ARTÍCULO DE OPINIÓN
ALFONSO ESCALERO
Premio Cabildo de La Palma 2025 Otros Méritos Excepcionales por la ayuda altruista a los afectados por la erupción del Tajogaite
Hablamos demasiado de sismos y poco de lo que entiendo como la verdadera prevención del riesgo volcánico. Leemos noticias sobre enjambres, deformación del terreno, emisión de gases… En Tenerife, donde desde hace aproximadamente una década se mantiene una actividad geológica anómala, el interés informativo es lógico: la población quiere saber si habrá una erupción y cuándo ocurrirá.
Sin embargo, esas preguntas, siendo importantes, no deberían monopolizar el debate en unas islas donde sabemos que los volcanes constituyen un riesgo que tarde o temprano se manifiesta en forma de erupciones, que el ser humano no puede evitar ni frenar.
Olvidamos, por tanto, prepararnos para las consecuencias posteriores: las cenizas, el suelo, la industria, las comunicaciones y la reconstrucción tras un golpe implacable de la naturaleza. Si seguimos reduciendo el riesgo volcánico únicamente a la posibilidad de una erupción, acabaremos cayendo en el efecto del cuento del lobo: cada enjambre sísmico generará titulares, especulaciones y cansancio social, mientras la verdadera preparación seguirá pendiente.
Después de haber sido testigo de cerca tanto la erupción del Tajogaite como el postvolcán en el Valle de Aridane, observo que la experiencia de La Palma no ha cambiado en la medida necesaria nuestra manera de entender este riesgo connatural a estas islas.
Cuando hablamos de prevención volcánica solemos pensar solo en planes de evacuación, mochilas de emergencia, semáforos volcánicos o simulacros. Todo eso es imprescindible, porque salva vidas.
Pero la prevención no termina cuando la población consigue ponerse a salvo. También consiste en preguntarnos hoy cómo responderemos mañana. ¿Está Canarias preparada para reconstruir una isla tras una gran erupción? ¿Tenemos respuestas jurídicas, económicas y sociales preparadas antes de que las necesitemos? Porque la prevención de hoy no solo no debe alarmarnos sino que es la seguridad de mañana.
El volcán puede afectar a más o menos personas, pero el postvolcán, puede afectar a muchas más, cientos de miles. Y es así porque el verdadero impacto comienza cuando la lava deja de fluir. Es entonces cuando aparecen las viviendas que no pueden reconstruirse, las fincas sepultadas, los negocios que desaparecen, las familias que permanecen durante años atrapadas entre expedientes administrativos, los problemas de aseguramiento de los bienes, la pérdida del valor del suelo, la desaparición física de los terrenos anteriores a la erupción, las infraestructuras destruidas, las comunicaciones alteradas y una economía que necesita reinventarse.
Es entonces cuando muchas personas descubren que no solo se trataba de sobrevivir a la erupción, sino de poder reconstruir su vida. Ese es el verdadero postvoplcán. Y, paradójicamente, es la fase para la que menos preparados estamos.
Por eso, para abrir una reflexión en la sociedad, planteo diez preguntas que, a mi juicio, deberíamos poder responder antes de la próxima erupción a través de la legislación y los planes.
Primera: sostenibilidad financiera. ¿Podría el Gobierno de Canarias afrontar económicamente una gran erupción que afectara a zonas altamente urbanizadas, incluyendo los núcleos turísticas? ¿Existen recursos suficientes para responder con rapidez sin depender exclusivamente de decisiones posteriores del Estado?
Segunda: seguridad jurídica. ¿Conocerán los afectados desde el primer día cuáles son realmente sus derechos o volverán a pasar años entre incertidumbres administrativas?
Tercera: protección del suelo. ¿Cómo salvaguardamos un suelo que, sencillamente, no puede sustituirse? En Canarias el valor de una finca, un hotel o una explotación agrícola depende muchas veces de su ubicación. La lava puede destruir precisamente aquello que hace único ese lugar.
Cuarta: planeamiento urbanístico. ¿Podrá reconstruirse todo lo que hoy existe? ¿Qué ocurrirá si un edificio desaparece y la normativa vigente ya no permite levantarlo en las mismas condiciones?
Quinta: seguros y prevención. ¿Incentiva realmente nuestro sistema la prevención? ¿Debe recibir exactamente el mismo tratamiento quien adoptó medidas preventivas que quien no lo hizo?
Sexta: igualdad entre afectados. ¿Dos familias con viviendas similares recibirán soluciones diferentes por cuestiones puramente administrativas? La igualdad ante una catástrofe también debe construirse antes de que ocurra.
Séptima: empresas y empleo. ¿Cómo recuperará su actividad una empresa que ha perdido simultáneamente sus instalaciones, su suelo y su mercado? Reconstruir empleo exige mucho más que reconstruir edificios.
Octava: conectividad. ¿Qué ocurrirá si la ceniza obliga a cerrar durante semanas o meses los aeropuertos? ¿Cómo garantizaremos el transporte de pacientes, mercancías esenciales, turistas y trabajadores entre las islas?
Novena: inversión. ¿Qué empresa asumirá inversiones de cientos de millones de euros si no existe un marco suficientemente sólido que ofrezca seguridad sobre la protección del suelo frente a futuras erupciones, es decir, que garantice su disponibilidad tras un fenómeno geológico de este tipo?
Décima: vivienda. Si hoy Canarias ya atraviesa una grave crisis habitacional, ¿cómo responderíamos si una gran erupción hiciera desaparecer miles de viviendas de un día para otro, si además, la especulación con la vivienda se dispararía aún más?
Responder estas preguntas no es un ejercicio teórico ni un planteamiento alarmista. Es hacer verdadera prevención.
Uno de los grandes aprendizajes sobre lo ocurrido en La Palma es que el suelo en estas islas volcánicamente activas no puede seguir tratándose jurídicamente igual que en el resto de España. Porque en la mayoría de las catástrofes naturales el suelo permanece donde estaba. Puede dañarse una vivienda, pero la parcela sigue existiendo.
En cambio, en una erupción volcánica ocurre algo completamente distinto: una capa de lava de decenas de metros de espesor puede sepultar el terreno original, modificar completamente la topografía y convertirlo en un espacio inutilizable durante generaciones.
No desaparece solo una propiedad: desaparece su ubicación. Y en muchas actividades económicas —desde una explotación agrícola hasta un hotel, un parque temático o una gran infraestructura turística— el lugar lo es absolutamente todo. Sustituir una finca por otra situada a varios kilómetros no siempre equivale a reparar el daño sufrido.
Por eso Canarias necesita abrir un debate, no ya en el Archipiélago sino sobre todo a nivel nacional (a que son necesarias modificaciones jurídicas de ámbito estatal), sobre cómo proteger esa propiedad del suelo frente al riesgo volcánico. No se trata únicamente de indemnizar construcciones, sino de comprender que, en un territorio volcánico, el suelo también constituye un bien estratégico cuya pérdida puede resultar irreversible.
Por ello, insisto en esa idea muy extendida pero profundamente equivocada: pensar que la reconstrucción comienza cuando termina la erupción. No. Empieza mucho antes: revisando los planes urbanísticos, regularizando viviendas, actualizando la planificación territorial, garantizando seguridad jurídica, definiendo protocolos claros y preparando la normativa que habrá que aplicar cuando llegue una emergencia.
Porque cuando el volcán entra en erupción ya es demasiado tarde para improvisar leyes, planes y protocolos.
Muchas de las dificultades que aparecieron en La Palma no nacieron durante la erupción. Ya existían antes, de modo que el volcán simplemente las hizo visibles.
También hay que proteger la economía. La conversación pública suele centrarse en las viviendas, y es lógico. Pero Canarias depende también de un tejido económico que necesita estabilidad. Hoteles, infraestructuras turísticas, explotaciones agrícolas, industrias, centros logísticos, parques temáticos, puertos, aeropuertos… requieren enormes inversiones sobre un territorio limitado.
Si un inversor percibe que ese suelo donde quiere desarrollar una actividad económica puede perderse sin mecanismos claros de protección o compensación, el problema trasciende al propietario individual, porque afecta al empleo, a la inversión y, en definitiva, al futuro económico del Archipiélago. Hablar del riesgo volcánico, por tanto, también es hablar del modelo económico de Canarias.
La erupción de 2021 dejó igualmente otra enseñanza evidente: la ceniza puede aislar las islas. Canarias necesita desarrollar una estrategia permanente que combine investigación, tecnología, financiación y coordinación institucional para minimizar el impacto de futuras crisis volcánicas sobre el transporte aéreo.
Necesitamos invertir en sensores, nuevos sistemas de monitorización, investigación propia, protocolos específicos, rutas alternativas, aeronaves mejor preparadas y cooperación entre administraciones públicas. No podemos depender únicamente de soluciones improvisadas cuando el problema vuelva a aparecer.
Para todo esto que planteo es fundamental aprender de La Palma mientras aún estamos a tiempo en Tenerife. La isla del Teide experimenta desde hace una década una reactivación de procesos geológicos propios de un sistema volcánico activo y que, nos dicen los científicos, no supone por ahora un aumento de las probabilidades de erupción a corto o medio plazo. Es decir, en días, semanas o unos cuantos meses.
Precisamente por eso, porque aún estamos a tiempo de planificar si no demoramos las respuestas a las preguntas anteriores, este es el mejor momento para actuar. Esperar a que se activen niveles de alerta, a que la naturaleza se adelante, sería repetir el error de preparar, ya a la desesperada, el futuro bajo la presión de la emergencia.
Necesitamos, por supuesto, seguir divulgando cultura volcánica: comprender qué significan los terremotos, las deformaciones del terreno o las emisiones de gases. Pero necesitamos, sobre todo, ampliar el debate y el conocimiento a todas las cuestiones que he enumerado.
Es decir: menos especular sobre cuándo llegará el próximo volcán y más prepararnos para todo lo que vendrá después.
Canarias tiene una oportunidad extraordinaria para convertirse en un referente internacional en gestión integral del riesgo volcánico. Para lograrlo hace falta un gran pacto entre Administraciones públicas, comunidad científica, universidades, colegios profesionales, empresas, medios de comunicación y sociedad civil.
La erupción de La Palma nos dejó cicatrices que todavía, casi cinco años después de apagado el Tajogaite, siguen abiertas. La mejor manera aprovechar esa lección no es mirar constantemente hacia atrás, sino utilizar esa experiencia para proteger el futuro de las islas.
No basta con aprender a convivir con los volcanes. Hay que aprender a convivir con el postvolcán. Porque la mejor gestión de una erupción no será la que únicamente consiga que no haya víctimas durante la emergencia, sino que también logre que, cuando el volcán se extinga, las personas puedan volver a construir su proyecto de vida con dignidad.
