Los denunciantes y la acusación popular del caso Las Teresitas han coincidido en criticar lo que consideran falta de iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en este mandato para recuperar los 52,6 millones de euros más intereses pagados ilícitamente a Ignacio González y Antonio Plasencia en 2001, después de la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica las condenas de prisión e inhabilitación a estos empresarios, así como al exalcalde Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, ambos de CC, y a dos funcionarios, Víctor Reyes y José Tomás Martín. Temen que de esta forma los reos hayan tenido tiempo de diluir sus propiedades y la multimillonaria suma no vuelva a las arcas públicas.
El concejal lagunero Santiago Pérez, que escribió de su puño y letra la denuncia inicial del caso Las Teresitas presentada por el colectivo Ínsula Viable ante la Fiscalía Anticorrupción, opina en un comunicado que “la última aportación a este proceso ha sido la del actual alcalde, José Manuel Bermúdez, que lleva años en ese puesto y no ha tenido la menor diligencia en promover las medidas de aseguramiento que permitirían recuperar el dinero: el paso del tiempo es oro en el mundo de los paraísos fiscales y de las anotaciones electrónicas para evadir bienes y acabar zafándose de la devolución del dinero al pueblo de Santa Cruz”.
Otro de los denunciantes, miembro de Ínsula Viable, el concejal del PSOE en la capital tinerfeña José Ángel Martín, sostiene que «lo único que ha hecho Bermúdez en estos años es colaborar con el entramado de corrupción de Las Teresitas como demuestra el hecho de que no haya reclamado la sentencia o haya nombrado jefe de servicio a uno de los condenados, en contra del criterio de los técnicos».
Para el líder socialista, ha culminado «uno de los episodios más tristes de los que ha vivido el Ayuntamiento, pero Bermúdez lleva dos años absolutamente parado, cual avestruz con la cabeza metida en la tierra sin mover un solo documento para intentar garantizar de alguna manera los bienes de los condenados y recuperar esos más de 100 millones».
Desde Justicia y Sociedad, asociación de juristas que ejerció la acusación popular en el caso Las Teresitas, se observa que» la conducta del alcalde José Manuel Bermúdez ha sido de una grave irresponsabilidad, porque se ha negado a que el Ayuntamiento recupere cuanto antes una indemnización de 100 millones de euros, es más, no ha movido un dedo para recuperar el dinero negándose de forma consciente, deliberada, expresa y reiterada a que se solicite la ejecución provisional de la sentencia”.
En comunicado, el colectivo que estuvo personado en el caso -a través de los abogados José Pérez Ventura y Antonio Espinosa- interpreta que el sucesor de Zerolo «ha dado un balón de oxígeno en forma de tiempo a sus compañeros de CC condenados”.
Pero el alcalde nacionalista desmiente estas acusaciones y apunta que el Ayuntamiento «dará continuidad a las acciones encaminadas a la recuperación del dinero público malversado en la compra del frente de la playa de Las Teresitas, al objeto de restituir el daño infligido al interés general y a los derechos patrimoniales de los ciudadanos de Santa Cruz.» Así lo ha asegurado en un comunicado Bermúdez, quien ha reiterado su «condena» de los hechos delictivos que han dado lugar a la sentencia del Tribunal Supremo y lamenta «los perjuicios provocados, tanto a los vecinos de Santa Cruz como al buen nombre de la propia ciudad».
Santiago Pérez: «La operación de Las Teresitas involucra a CC en su conjunto»
El concejal lagunero, y denunciante del caso Las Teresitas, Santiago Pérez, señala que «la operación especulativa urbanística involucra a CC en su conjunto, fue promovida por el Ayuntamiento de Santa Cruz, “pero fue secundada por CC en todos los planos institucionales y prácticamente por todos sus líderes”.
Pérez quiere dejar claro que “no fue Zerolo y ya está. La intervención de la Comunidad Autónoma en este asunto fue jurídicamente decisiva, aprobando la modificación parcial del Plan General de Santa Cruz, propuesta por el Ayuntamiento para reordenar el ámbito de Las Teresitas”.
Pérez recuerda que “todas las iniciativas que tomó como responsable de los socialistas tinerfeños estaban encaminadas exclusivamente a recuperar el dinero del sobreprecio que pagó el Ayuntamiento por el frente de playa (5.500 millones de las antiguas pesetas) y la participación de Santa Cruz en las plusvalías que se originaron en los valles de Las Huertas y El Cercado (reclasificaciones de suelo que le dieron un valor astronómico)”.
Es, a su juicio, «uno de los principios esenciales de nuestro derecho urbanístico», la participación de la comunidad en las plusvalías originadas por la acción de los poderes públicos: “Fue una reclasificación tan importante que permitió a Inversiones Las Teresitas vender ese terreno por 16.000 millones de pesetas pocos años después. Y de ese dinero el pueblo de Santa Cruz se benefició con cero pesetas”, apostilla.
La denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y llevar todo el caso Las Teresitas a la vía penal “fue la última opción a nuestro alcance para impedir que el paso del tiempo acabar haciendo olvidar y absolviendo toda aquella operación”.
«Es evidente, si tomamos en cuenta que el convenio urbanístico se tramitó contraviniendo la regulación establecida por primera vez en la legislación canaria en el año 2000, el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y los Espacios Naturales, que pasó a regular jurídicamente lo que hasta entonces había sido un territorio sin ley: el de los convenios urbanísticos que se prestaban a abusos y corruptelas”, señala el edil lagunero.
El convenio de Las Teresitas, según pone de relieve el en este mandato concejal de XTF-NC «fue cumplido antes siquiera de que acabara el plazo para formular alegaciones, como las que presentó el PSOE; y la reclasificación del suelo incumbía también a las responsabilidades del Gobierno de Canarias.
“Yo planteé una iniciativa en el Parlamento de Canarias para pedir al Gobierno que a la vista de que la Fiscalía Anticorrupción había formulado la querella contra la operación, iniciara de oficio el procedimiento para revocar la modificación del Plan Parcial de Las Teresitas y la reclasificación del suelo en Las Huertas y El Cercado, en cumplimiento de un convenio urbanístico que no obligaba al Ayuntamiento. Y se negaron”, concluye su nota el también profesor jubilado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna.
José Ángel Martín: «El frente de playa es publico, es urgente exigir el dinero»
El portavoz municipal del PSOE, José Ángel Martín, uno de los denunciantes del caso a través del colectivo Ínsula Viable, exige al Ayuntamiento que ponga en marcha «urgentemente» los instrumentos jurídicos para recuperar y exigir ese dinero. «La sentencia del Supremo no tiene ningún tipo de duda sobre que el frente de playa es público», indica Martín.
Además, recalca que el consistorio santacrucero debe exigir a la Comunidad Autónoma que paralice el pago a Antonio Plasencia por los terrenos al lado del Hospital de La Candelaria, porque ese dinero «tiene que ir» a la liquidación de la sentencia de las Teresitas.
Asimismo, Martín, que será candidato número 2 al Ayuntamiento en las elecciones de mayo próximo, ha pedido al presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), que pare también «cualquier operación que tenga en este momento con Antonio Plasencia porque, tras esta sentencia, todos sus bienes pertenecen a la ciudad de Santa Cruz». Hace así alusión el edil socialista al intento de compra de un edificio de oficinas en Cabo Llanos, de 12 plantas, por parte del Cabildo para reconvertirlo en geriátrico, propiedad de una empresa de la familia de Plasencia, Carlacand, en una expediente administrativo donde también ha aparecido la sociedad tasadora Tinsa, que fue precisamente la que infló el precio de las parcelas de Las Teresitas en 2001.
Justicia y Sociedad: «No habrá Justicia hasta no recuperar el último euro saqueado»
Por su parte, para la asociación de juristas Justicia y Sociedad la sentencia del Tribunal Supremo que desestima en lo sustancial los recursos interpuestos por los condenados en el caso Las Teresitas contra la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial «pone fin a uno de los capítulos más oscuros la corrupción en Canarias y España».
Justicia y Sociedad, cuyos abogados en esta causa han sido José Pérez Ventura y Antonio Espinosa, se congratula de que el Tribunal Supremo «confirme definitivamente la existencia de una trama político-empresarial que liderada por Zerolo, Parejo y los empresarios Plasencia y González, se puso de acuerdo para saquear 8.750 millones de las antiguas pesetas de las arcas públicas».
Este colectivo jurídico enfatiza que “la sentencia corrobora lo que desde hace más de 11 años venimos sosteniendo frente a la complicidad y el silencio impuestos, sobre todo, los primeros años”, en tal sentido, nos “alegra que ahora hablen los que antes callaban, incluso, aquéllos a los que nunca se les vio enfrentando este caso y ahora se tratan de apuntar por oportunismo”.
Felicitaciones a denunciantes y policías, a Farnés y a Pía Oramas
Justicia y Sociedad quiere reconocer especialmente el papel de Ínsula Viable y sus integrantes como denunciantes del caso, el «profundo» trabajo de investigación realizado por el Grupo VII de la policía judicial, la «titánica» labor de la fiscal delegada Anticorrupción en Tenerife, y «la integridad y valentía» de funcionarios como la arquitecta Pía Oramas.
También muestras su agradecimiento a las personas y organizaciones que contribuyeron con sus recursos al pago de la fianza que «de forma injusta» les impusieron como acusación popular «con la finalidad de apartarnos del caso».
Ahora bien, para Justicia y Sociedad “no habrá justicia para Las Teresitas hasta que se recupere hasta el último euro saqueado al pueblo de Santa Cruz”. Para Justicia y Sociedad “el caso Las Teresitas no ha terminado hasta que devuelva a los ciudadanos lo que les fue robado”.
Por ello anuncian que en los próximos días solicitarán a la Fiscalía y a la Audiencia Provincial que activen la colaboración de la Oficina para la Recuperación y Gestión de Activos prevista en el Decreto 948/2015 como órgano auxiliar de la Administración de Justicia para la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y de cualesquiera otras que se le atribuyan, en los términos previstos en la legislación penal y procesal.
Justicia y Sociedad considera que en la recuperación del dinero malversado “el tiempo es oro” para evitar que los condenados (personas físicas y empresas) puedan tratar el eludir el pago de la indemnización («ya a uno de los condenados se le ha abierto a instancia de la Fiscalía y de Justicia y Sociedad, un procedimiento penal por alzamiento de bienes –frustración de la ejecución»).
De ahí que para estos juristas la conducta del alcalde Bermúdez ha sido de una “grave irresponsabilidad, se ha negado a que el Ayuntamiento recupere cuanto antes una indemnización de 100 millones de euros». «Es más, no ha movido un dedo para recuperar el dinero negándose de forma consciente, deliberada, expresa y reiterada a que el Ayuntamiento solicite la ejecución provisional de la sentencia”, sostienen estos juristas, que interpretan que el sucesor de Zerolo «ha dado un balón de oxígeno en forma de tiempo a sus compañeros de CC condenados”.
Para Justicia y Sociedad «Zerolo, Parejo, Plasencia y González, han hecho de Santa Cruz el corazón de la corrupción en Tenerife y Canarias», al tiempo que recuerda que el caso Las Teresita fue un “saqueo múltiple” a los bolsillos de los ciudadanos «a través de varias vías: 1) se pagó por parte de los terrenos que eran dominio público-marítimo terrestre; 2) se pagó por parte de los terrenos que ya eran propiedad del Ayuntamiento (pago doble); 3) Se pagó tres veces más por las 11 parcelas del frente de playa de lo que establecían las periciales (Universidad Carlos III, Pool Geast y arquitecta municipal), ocultando éstas y apoyándose en informes de complacencia encargados para vestir el santo que falseaban la realidad urbanística y los parámetros existentes; 4) se recalificó a los empresarios la zona del Valle de Las Huertas generando una plusvalía que no fue valorada para determinar/ compensar el precio final que pagó el Ayuntamiento».
Del mismo modo, Justicia y Sociedad cree que no habrá normalidad democrática hasta que se asuman las correspondientes responsabilidades políticas por parte de las personas que votaron a favor de este pelotazo, quienes defendieron políticamente a capa y espada a los condenados, así como, la responsabilidad política ineludible del alcalde saliente, José Manuel Bermúdez, que se ha negado a tomar la decisión, exclusivamente suya, de ordenar la ejecución provisional de la sentencia».
Bermúdez «condena» los hechos y «actuará» para recuperar el dinero malversado
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife «dará continuidad a las acciones encaminadas a la recuperación del dinero público malversado en la compra del frente de la playa de Las Teresitas, al objeto de restituir el daño infligido al interés general y a los derechos patrimoniales de los ciudadanos de Santa Cruz.»
Así lo ha asegurado en un comunicado el alcalde de la ciudad, quien ha reiterado su «condena» de los hechos delictivos que han dado lugar a la sentencia del Tribunal Supremo y lamentó «los perjuicios provocados, tanto a los vecinos de Santa Cruz como al buen nombre de la propia ciudad».
La actuación del Ayuntamiento, en todo caso, afirma, «responde a los términos de una moción aprobada por el Pleno en mayo de 2017, en la que todos los grupos con representación municipal convinieron en la necesidad de acordar las medidas necesarias para garantizar el cobro de las cantidades pecuniarias a que tenga derecho este Ayuntamiento, mediante el aseguramiento de bienes de las personas condenadas que considere oportunas los órganos judiciales”.
«Seguiré trabajando por la playa que merece Santa Cruz»
A este respecto, Bermúdez insiste en su “más absoluto respeto por esta y todas las decisiones judiciales”, en idénticos términos a los expresados en abril de 2017, cuando se conoció la sentencia de la Audiencia Provincial, y señaló que desde que es alcalde su gobierno «ha cooperado con la Justicia y trabajado por el interés general de los vecinos» , con «la prioridad» de recuperar el dinero público invertido en su momento en la compra de los terrenos.
«Esta resolución, como todas las anteriores, no hace otra cosa que confirmar la estrategia jurídica que ha venido desarrollando el Ayuntamiento para salvaguardar el interés general, que no es otro que la titularidad pública de todo el frente de playa de Las Teresitas y la recuperación del dinero público», subraya en un comunicado.
Y añade que » el Consistorio seguirá trabajando por el objetivo de tener una playa de Las Teresitas acorde con lo que Santa Cruz se merece: una playa de titularidad pública, de todos y para todos, con los servicios y equipamientos que corresponden para el mejor futuro de San Andrés y de toda la ciudad».
