VICENTE PÉREZ
El empresario Ignacio González Martín ha ingresado este jueves en la prisión Tenerife II, por lo que ya están encarcelados los seis condenados por el caso Las Teresitas, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada a finales de marzo que hace firmes sus condenas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Esta resolución judicial ratifica las penas impuestas en 2017 por la Audiencia Provincial al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, y el exedil de Urbanismo Manuel Parejo (entonces ambos en Coalición Canaria, CC), a dicho hombre de negocios y a su socio el constructor Antonio Plasencia, y los funcionarios José Tomás Martín (exgerente de Urbanismo) y Víctor Reyes (exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo capitalina).
González había alegado problemas de salud para no ingresar en prisión de forma voluntaria, pero, tras el examen de los médicos forenses, la Audiencia Provincial determinó que su estado de salud no es tal para que no pueda cumplir la pena, aún a pesar de los problemas achacables a su edad, sobre los que, en todo caso, puede recibir cuidados médicos en la propia prisión.

Todos ellos se confabularon en una trama de corrupción para que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con dinero de todos sus vecinos, comprara con un sobreprecio ilegal las parcelas del frente de playa de Las Teresitas, desembolsando más de 52 millones a este hombre de negocios y a su socio en Inversiones Las Teresitas SL, Antonio Plasencia, cuando su valor real no llegaba a 20 millones, según la tasación de la funcionaria pública competente en la materia cuya valoración fue deliberadamente obviada en el expediente administrativo.
Los empresarios deberán devolver el dinero al Ayuntamiento, con sus intereses, lo que se ventilará en una causa civil en la que el Consistorio reclama esa cantidad. Los denunciantes, del caso Las Teresitas, el político lagunero Santiago Pérez (quien redactó la denuncia de su puño y letra) y el edil del PSOE en Santa Cruz José Angel Martín -como miembros del colectivo Ínsula Viable- y la asociación de juristas Justicia y Sociedad, han criticado la pasividad del actual gobierno municipal, que encabeza el alcalde José Manuel Bermúdez (CC) para adoptar las medidas necesarias con que garantizar el reembolso de esa cantidad, que podría ascender a 100 millones de euros, aunque el consistorio en sus comunicados indica una cifra inferior. Bermúdez ha replicado que está siguiendo la estrategia judicial aprobada en el pleno municipal en 2017.

Con sus sentencia de finales de marzo, el Supremo confirma el castigo a Zerolo y Parejo: 7 años de prisión y 16 años y seis meses de inhabilitación para cargo público, por malversación, y otros 8 años y 9 meses de inhabilitación para cualquier cargo público (hasta el nivel estatal) por prevaricación.
Por lo que respecta a los funcionarios, como cooperadores necesarios del delito, a Victor Reyes se le pena con 4 años y seis meses de prisión y 12 de inhabilitación, por malversación, así como 8 años de inhabilitación para cargo o empleo público por prevaricación; y a José Tomás Martín, 4 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por malversar y 7 años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricar.
Y los empresarios Ignacio González (que fuera presidente de la Cámara de Comercio tinerfeña) y Antonio Plasencia (que durante muchos años presidio la patronal de los constructores Fepeco) deberán cumplir 5 años y tres meses por malversación, periodo en el que estarán inhabilitados para ejercer actividades empresariales relativas a promover y desarrollar actuaciones urbanísticas, y 14 años de inhabilitación absoluta, así como 7 años de inhabilitación para cargo o empleo público. Ambos, como cooperadores necesarios de los delitos sancionados.






















































