PLANETA CANARIO
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a cuatro años de cárcel y al pago de una indemnización de 35.500 euros al acusado de la quema de una treintena de contenedores en la capital tinerfeña en 2024.
La sentencia de conformidad incluye, además, el pago de 22.000 euros reclamado por varias aseguradoras.
Los hechos se remontan a octubre del año pasado cuando se produjo la quema de 30 contenedores de basura destinados al servicio de limpieza municipal.
Estos actos vandálicos provocaron incendios que acabaron afectando a varios vehículos aparcados en las calles de la ciudad.
Especialmente graves fueron los hechos acaecidos en el entorno del Hospital Parque, dado el riesgo que corrieron tanto pacientes como personal sanitario y transeúntes.
El arresto del ahora condenado se produjo gracias al operativo de seguimiento puesto en marcha por la Policía Local chicharrera en los que se combinó patrullajes de paisano con la visualización de imágenes captadas por videocámaras, el trabajo del equipo de drones y datos ofrecidos por la ciudadanía.
También miembros de la Policía Nacional colaboraron de manera activa con los agentes locales en este operativo, según la versión municipal.
El Ayuntamiento de Santa Cruz, que informa de esta sentencia en un comunicado, expresa la satisfacción por esta sentencia y felicita a los policías y servicios jurídicos municipales. El alcalde, José Manuel Bermúdez, señala que “esto demuestra que los hechos contra los bienes públicos no quedan impunes y supone un aviso para todos aquellos que se sientan tentados de dañar lo que es de todos, con el agravante de poner en riesgo no solo los bienes públicos y privados sino también la vida de las personas”.
Desde el área de Servicios Públicos, su responsable y primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, apunta que “gracias a esta sentencia podremos recuperar parte del coste de un material esencial para el correcto mantenimiento de la ciudad”.
La concejala de Seguridad, Gladis de León, destaca que la labor de la Policía Local «permitió la detención y puesta a disposición judicial del individuo que puso en grave riesgo la seguridad de la ciudadanía».
