VICENTE PÉREZ
Casi 60.000 personas han firmado ya en Change.org peticiones para endurecer las penas por maltrato animal tras el caso ocurrido hace unos días en Lanzarote, donde un hombres de 39 años y una mujer de 40 ataron por las cuatro patas a un perro, Timple, que se había colado en su finca, y además le colocaron una cinta en el hocico hasta que murió por asfixia, un hecho que grabaron en vídeo, donde se aprecia la agonía del animal.
La petición más numerosa, que tiene más de 45.000 firmas, en realidad plantea que se reabra el juicio para imponerles una pena mayor, cuestión que, tal cual está formulada, no es posible, pero que indica la gran indignación que este causa ha causado no solo en Teguise (municipio donde ocurrieron los hechos) sino en toda España entre las organizaciones y las personas en general defensoras de los animales.
A los culpables de los hechos se les ha impuesto una pena de 4 meses de cárcel, la cual no tendrán que cumplir al no tener antecedentes penales.
Más de 80 colectivos han convocado para el próximo 17 de agosto a las 19 horas manifestaciones en tres islas para reclamar el endurecimiento del Código Penal. Los actos de protesta tendrán lugar frente al Cabildo viejo de Arrecife de Lanzarote, la plaza de Las Fería de Las Palmas de Gran canaria, y ante Peesidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife (junto al Edificio de Usos Múltiples 2).
El Partido Animalista (PACMA) presentó la semana pasada al Gobierno de España sus propuestas para la modificación del Código Penal.
Esta organización política considera urgente la tramitación de una reforma del Código Penal que lleve a la cárcel a los maltratadores de animales, para lo cual reivindican que la condena para estos delitos sera superior a dos años. En su propuesta, incluyen que el maltrato psicológico, y no solo el físico, sea castigado.
«Un caso horrible como el de Timple no se puede volver a producir sin una condena ejemplar, pues el el Código Penal debe disuadir a los maltratadores», afirma el PACMA en un comunicado.
Uno de los dos condenados, Pedro J. Borrelli ha pedido públicamente disculpas a través de un vídeo divulgado por la plataforma de difusión animal Leales.org en el que achaca la muerte del perro a un «error fatal», que su intención no fue asfixiarlo sino retenerlo hasta la llegada del personal del Ayuntamiento de Teguise, que lo amordazaron porque le había mordido y reprocha a los servicios municipales su gran tardanza en llegar, más de 3 horas motivo, por lo que le enviaron la grabación de la muerte del animal.
Los condenados fueron procesados en un juicio rápido en el que reconocieron los hechos, con sentencia de conformidad dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife.
Se le ha impuesto una inhabilitación especial durante 16 meses para ejercer profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de los mismos.
En lo referente a la pena de prisión, el Juzgado acordó suspenderla dos dos años, siempre que no cometan otro delito en ese tiempo y se sometan a un tratamiento rehabilitador.
Los hechos, según da por probado la sentencia, tuvieron lugar sobre las 11:30 horas del pasado 18 de julio en el domicilio de los acusados que, «puestos de común acuerdo», «con idéntico ánimo de atentar contra la integridad física de un perro callejero y siendo conscientes del elevado riesgo que con su conducta creaban para la vida del animal, lo amarraron de las extremidades delanteras y traseras, le pusieron una brida en el hocico y le cerraron toda la boca con cinta aislante». Como consecuencia de ello, el perro murió media hora después por asfixia
Inicialmente, la Fiscalía solicitó para los acusados seis meses de prisión y dos años de inhabilitación pero, tras reconocer ambos la autoría, la condena se vio reducida un tercio.
