PLANETA CANARIO
La investigación abierta por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mediante un expediente de información reservada, para esclarecer lo sucedido con la contratación de Juan Luis Guerra y Orishas en el Carnaval 2019, cuando gobernaban CC-PNC y PP, ha concluido que existen irregularidades en su tramitación administrativa que podrían ser causa de nulidad de pleno derecho del gasto de más de medio millón de euros que costó ese espectáculo, de acuerdo con el informe elaborado por el oficial mayor del Consistorio, Francisco Clavijo.
Asi lo ha confirmado en una nota de prensa Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos, la alianza formada por Izquierda Unida, Podemos y Equo, y que en noviembre pasado denunció este asunto en la Fiscalía Anticorrupción, por lo que el edil considera que la resolución de esta investigación municipal ha venido a confirmar que fue «acertada» la decisión de su grupo de llevar este expediente ante la Justicia por apreciar indicios delictivos.
El informe elaborado en esta investigación interna no ve justificado el trámite de urgencia del expediente de contratación de los citados artistas, ni la exclusividad de la representación de los artistas, ni la justificación para aplicar un procedimiento de adjudicación negociado sin publicidad, ni la satisfacción del requisito de solvencia económica del adjudicatario, que era ocho veces inferior al mínimo exigido legalmente. Asimismo, el informe detecta otras irregularidades desprovistas de consecuencias legales.
Sin embargo, según subraya Trujijllo, «también acredita una irregularidad que no evalúa legalmente» : que se abonaran 250. 597 euros al productor Alfredo Moré -a quien avaló Radio Club Tenerife- sin antes haber presentado las facturas de ese gasto. Esta omisión, según el edil de Unidas Podemos, «hace particularmente pertinente la denuncia en Fiscalía porque parece ser la única manera de averiguar cómo se gastó ese primer pago de dinero público; y el destino de tales pagos podría ser determinante para establecer responsabilidades por lo sucedido».
Para el instructor de la investigación, la carta con la que Moré intentó acreditar que tenía la exclusividad de los grupos es «a todas luces insuficiente para demostrarla», pues tenía que haber venido firmada también por los propios artistas, un «vicio en la contratación» que pudiera determinar la nulidad de pleno derecho del expediente al haberse prescindido «total y absolutamente» del procedimiento legal.
También es causa de nulidad el que el expediente de contratación se hiciera por vía urgente, sin esta esta estuviera justificada, un mes antes del concierto. Todos los técnicos que declararon ante el oficial mayor admitieron que conocían la fecha con seis meses de antelación, por lo que «se hace muy difícil entender la urgencia de la contratación», según ha publicado Canarias Ahora. El propio productor llegó a afirmar que los trabajos para llevar al conocido cantante dominicano a la capital tinerfeña se habían iniciado un año antes.
La tercera irregularidad detectada por el funcionario es que no se negoció el precio del concierto. En el caso de Orishas, cobró 73.000 euros, el doble que en el sur de Tenerife meses después y 26.234 euros más que en Santa Cruz de La Palma una semana antes. En el caso de Juan Luis Guerra, el Ayuntamiento pagó 427.837 euros; cuatro años antes había cobrado 125.000 euros en La Palma por un concierto en la Bajada de la Virgen de Las Nieves.
A Francisco Clavijo la resultan «llamativo», pero sin relevancia penal, el que existan dos pliegos de condiciones de la contratación de Juan Luis Guerra, uno por 339.021 euros, que es el que figura en el expediente, y otro en el que esta cifra se eleva a 427.837, aportado posteriormente por el exgerente del Organismo Autónomo de Fiestas (quien achacó esta discrepancia a un error) cuando Mírame TV y Diario de Avisos desvelaron las irregularidades.
A la vista del informe de la investigación interna, el portavoz de Unidas Podemos no entiende que desde Coalición Canaria se le critique por haber denunciado este asunto ante la Fiscalía «porque no haberlo hecho supondría aceptar que no hay que justificar debidamente la recepción de dinero público, o aceptar declaraciones de exclusividad insuficientemente acreditadas y que, por lo tanto, pudieran servir para incrementar costes; y tampoco se entiende que no se exija con rigor la acreditación de solvencia económica, pese a saber que ello podría conllevar pérdidas para el Ayuntamiento u ocultar tratos de favor a determinadas empresas».
En noviembre pasado, cuando este caso salió a la luz pública, la ex concejala de Fiestas en el momento de estos hechos, Galdys de León (CC-PNC), ahora en la oposición; salió al paso afirmando que la participación del cantante dominicano el pasado Carnaval «no supuso sobrecoste alguno en el presupuesto del área».
«En ningún momento se inflaron las cuantías, siendo siempre el importe barajado de 501.000 euros», se defiendió entonces la edil de CC, quien en cambio quitaba hierro al hecho de que hubiera dos pliegos para esta contratación, que trata de explicar de la siguiente manera: «Lo que sí existió fue un error humano, por el que se envió a través del portafirmas un archivo erróneo a la Gerencia, por parte de asesores jurídicos del Organismo de Fiestas. En concreto, se trató de un pliego de cláusulas técnicas que se pasa a la firma sin concluir las negociaciones, obrando las cantidades auténticas en el pliego de cláusulas administrativas debidamente fiscalizado». Argumentaba la concejala de CC-PNC que la contratación «se ajustó a la legalidad » y «contó con el visto bueno de la Intervención municipal».
