PLANETA CANARIO
La Plataforma para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias ha presentado en el Parlamento autonómico 5.000 firmas para reclamar al Gobierno canario que complemente las pensiones contributivas mínimas, las no contributivas y las de viudedad.
Además, ha solicitado una reunión con el presidente del Ejecutivo regional, el socialista Angel Víctor Torres, para exponerle esta petición, de modo que está medida se contemple en los presupuestos autonómicos de de 2.020, pues «es necesario reclamar firmemente el derecho a vivir con dignidad de las y los pensionistas más desasistidos del Archipiélago».
La plataforma señala en un comunicado que «casi la mitad de los 300.000 pensionistas de Canarias (alrededor de 142.500 personas) cobran prestaciones por debajo del salario mínimo interprofesional (900 €)». Entre estas personas se encuentran quienes perciben pensiones de viudedad, así como las que reciben prestaciones de orfandad y pensiones a favor de familiares. También jubilados con ingresos mensuales de entre 599 y 835 euros. En total son alrededor de 100. 000 los canarios con pensiones contributivas mínimas, que se sufragan con cargo al Sistema Público de Seguridad Social.
«Muchas son mujeres que han sufrido la brecha de género en sus salarios cuando trabajaban y consecuentemente la sufren también en sus pensiones», subraya este movimiento social.

Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez – sufragadas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado- afectan a unas 45.500 personas en Canarias, cuyas prestaciones son las más bajas del sistema, pues su media mensual ha oscilado, a fecha de octubre del presente año, entre los 398 euros del mes de septiembre en las pensiones de jubilación y los 428 euros del mes de julio en las de invalidez.
Gran parte de estas prestaciones corresponden a trabajadoras agrícolas cuyas empresas no cotizaron por ellas durante su vida laboral.
Pone de relieve la plataforma que «nadie puede vivir dignamente con estas pensiones mínimas y no contributivas» y dibuja un preocupante panorama socieconómico del Archipiélago: «La magnitud de la pobreza en Canarias, con el 30% de la población en situación de exclusión social (13% en exclusión severa y 17% en exclusión moderada), unido al 40% en graves dificultades económicas y sociales, requiere la adopción de soluciones inmediatas, por lo que creemos que se está a tiempo de, respetando el techo de gasto del 2,7% sobre el anterior presupuesto, destinar lo necesario para atender nuestra petición». Para ello, demandan del Gobierno que utilice todas sus vías financieras posibles, como «transferir partidas, aplazar el pago de deuda que no sea obligatoria, reclamar el uso del superávit, etc.»