PLANETA CANARIO
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, acompañado por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, presentó este 5 de febrero el decreto-ley para la reconstrucción de la zona agrícola destruida por la erupción volcánica de 2021 en La Palma.Se trata de un documento que, como explicó, “constituye una estrategia que permite acortar plazos y que tiene como objetivo favorecer y ayudar a la recuperación de la máxima superficie de cultivo posible y que el mayor número de agricultores afectados, que llegan a 600, retomen esta actividad”.
Se han delimitado distintas zonas, unas en las que ya es posible la reconstrucción de áreas de cultivo y construcciones; otras en las que es factible la recuperación del terreno de cultivo y pequeñas instalaciones, mientras que la de las infraestructuras de mayores dimensiones precisará de un informe técnico; una tercera en la que, debido al riesgo de colapso será necesario esperar a que un informe científico avale la seguridad de dichos espacios; y la última, “muy pequeña, que corresponde al antiguo acantilado y nunca ha sido cultivada, que no podrá utilizarse debido a la pronunciada pendiente que presenta el terreno”.
En este sentido, el texto establece las medidas para permitir la recuperación de las explotaciones agrarias con las construcciones, edificaciones e instalaciones que existían en el espacio ocupado actualmente por la colada de lava, en condiciones de seguridad, permitiendo que cada uno de los afectados y afectadas pueda tomar la iniciativa de la recuperación sin perjuicio de las ayudas públicas y de la acción pública directa en cuanto a las infraestructuras y redes de servicios.
Para lograr dicha recuperación, el Gobierno de Canarias adoptará las medidas económicas que sean necesarias, las cuales serán compatibles con las compensaciones por daños materiales causados a activos agrarios por el volcán.
La zona de cultivo preexistente se ha determinado a partir del mapa de cultivos de La Palma, que recoge una superficie total de 365 hectáreas desde la costa hasta la antigua carretera de Todoque a Las Manchas. Así, todas aquellas parcelas que, en función de las condiciones del terreno, sean aptas para la recuperación del uso agrario, pueden restablecerse en el mismo lugar y en las mismas condiciones preexistentes. Para ello será necesario depositar sobre la superficie de la colada un relleno (sorriba) para que actúe como capa de baja o muy baja conductividad térmica (tierra vegetal, biomasa, etc.), con el fin de asegurar la viabilidad de las plantaciones que se realicen.
El documento presentado este lunes señala que en aquellas zonas incluidas en el ámbito agrario donde se han detectado determinados elementos geomorfológicos susceptibles de sufrir colapso, su recuperación estará condicionada a la comprobación previa de la seguridad de estas zonas mediante un informe geotécnico que verifique la estabilidad del terreno.
Las personas titulares de explotaciones localizadas en esos terreno podrán reubicarse en otras parcelas distintas dentro de la colada donde las condiciones del suelo lo permitan. Ante esta situación y con el propósito de recuperar la producción agraria previa a la erupción, la Administración podrá adquirir aquellas parcelas cuyos titulares, por las razones que sean, decidan no llevar a cabo la recuperación de su capacidad productiva, con el fin de permutarlas con aquellos que quieran continuar con la actividad.
El texto recoge también que los propietarios afectados podrán proponer a la Administración competente en materia de agricultura la tramitación y aprobación de concentraciones parcelarias de carácter privado y reconoce a las cooperativas agrarias iniciativa para, en nombre de sus miembros, plantear estas actuaciones.
El decreto ley regula también la recuperación de explotaciones ganaderas, concediendo a los ayuntamientos la autorización mediante la correspondiente licencia de la implantación de dicho uso en distintas categorías de suelo rústico: de protección agraria, común ordinario, y de protección paisajística (en este caso en determinadas parcelas y previo informe del Cabildo insular).
La norma puede consultarse desde el pasado jueves a través del enlace web https://lapalma.
Narvay Quintero explicó que esta normativa da respuesta a las necesidades de la mayoría de agricultores afectados “pero también se estudiarán los casos particulares para no dejar a nadie atrás”. Para ello, como apuntó Quintero, el Gobierno canario está valorando “el establecimiento de un equipo técnico permanente en la isla para asesorar a los productores y facilitar la recuperación”.
El consejero recordó también que la semana pasada la Comisión Europa comunicó al Ejecutivo canario que acepta el mantenimiento de las ayudas POSEI a los agricultores afectados por la erupción volcánica de La Palma, propuesto por el Gobierno de Canarias en una reunión celebrada en Bruselas con el equipo responsable de la gestión de este programa, en noviembre de 2023. “La prórroga de estas compensaciones se ha confirmado hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que disponemos de dos años más de lo inicialmente previsto”, agregó.
Por su parte, la consejera Nieves Lady destacó que este documento forma parte de la hoja de ruta que el Gobierno de Canarias se ha marcado para la recuperación de La Palma y que comprende una parte normativa y otra económica. “Se suma, por tanto, al Decreto urbanístico y territorial aprobado en diciembre y se completará próximamente con el de vivienda pública y otro tipo de vivienda, el de suelos estratégicos para recuperar la actividad comercial e industrial, y el Plan de pagos, cuya primera anualidad comprende 150 millones de euros (50 aportados por Canarias y 100 que corresponden al Estado)”, indicó.
