LUIS EDUARDO FIERRO
Las placas de homenaje al creador de la terrible Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, fueron puestas por decreto del dictador Franco en 1938, con el acuerdo previo de la iglesia cómplice. La placa continúa allí, entre la cruz y la puerta de la iglesia de Santa Catalina, pese a que acaba de ser reformada (no rehabilitada, como dicen, pues además cometieron más graves errores patrimoniales).
A su inauguración acudió el alcalde, pero ahora dice su Ayuntamiento que no puede hacer nada para retirarla (no habiéndolo hecho antes), poniendo la excusa de que la iglesia es privada y no pública. O sea, acudió a un acto publicitario de una iglesia privada cómplice del franquismo y ahora elude actuar porque dice que no es pública.
Además, el Ayuntamiento dijo no saber cómo actuar y tener dudas respecto a la Ley de Memoria Histórica, vigente desde hace 15 años. Esa fue su respuesta en el último pleno del presente febrero, tras el traslado de mi mi pregunta por parte de la concejala Cande Dorta Afonso. La Ley de Memoria Histórica, promulgada en 2007, dice en su artículo 15 sobre los símbolos y monumentos, que las administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. ¿Tiene intención este grupo de gobierno de retirar la placa y cumplir con la Ley de Memoria Histórica?.e
El Ayuntamiento de Tacoronte, además, respondió lo que no hizo antes: “Solicitaremos el informe pertinente y procederemos a actuar”. Para luego añadir que “como no es un bien de titularidad pública, no sabemos y tenemos dudas, no podemos requerir ni actuar, sino trasladar al Gobierno o a la Subdelegación del Gobierno”. O sea, deriva su responsabilidad a otras administraciones, sabiendo además que la Iglesia y el Obispado no tendrán ningún interés en responder ni retirar nada. También se contradice en su pobre respuesta, pues al principio dice que procederán a actuar pero luego añade, apenas segundos después, que no puede ni requerir ni actuar. Se demuestra así su nula intención, su derivación a otras administraciones, su desconocimiento de la ley, inacción, complicidad con el franquismo de la Iglesia-Obispado y su presunto delito de prevaricación.
La Ley de Memoria Histórica debería cumplirse sin excusas ni dilaciones y también sin la excesiva importancia (más bien ruido mediático, politizado y malintencionado) que dan las prensas y televisiones, que son las que enfrentan a la sociedad continuamente, y siempre con oscuros intereses políticos y económicos (como está ocurriendo en Santa Cruz de Tenerife, que tampoco cumple la citada ley). La gente de a pie no merece este constante mareo político del que sobra tanto bombo y platillo mediático para algo tan lógico como hacer cumplir la ley.
También hay placas franquistas en otras muchísimas iglesias, como la de San Pedro en el Sauzal o en Valle Guerra, por sólo citar dos cercanas a Tacoronte. La complicidad de la iglesia y obispado con el franquismo es indudable, además porque el dictador Franco (criminal de guerra declarado por la ONU en 1946) estaba enterrado en la Basílica del Valle de los Caídos (donde siguen los restos del también criminal José Antonio), cuyos monjes benedictinos siguen recibiendo 340.000 euros al año por decreto franquista de 1957, así como los restos del sádico franquista Queipo de Llano siguen en la Basílica de la Macarena de Sevilla, etc…
Importante es recalcar que la Ley dice “retirar”, no derribar. La Historia no desaparece, pues sigue en libros y hemerotecas. Sobran excusas y tardanzas, además de información de quién fue el terrible creador de la Falange española José Antonio, que en vez de honor inspira terror.
