora con otro gobierno, tiene que afrontar una importante suma de dinero a la adjudicataria.
Se da la circunstancia de que la declaración de Airám Puerta en sede judicial fue clave para decantar la sentencia a favor de la empresa, como firmante de los decretos de emergencia y el desalojo de Las Bajas, pese a la falta de un proyecto técnico y certificaciones de obra – lo que dejaba en el aire la justificación del gasto público-, según informó en su momento el diario digital Sol del Sur.
En 2024, con el anterior equipo gobernante, además, se impusieron nuevas restricciones en la zona, tras un temporal marítimo, prohibiendo totalmente el acceso, lo que además perjudicó a algunos residentes en Punta Pietra, La Caleta o El Tablado, para quienes esta es la única vía de acceso para ir a El Puertito caminando, según explicó entonces el PP.
Ese mismo año un Juzgado rechazó un recurso de una decena de vecinos para que se levantaran las restricciones de acceso y avaló las medidas provisionales tomadas por el anterior equipo de gobierno.
En cualquier caso, uno de los objetivos de Castro tras recuperar la alcaldía con una moción de censura en agosto de 2025 era ofrecer soluciones a las demandas de estos vecinos tras el suplicio que les ha supuesto esta prolongada situación.
