PLANETA CANARIO
Francisco Rodríguez Pulido, profesor jubilado y licenciado en Física y Química, ha entrado este domingo 5 de febrero en Puerto Naos y se ha encadenado a un banco público, para llamar a la «desobediencia civil pacífica» contra las restricciones de acceso a las viviendas y negocios que aplica el Cabildo de La Palme a los residentes en este núcleo residencial y turístico por las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) tras la erupción volcánica de 2021.
Ha permanecido en esta actitud tres horas, ya que la Guardia Civil cortó las cadenas, tomó notas de sus datos, así como de la persona de apoyo que grababa con un vídeo la protesta – a quien un agente recordó que, caso de no acatar la orden de abandonar el lugar, podría ser detenido-, y les requirió salir de la zona de acceso restringido. Ambos se alejaron de Puerto Naos sin oponer resistencia física, ya que se trataba de un acto de protesta pacífica, según explicó luego el propio Rodríguez Pulido.
Con esta acto reivindicativo, este científico pretende denunciar que «la gestión de los gases en Puerto Naos y La Bombilla está viciada con mentiras», pues, si bien deja claro que no niega que existas emanaciones de este gas, sostiene que la gestión del problema se ha hecho vulnerando derechos de los afectados. Y por ello afirma que «la desobediencia civil se ampara en tres derechos fundamentales: libertad de conciencia, libertad de expresión y participación política, y quien la practica lo hace sin ánimo de ocultación alguno y ante la vista de la autoridad».
Rodríguez Pulido, candidato en su día de Los Verdes de Canarias al Parlamento regional, es uno de los científicos cuyos argumentos a favor de permitir el regreso controlado, con un protocolo de seguridad, de la población a Puerto Naos y La Bombilla sustentan el recurso judicial en lo contencioso administrativo presentado por la Plataforma de Afectados Jaraco contra el decreto del presidente del Cabildo, Mariano González Zapata, que establece estas restricciones.
Esta plataforma apoya este acto de protesta y pide secundar la desobediencia civil: «Vayamos a nuestras propiedades y ejerzamos la libertad de estar en ellas sin pedir permiso a nadie. No hay orden judicial que lo prohíba, solo aquellos que se creen dueños de todo».
Asevera que el semáforo amarillo por riesgo volcánico, decretado por el Gobierno canario, a través de la Consejería presidida por Julio Pérez, «no tiene base jurídica ni científica; es recurrible, ya que no constituye ningún argumento para mantener la zonas de exclusión -en realidad, un desalojo injustificable de sus propias viviendas, en Puerto Naos y La Bombilla».
De ahí que Rodríguez Pulido pida la dimisión de Julio Pérez, pues en el caso de los gases «nunca se han tomado como un problema de salud pública», y además recuerda que en este plan de emergencia antes de la erupción «nunca hubo semáforo naranja ni evacuación pertinente, sino una autoevacuación» de la población cuando vio explotar el volcán.
Para este profesor de Secundaria jubilado, «el presidente del Cabildo de La Palma, presidente a su vez del PEINPAL, ha adoptado decretos de exclusión, sin base jurídica, con argumentos científicos y técnicos nunca suficientemente demostrados atendiendo a parámetros de salud pública, aplicando una zonificación que carece a su vez de rigor y base legal alguna, basada en colores, para permitir, mediante un procedimiento alegal y recurrible, que los vecinos puedan acceder a sus casas unas horas al mes».
También se queja este físico-químico de que el portal web del Cabildo «no ofrece información en tiempo real, y los datos que se reflejan en las tablas no expresan, más allá de números, información contrastable y verificable».
Igualmente, reclama la dimisión de la consejera insular de Emergencias de La Palma, por su «falta de soluciones y medidas positivas» y no ir «más allá de las prohibiciones, la gestiones de un QR absurdo, y la mala formación en habilidades sociales como acompañantes innecesarios de los vecinos».
Reparte asimismo críticas a la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia Afonso, porque «ha cortado de manera injustificada el agua de abasto a los vecinos», y ha puesto como justificación que así lo establece la Consejería regional de Sanidad, cuando este organismo ha certificado a la Plataforma Jaraco que no ha prohibido reponer el suministro.
Dicho todo esto, Rodríguez Pulido cuestiona que no se aporten datos de los gases otras zonas de la isla donde hay trabajadores haciendo obras; tampoco se han aportado hipótesis como la identificación de las zonas concretas de emisión o la influencia de grietas y/o de las redes de saneamiento; tampoco sobre gestionar el problema de las emanaciones de CO2 en el aire para la salud porque solo se usan criterios vulcanológico, cuando «es casi generalizable que de las primeras plantas hacia arriba no hay problema de concentraciones anómalas» de este gas; y nunca se ha trabajado con protocolos para el regreso de los habitantes.
Hasta ahora, el Comité Científico de Plan de Emergencias del Cabildo (PEINPAL), al igual que el del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA), viene recomendando mantener la evacuación «por un principio de precaución, prudencia y prevención, permitiendo el acceso sólo para el desempeño de la actividad laboral, siguiendo los protocolos establecidos por los servicios de riesgos laborales».
El comité está formado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), las dos universidades públicas canarias (de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria) Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Gobierno canario.
Solo uno de sus miembros se ha desmarcado públicamente hasta ahora del resto de científicos, el médico palmero Aldo González Brito, profesor en la Universidad de La Laguna, quien, en el comité del PEVOLCA, emitió un voto particular en las reuniones de este órgano, con el que muestra su disconformidad con que Puerto Naos siga evacuado, pues, desde su criterio, en gran parte «las evidencias científicas y monitorización de gases muestran que no hay riesgos para la salud», y propone el retorno controlado a las viviendas, manteniendo las restricciones solo a plantas bajas y sótanos y la zona de Playa Chica.
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