PLANETA CANARIO
El Consejo Canario de Colegios de Administradores de Fincas, que representa a este colectivo profesional a nivel autonómico, ha hecho sus aportaciones a la consulta pública abierta por el Gobierno canario sobre el futuro proyecto de ley regulador del uso turístico de la vivienda.
Los administradores de fincas gestionan más del 70 por ciento de los edificios en las islas, y a su vez son empresarios en el ámbito inmobiliario, por lo que entienden que es «importante aportar su conocimiento y experiencia, y defender los intereses de sus clientes en ambos lados de la actividad».
Entre sus propuestas presentadas al Gobierno canario destaca la de «suprimir el criterio de exigencia de plazos mínimos de antigüedad y el criterio de zonas, ya que limitan la oferta turística sin justificación suficiente».
También plantean establecer un certificado emitido por el secretario de la comunidad de propietarios donde se realice la actividad vacacional, que garantice el buen estado de las instalaciones comunitarias y el cumplimiento de normativas.
Igualmente reiteran que el ejercicio de esta actividad «no implica un cambio del uso residencial», abogan por un alquiler vacacional «profesional y responsable» y que se «facilite el cambio de uso de oficinas y locales a vivienda».
Esta entidad colegial niega que se necesite una nueva ley, pero aboga, en su caso, por una regulación general transparente, a favor de los derechos de propiedad y en contra de regulaciones municipales dispersas.
Este Consejo aboga por «una regulación transparente para los alquileres turísticos que proteja tanto a propietarios como a consumidores, evitando regulaciones municipales dispersas».
En este sentido, este colectivo profesional «apoya» la vivienda vacacional en Canarias, ya que, según argumenta en un comunicado, «contribuye significativamente a la mejora de la economía en las islas, dinamiza el sector turístico y enriquece la oferta turística con precios eficientes, calidad y profesionalidad en los servicios».
