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El Gobierno canario sancionará y demandará a la promotora que revendió VPO ya adjudicadas a 66 familias

El consejero Sebastián Franquis anuncia que el Instituto Canario de Vivienda abrirá expediente sancionador contra Promociones Amojo SL, empresa vinculada a la familia del ex político Manuel Hermoso, y luego presentará una demanda civil para que se declaren nulas las ventas sucesivas de los inmuebles

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PLANETA CANARIO

Las recientes movilizaciones de 66 familias afectadas por la presunta venta ilegal de las viviendas de protección oficial (VPO) que alquilaron con opción a compra en 2013 han provocado una reacción del Gobierno de Canarias, ante cuyo Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) habían denunciado ya esta situación, al igual que en el Juzgado de Granadilla en 2019.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha anunciado en nota de prensa que el ICAVI va a abrir un expediente sancionador contra la empresa Promociones Amojo SL (vinculada a la familia del expresidente del Gobierno regional Manuel Hermoso), por incumplir el real decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 al que se acogió esta promotora en 2013 para obtener una subvención a cambio de declarar a las 66 viviendas de Las Acacias, situadas en Granadilla de Abona, como de protección oficial y promoción privada.

Dicho plan estipula que la venta o transmisión de este tipo de viviendas, aunque sean de promoción privada, deben contar con la autorización previa del Gobierno de Canarias, autorización que nunca se ha concedido.

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Este expediente sancionador sirve, además, como anticipo al siguiente paso que la Consejería pretende dar en este caso para defender los legítimos derechos de los arrendatarios de las 66 viviendas del Residencial Las Acacias, que es la presentación de una demanda civil para declarar la nulidad de todas las ventas a las que se han sometido estas casas.

Concentración de familias afectadas por esta venta `presuntamente ilegal de VPO, ante el Juzgado de Granadilla.

Para poder presentar esta demanda, la Consejería trabaja ya con el Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma para estudiar la viabilidad de activar un proceso contencioso por la vía civil que anule la primera y sucesivas ventas de estas viviendas de protección oficial de promoción privada, al realizarse sin autorización previa.

Además, el real decreto antes mencionado estipula que estas viviendas de protección oficial en Las Acacias están sujetas a un régimen legal de protección durante 30 años.

Estos serán los principales argumentos que empleará la Consejería para sancionar administrativamente a la promotora original e intentar anular judicialmente la venta de las casas de Las Acacias, al considerar que la transmisión de la propiedad de estas viviendas protegidas de una empresa a otra ha sido “irregular” . Según los afectados, la promotora original entró en su día en concurso de acreedores y ya no tiene actividad.

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La Consejería abre de esta forma dos líneas de actuación para preservar y defender los derechos de estas familias que viven como arrendatarios en Las Acacias.

Por un lado, por la vía administrativa, se abre un procedimiento sancionador que podría derivar en una sanción a la promotora original de estas casas, y por el otro, y por medio del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma, se abre un contencioso judicial de naturaleza civil para anular las ventas de las viviendas al considerar la Consejería que estas operaciones son fraudulentas por tratarse de viviendas que siguen sometidas al régimen de protección oficial y que no pueden ser vendidas sin autorización previa del Gobierno.

La Consejería expone en su nota que «, con el interés de la defensa del interés general y especialmente el de las 66 familias afectadas por estas ventas irregulares de sus viviendas protegidas, da un paso más en el apoyo a estos afectados con los que ya se han coordinado otras actuaciones en los juicios individuales que se han iniciado ya en varios juzgados de Tenerife, aportando toda la documentación requerida en la que se certifica que no consta ninguna petición previa de autorización por parte del ICAVI que permitiera la venta de estas casas».

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La pasada semana, estas familias se concentraron ante los Juzgados de Granadilla en apoyo de uno de los afectados, que afrontó el primero de los juicios tras la demanda presentada por los supuestos nuevos propietarios de su hogar.

«Lo sorprendente de esta historia para los afectados es que cuando la empresa entró en concurso de acreedores y quedó en manos de un administrador concursal, mediante el correspondiente proceso judicial, las viviendas acabaron siendo vendidas, dejando a las 66 familias en una total indefensión», explica Joana María Rodríguez Trujillo, presidenta de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias.

«Vinimos a vivir aquí en 2013, son viviendas de VPO de alquiler con opción a compra, para la cual dimos 6.373 euros por la entrada, con muchos sacrificios; todo nos pareció de un principio muy bonito, entramos con la ilusión de que sería nuestro hogar, pero a los cinco meses, cuando íbamos a ingresar en la cuenta de la promotora nos decía que estaban bloqueadas y así estuvimos cuatro o cinco meses, sin poder pagar la renta», relata la presidenta vecinal.

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Planeta Canario

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Por Vicente Pérez Luis, periodista licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad de La Laguna, con décadas de experiencia en la prensa canaria.

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