VICENTE PÉREZ
Montaña Carbonero es un antiguo cono volcánico en el municipio tinerfeño de El Rosario que fue durante casi una década escenario de un litigio entre la familia González Gil, propietaria de una finca ecológica, y el entonces alcalde de El Rosario Macario Benitez, dueño también de parte del suelo, e interesado en recalificar los terrenos para urbanizarlos. La Justicia acabó dando la razón a los defensores del suelo agrario y del paisaje, en este caso protegido en el Plan Insular de Protección del Territorio (PIOT), pero tan importante fue la batalla que se ha plasmado en un de Manuel Dóniz García, titulado «Montaña Cabonero: Símbolo de la defensa del suelo agrícola».
El historiador califica de «heroica y alabable la postura de esta familia, que prefirió no vender la tierra al beneficio que le podía dar una unidad de actuación urbanística» y no duda que en este caso «por suerte ha prevalecido en los tribunales el interés general del suelo agrario, que no debe llenarse de cemento y piche, sino de papas y cereales».
En la publicación, editada por el Centro de la Cultura Popular Canaria, desgrana todo el proceso administrativo y judicial de este asunto, que incluyó la exclusión ilegal de esta familia del censo del municipio, alegando el entonces el anterior alcalde que no residían nunca en esa finca, lo cual se saldó también con una sentencia favorable a los González Gil, que ganaron su derecho a seguir empadronados en El Rosario y demostraron que se les habían vulnerado sus derechos fundamentales.
Déniz resume que en Carbonero se produjo «un encontronazo de voluntades entre la autoridad de un alcalde que quería urbanizar parte de esta montaña protegida y unos vecinos que piensan todo lo contrario y luchan hasta lo indecible, a muerte, por defender su tierra para dedicarla a la agricultura ecológica».
Y desea el autor que quienes lean el libro «se den cuenta de que hay que luchar cuando las causas son justas, porque aquí además se defiende un concepto fundamental y básico para la sociedad: la alimentación, la autonomía alimentaria, porque Canarias apenas produce el 20% de su consumo de productos agroganaderos, de modo que en caso de un conflicto que nos impida importar lo que comemos, no sé cuánto podríamos resistir: nos comeríamos unos a otros».
En todo este proceso, el historiador recuerda que «el entonces alcalde llegó a mentir en un pleno del Ayuntamiento al decir que en esa unidad de actuación había unos terrenos que era de su familia, cuando en realidad ya eran de él».
La «temeridad» de tres administraciones confabuladas
Desde su punto de vista, el apoyo del Cabildo y del Gobierno canario resultó «temerario, porque se subieron a un barco que se iba a hundir», por lo que las tres administraciones cometieron una «zocatería zupina». La realidad es que, como quedó demostrado, la urbanización prevista, que incluía terrenos del propio Macario Benítez, sí se comía parte de la montaña protegida (hasta 5 bancales), por lo que nunca debió ser aprobada esa unidad de actuación ni respaldada por administraciones públicas superiores. «Aquel alcalde atacó los derechos de esta familia, fue terco en ese empeño, con una actitud reiterativa en favor de urbanizar estas tierras», añade Dóniz.
En el historia de hechos jalonan este caso, los González Gil vieron, atónitos, cómo, durante la tramitación del Plan General de Ordenación de El Rosario y tras oponerse a entrar en esta operación urbanística, lograron en un primer momento frenarla, pero luego el Ayunamiento planteó un parque periurbano en la montaña protegida, y después de nuevo la urbanización residencial.
Tras el triunfo en los tribunales de lo contencioso administrativo, los González Gil denunciaron también el caso en vía penal, que se convirtió en denuncia de la Fiscalía, y que finalmente fue archivado en primera instancia, ante lo cual estos vecinos, a los que, anormalmente, no les fue comunicada la sentencia y sí al Ayuntamiento, optaron por no continuar el pleito, pues, si bien no consiguieron una reparación penal, sí una moral, y la salvación física de sus heredades agrícolas.
Cuatro hermanos y tradición agraria
La familia está compuesta por cuatro hermano: José Antonio (enfermero), Carlos Juan (perito agrícola), Esteban Manuel (funcionario) y Francisco Eliecer (comercial). La madre de todos ellos falleció en medio de esta lucha y nunca quiso vender esta explotación agraria que fue la primera en Canarias declarada libre de cultivos transgénicos.
«Ella nos inculcó los valores que tenemos, y ese sentido de defensa de nuestra tierra», destaca, emocionado, José Antonio. Y hoy esa simiente sigue produciendo: una nieta, Yballa, es ingeniera técnica agrícola y tiene una tienda de productos ecológicos cultivados por esta familia en Carbonero y otras huertas en Geneto (el vecino municipio de La Laguna)
El libro está prorrogado por el actual alcalde de El Rosario, Escolástico Gil (de IR-Verdes), que apoyó la causa de los González Gil cuando era líder de la oposición, quien ratifica el título de esta obra, al considerar este caso como «un símbolo, un emblema de la defensa de nuestra tierra» frente al «tratamiento injusto» del Ayuntamiento que presidía el anterior regidor municipal.
También lo prologa el abogado Pedro Fernández Arcila, quien llevó la representación legal de estos vecinos en los procesos judiciales, quien destaca cómo la lucha de esta familia permitió salvar un paisaje y una finca que es «ejemplo de experimentación en agricultura ecológica».
