PLANETA CANARIO
Un informe de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias ha denegado a los afectados del volcán la entrega de las grabaciones de las reuniones de los comités científico y director del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) en los días y horas anteriores a la erupción de 2021 en La Palma.
El dictamen, recabado por la Dirección General de Emergencias y que lleva fecha de finales de mayo de este año, ha sido comunicado a la Asociación Tierra Bonita, que lo había solicitado tras anunciar el Gobierno de Canarias hace un año que iba a encargarlo y quejarse por esta tardanza.
El nuevo informe jurídico, en línea con anteriores informes emitidos en la pasada legislatura, otorga “garantía de confidencialidad o secreto” a las deliberaciones el comité científico, al reducirlo a un órgano “auxiliar o de apoyo”, en el que se emite una opinión de consenso (expresada en los informes diarios que se publicaban en los días de la emergencia del Tajogaite) sin tener relevancia pública las opiniones o criterios individuales de sus miembros.
La existencia de este informe ha sido confirmada este jueves 19 de junio por el viceconsejero de Emergencias, el palmero Marcos Lorenzo, durante una entrevista con la SER en La Palma en la que ha confesado que le«apena no poder disipar a todo el mundo la sombra de sospecha de que había información que de alguna manera se ocultó». Y a renglón seguido admite que «se debe conseguir el marco de confianza» de la sociedad en el PEVOLCA, «si no, vamos mal».
Sorprende que, pese a ser viceconsejero del área de gobierno que custodia esas grabaciones, afirme que no las ha escuchado.
Tras comunicarle por escrito el Gobierno autonómico esta negativa y el informe, Tierra Bonita ha anunciado que llevará en las próximas semanas esta reclamación a los tribunales, mediante un recurso contencioso administrativo que ya se encuentra en preparación.
En una nota de prensa, este colectivo palmero asegura que esta decisión de la Dirección General de Emergencias supone “un desprecio” a la población damnificada, a la que pretende dejar “indefensa”, como ya hiciera el anterior Ejecutivo regional.
La asociación discrepa del informe jurídico y sostiene que el comité científico no es un órgano cualquiera, sino «determinante en una emergencia por riesgo volcánico”. Y, de hecho, el propio PEVOLCA «estipula que cuando los científicos señalan que la erupción es inminente, la dirección del plan debe situar el semáforo en naranja y evacuar a la población».
Tierra Bonita ha presentado diversos recursos y reclamaciones ante la Administración autonómica y el Comisionado de Transparencia, por lo que lamenta que la respuesta oficial sea abocar a los damnificados a acudir a la Justicia contra la “indignante falta de transparencia” sobre una documentación que sigue “secuestrada”.
Recientemente, la Dirección General de Emergencias comunicó a Tierra Bonita que daba carpetazo a la petición de divulgar las deliberaciones del PEVOLCA, acompañando esta resolución de un informe jurídico —que lleva fecha de mayo pasado— anunciado hacía un año por el Gobierno canario.
Llama poderosamente la atención que pocas semanas antes de esta notificación, este mismo departamento oficial había comunicado a la asociación que la solicitud de ese dictamen la habían rechazado en 2024 los servicios jurídicos del propio Gobierno canario, sin ninguna nueva gestión posterior.
Para Tierra Bonita, este nuevo informe en el que “se escuda” el Gobierno canario actual “reproduce los mismos argumentos con los que desde la legislatura anterior se ha construido un blindaje jurídico con la única intención de impedir que la sociedad conozca las deliberaciones que condujeron a tomar la equivocada y desastrosa decisión de no evacuar a los habitantes de la zona antes de que comenzara la erupción”.
Las suspicacias provocadas por los propios científicos
Esta “falta de transparencia deja totalmente indefensos” a los afectados del volcán, teniendo en cuenta que han sido los propios miembros del comité científico quienes, tras la catástrofe, dieron una versión diferente de la que muestran los escuetos informes oficiales de esas reuniones divulgados, ya que en declaraciones públicas expertos del IGN, INVOLCAN, IGME e IEO manifestaron que habían advertido de que la erupción era “inminente”.
Algunos de estos científicos, no todos, matizaron luego esas declaraciones públicas, “pero únicamente cuando les estalló en las manos la polémica y se enteraron de que había una querella penal presentada” por Tierra Bonita en busca de responsabilidades por la “nefasta” gestión del PEVOLCA.
De ahí que, para la asociación, “estamos ante un nuevo informe con sesgo confirmatorio, es decir, elaborado para llegar a conclusiones previamente establecidas”.
“Sin duda”, a juicio de este colectivo ciudadano, “el ocultismo oficial busca tapar la verdad de lo ocurrido, es decir, la irresponsable decisión de no evacuar a pesar de los clarísimos indicios de que la erupción era inminente, en función de parámetros como la sismicidad somera, los gases y la deformación del terreno; decisión que dejó expuesta a un grave riesgo a la población, la cual tuvo que huir, en muchos casos con lo puesto, sin poder salvar enseres, objetos ni animales”.
“Ni siquiera se avisó oficialmente a la población de que el IGN había establecido unas coordenadas donde era más probable la erupción, y que abarcaban El Paraíso, el primer núcleo urbano destruido por la lava”, lamenta la asociación. Y concluye que “fue la suerte, y no la gestión del PEVOLCA, la que evitó la muerte de personas en el momento inicial de la erupción”.
No hay actas de las reuniones
Llamativo resulta también el que los servicios jurídicos del Gobierno canario confirmen que no hay actas aprobadas, cuando el PEVOLCA obliga a levantar acta de las sesiones de sus comités, además de registrarlas en grabaciones.
A Tierra Bonita le sorprende igualmente que en este dictamen jurídico se dé a entender que tampoco los parlamentarios pueden visionar las grabaciones”, lo cual contrasta con lo que en junio de 2024 manifestó Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, quien reconoció a una parlamentaria de la oposición (Paula Jover, de Vox) ese derecho.
