PLANETA CANARIO
Un grupo de afectados por la erupción volcánica de 2021 pide a las administraciones públicas, en especial al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias, que las ayudas e indemnizaciones, así como la inversión en infraestructuras para la reconstrucción, se distribuyan del modo más justo posible, de forma equilibrada entre todos los colectivos afectados, evitando agravios comparativos tanto en las cuantías económicas como en los plazos de espera para que estas compensaciones se hagan efectivas.
Estas personas muestran su preocupación sobre el reparto de las ayudas que aún quedan pendientes de abono, en algunos casos con financiación del autonómica y otra con financiación estatal.
Estos afectados aseguran a ElValledeAridane.com (la web editada por Tierra Bonita gracias al libro Las otras historias del volcán) que “lo urgente es culminar la compensación a todas las personas que perdieron sus propiedades en la catástrofe hace ya cuatro años, de modo que no existan damnificados de primera y de segunda”.
Este colectivo recuerda que todavía no se han abonado las indemnizaciones a quienes perdieron segundas residencias y otros inmuebles e incluso existen expedientes de propietarios de primeras viviendas que siguen sin resolverse.
Señala que tampoco se ha aclarado aún qué compensaciones recibirán los propietarios de terrenos que se declaren espacio natural protegido en la denominada zona roja o zona cero de la erupción. Igual incertidumbre existe sobre los plazos de la reposición de los servicios públicos urbanos que permitan a los afectados reconstruir sus viviendas.
Insiste en que los fondos públicos “se deben emplear prioritariamente en completar la compensación del valor de lo perdido a todas las personas afectadas”.
De esta forma, “todas las familias damnificadas estarían en igualdad de condiciones y podrían reconstruir sus segundas viviendas o disponer de nuevos inmuebles con actividades comerciales, lo que contribuiría a diversificar la economía del Valle de Aridane”.
En el caso de las segundas residencias, “no hay que olvidar que permitían a las familias que habían tenido que emigrar por motivos laborales, mantener su vínculo con su Valle natal, donde pasaban temporadas y contribuían a la economía comarcal en insular”.
El Gobierno de Canarias se ha comprometido en nota de prensa reciente a que , una vez abonadas en enero las indemnizaciones a los agricultores, el siguiente paso del plan de pagos será el abono de las compensaciones a quienes perdieron segundas viviendas, con 50 millones de euros consignados en los presupuestos autonómicos de este año.
Estos afectados sostienen que, de los importantes recursos económicos públicos que se han movilizado tras la catástrofe, la opinión pública “sigue sin saber cuánto y cómo se han repartido, ya que ese volumen de fondos nunca ha sido objeto de una auditoría o evaluación independiente, por lo que se trata de una gestión que adolece de falta de transparencia”.
