El sector agrario alza su voz en La Palma tras «15 meses de pérdidas» y ante un futuro incierto

A la Unión Europea y al Gobierno estatal los manifestantes mostraron su «absoluto rechazo a la actual Política Agraria Común, cada vez más destructiva» y piden que se exija a los importadores de terceros países los mismos requisitos de calidad, seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente que a las producciones comunitarias, para evitar la «competencia desleal» de los productos que vienen de países no miembros de la UE, incluida la banana.

Reclaman además más controles en puertos y aeropuertos a las mercancías importadas y paralizar la puesta en marcha de la conexión marítima para tráfico comercial entre Fuerteventura y el puerto marroquí de Tarfaya, «por el riesgo de entrada de plagas y enfermedades y de productos agroalimentarios tratados con materias activas prohibidas en la UE».

También urgen a que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria, que busca asegurar que el agricultor y ganadero no deba vender por debajo del coste de producción, aunque en esta caso la realidad es que si esta legislación estatal no se aplica al plátano canario es porque las grandes organizaciones plataneras así lo quisieron en su día, según se quejan colectivos como la Plataforma por un Precio Justo del Plátano.

A las Administraciones públicas canarias, desde el Gobierno regional a los cabildos y ayuntamientos, los manifestantes les solicitan garantizar el agua de riego ante la preocupante sequía, con nuevas infraestructuras e implantando el uso de aguas regeneradas. También reclaman menos burocracia y más agilidad administrativa con las ayudas públicas, pues las esperas «asfixian económicamente a los agricultores».

Alzan la voz también para que se actualicen las subvenciones con el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) al coste real de producción y nuevas líneas de ayudas con este programa europeo para las razas autóctonas de ovino y caprino, en peligro de extinción, y los cultivos forrajeros locales.

Para el sector platanero, clave en La Palma, piden medidas urgentes para un cultivo que está «sumido en una crisis por la elevada producción de 2023 y los bajos precios». Entre las acciones solicitadas está la de impedir que se siembren nuevas plataneras -salvo, claro está, las destruidas por la erupción de 2021 en el Valle de Aridane- y poner un tope a la producción por hectárea con derecho a ayudas.

Otras reivindicaciones son que haya ya un calendario para la entrada en vigor en la Comunidad Autónoma del reglamento regulador de los usos agrarios y los usos complementarios, y de las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario.  Para el subsector ganadero se demandan medidas de fomento del pastoreo.

En el manifiesto también se defendieron crear compensaciones para el sector agrario por su importancia en el mantenimiento del paisaje rural y la soberanía alimentaria. Además, se recordó el problema de la falta de relevo generacional y la necesidad de incorporar a los jóvenes a estas actividades económicas, mediante un plan que haga atractivo invertir en este sector.

Unas reivindicaciones que entregaron en mano al final de la manifestación al propio presidente del Cabildo palmero, Sergio Rodríguez, quien participó en la marcha de protesta, y la directora insular de la Administración General del Estado en la isla, Ana María de León.

La unidad exhibida en esta manifestación tiene también sus interpretaciones. Amable del Corral, presidente de la Plataforma Agraria Libre de Canarias (PALCA), declaró a TV La Palma que «las organizaciones de productores y ASPROCAN han sido los culpables» de que se llegara a la situación que sufre el sector, por lo que le sorprendió su presencia en este acto de protesta, ya que sus representantes, dijo, «lo que deberían es irse para su casa para poder reflotar el plátano».

Desde la Plataforma por un Precio Justo y Auténtico para el Plátano, Juan Carlos Rodríguez, denunció que los plataneros llevan ya más de 15 meses con pérdidas y por ello cuestionó que la estrategia deba ser pedir más subvenciones, ya que, a su juicio, el objetivo debe ser que se le pague al cosechero por encima del coste de producción de una manera estable para que obtenga una renta digna.

Pero para lograrlo, enfatizó Rodríguez, «hay que unirse, con una sola marca dejar de defender cada uno su chiringuito, pues lo único que así se conseguido es recibir 20 o 25 céntimos por kilo de plátano, mientras vemos que se vende en los supermercados a 2, 3 y hasta 4 euros por kilo, y así no podemos sobrevivir». En esta línea, defendió aplicar al plátano la Ley de Cadena Alimentaria y también reformar el funcionamiento de ASPROCAN para que sus directivos «sean elegidos por los agricultores, democráticamente, y no como ahora, por kilos». Además, denunció que hay productores de plátano que también comercializan banana.

El presidente del Cabildo opinó que «aquí el problema no está en los agricultores sino en los intermediarios», pues «en la cadena hay mucha gente y al final se beneficia todo el mundo menos los de abajo, los productores, y eso no puede ser». Además, mostró su preocupación por la falta de relevo generacional, que, a su juicio, ocurre porque el sector no es atractivo para vivir, «y es la pescadilla que se muerde la cola».

En la manifestación también participó Wladimiro Rodríguez Brito, exconsejero de Agricultura del Cabildo tinerfeño, geógrafo y exprofesor de la Universidad de La Laguna,  quien señaló ante las cámaras de TV La Palma que «el campo no puede seguir abandonado cuando se trata de la alimentación de dos millones de canarios, de su función en el medio ambiente y de una menor dependencia de lo que se traiga de fuera».

Pero añadió que para ello hace falta que «el pueblo no sea pasota y se manifieste» y que se organice mejor la comercialización de los productos locales, pues «es el problema del plátano, que necesita menos marcas, solo dos o tres, y poder competir y hacer economía de recursos», ya que resulta «lamentable la situación económica» que padecen los campesinos.