PLANETA CANARIO
La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha llevado a cabo una actuación en el municipio de Telde que ha culminado con el desmantelamiento de una urbanización ilegal y la paralización de nueve construcciones levantadas sin autorización en suelo protegido.
La intervención se desarrolló el pasado 16 de abril en el paraje conocido como Lomo Catela, donde los agentes, en compañía de personal del Juzgado de Instrucción de Telde procedieron al precinto de las obras y al corte del suministro de agua que abastecía a las edificaciones.
Según detalla la Guardia Civil, esta actuación se enmarca en el dispositivo que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) mantiene activo frente a la proliferación de construcciones ilegales en suelos protegidos en Gran Canaria.
Durante las investigaciones, los agentes han constatado la expansión de asentamientos irregulares sobre terrenos donde el uso residencial y recreativo está expresamente prohibido, lo que implica una ocupación ilícita del territorio y un impacto significativo sobre el entorno natural.
En el avance de las pesquisas, la Guardia Civil ha identificado un patrón delictivo consolidado. Este consiste en la adquisición de fincas rústicas con especial protección medioambiental que posteriormente son fragmentadas y comercializadas de forma irregular mediante contratos privados.
De acuerdo con la nota oficial, los implicados asignan subparcelas perfectamente delimitadas a distintos compradores, obteniendo con ello un importante beneficio económico a partir de la venta ilegal de estos terrenos.
La actuación no se limita a la comercialización de suelo, sino que incluye la transformación activa del terreno. Los promotores impulsan la urbanización ilegal mediante la instalación de servicios básicos, la delimitación de parcelas con cerramientos y la gestión de suministros esenciales como el agua.
Estas prácticas derivan finalmente en la construcción de edificaciones destinadas a uso residencial sin ningún tipo de licencia, al tratarse de intervenciones que no son autorizables conforme a la normativa vigente en materia urbanística.
Como consecuencia de estos hechos, la Guardia Civil advierte de la posible comisión de delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, además de un deterioro significativo del medio natural, con daños que en muchos casos pueden ser irreversibles.
El impacto afecta directamente a espacios protegidos, suelo agrícola y a la biodiversidad.
Ante esta situación, el instituto armado ha intensificado la vigilancia, el control y la investigación, lo que ha permitido ejecutar las medidas cautelares acordadas judicialmente.
La actuación culminó con el precinto y paralización efectiva de las obras, así como con el corte del suministro de agua, en cumplimiento de la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción de Telde.
