PLANETA CANARIO
La Acampada Reivindicativa por el Derecho a una Vivienda Digna -en la que personas afectadas por desahucios y sintecho acampan en espacios públicos de Santa Cruz de Tenerife desde el verano del pasado año- continúa de manera indefinida, casi 300 días después de su inicio (concretamente 285), y sus portavoces han anunciado para el 30 de abril una nueva manifestación a las 11:30 horas con salida desde la plaza de Weyler en defensa del derecho constitucional a la vivienda
Lo han informado este jueves 21 de abril tras reunirse con los dos subdelegados del Gobierno en Canarias, ante quienes denunciaron el aumento de actos violentos contra personas pobres como manifestación de la aporofobia, y que «sufren especialmente quienes tienen problemas de vivienda y viven en la calle u ocupan viviendas».
Estos activistas denunciaron que la propia Acampada, que está promovida por la Plataforma 29E, sufre «ataques aporofóbicos» , el más reciente «un apedreamiento e intento de homicidio cuando cinco hombres estuvieron a punto de prender fuego a las tiendas», unos hechos que ocurrieron el pasado domingo 17 de abril, «con la extraña ausencia de actuaciones o detenciones de la policía hasta el momento».
También explican que se quejaron ante los representantes provinciales del Gobierno estatal de la actividad, en algunos casos presuntamente fuera de la legalidad, de algunas empresas que se dedican a desocupar viviendas, «basando basando su éxito mayoritariamente en la coacción y la intimidación física». Al respecto, plantearon el caso concreto «muy sangrante» de una residente en Arona y que aportó su testimonio pues se encontraba en la reunión.
En este punto, los activistas pidieron un plan de todas las administraciones públicas coordinado por la Delegación del Gobierno para fiscalizar de manera pormenorizada la actividad de estas empresas.
Los representantes de la Acampada también propusieron acciones de formación y sensibilización a los agentes «para que entiendan que todo el mundo es inocente hasta que un juez diga lo contrario, y no se actúe con prejuicios adquiridos mediatizados por esta corriente aporofóbica de criminalización generalizada de la gente pobre y los que tienen problemas de vivienda».
«El único compromiso que conseguimos de los subdelegados», apuntan estos activistas, «es que van a estudiar los casos que les llevamos si ampliamos información y denuncias».
La acampada continuará hasta que sus organizadores consideren que las Administraciones públicas adopten medidas urgentes en materia de vivienda social, ya que ven insuficientes las que se están tomando, incluyendo el nuevo Plan canario de Vivienda.
PLANETA CANARIO
La Acampada Reivindicativa por el Derecho a una Vivienda Digna -en la que personas afectadas por desahucios y sintecho acampan en espacios públicos de Santa Cruz de Tenerife desde el verano del pasado año- continúa de manera indefinida, casi 300 días después de su inicio (concretamente 285), y sus portavoces han anunciado para el 30 de abril una nueva manifestación a las 11:30 horas con salida desde la plaza de Weyler en defensa del derecho constitucional a la vivienda
Lo han informado este jueves 21 de abril tras reunirse con los dos subdelegados del Gobierno en Canarias, ante quienes denunciaron el aumento de actos violentos contra personas pobres como manifestación de la aporofobia, y que «sufren especialmente quienes tienen problemas de vivienda y viven en la calle u ocupan viviendas».
Estos activistas denunciaron que la propia Acampada, que está promovida por la Plataforma 29E, sufre «ataques aporofóbicos» , el más reciente «un apedreamiento e intento de homicidio cuando cinco hombres estuvieron a punto de prender fuego a las tiendas», unos hechos que ocurrieron el pasado domingo 17 de abril, «con la extraña ausencia de actuaciones o detenciones de la policía hasta el momento».
También explican que se quejaron ante los representantes provinciales del Gobierno estatal de la actividad, en algunos casos presuntamente fuera de la legalidad, de algunas empresas que se dedican a desocupar viviendas, «basando basando su éxito mayoritariamente en la coacción y la intimidación física». Al respecto, plantearon el caso concreto «muy sangrante» de una residente en Arona y que aportó su testimonio pues se encontraba en la reunión.
En este punto, los activistas pidieron un plan de todas las administraciones públicas coordinado por la Delegación del Gobierno para fiscalizar de manera pormenorizada la actividad de estas empresas.
Los representantes de la Acampada también propusieron acciones de formación y sensibilización a los agentes «para que entiendan que todo el mundo es inocente hasta que un juez diga lo contrario, y no se actúe con prejuicios adquiridos mediatizados por esta corriente aporofóbica de criminalización generalizada de la gente pobre y los que tienen problemas de vivienda».
«El único compromiso que conseguimos de los subdelegados», apuntan estos activistas, «es que van a estudiar los casos que les llevamos si ampliamos información y denuncias».
La acampada continuará hasta que sus organizadores consideren que las Administraciones públicas adopten medidas urgentes en materia de vivienda social, ya que ven insuficientes las que se están tomando, incluyendo el nuevo Plan canario de Vivienda.
PLANETA CANARIO
La Acampada Reivindicativa por el Derecho a una Vivienda Digna -en la que personas afectadas por desahucios y sintecho acampan en espacios públicos de Santa Cruz de Tenerife desde el verano del pasado año- continúa de manera indefinida, casi 300 días después de su inicio (concretamente 285), y sus portavoces han anunciado para el 30 de abril una nueva manifestación a las 11:30 horas con salida desde la plaza de Weyler en defensa del derecho constitucional a la vivienda
Lo han informado este jueves 21 de abril tras reunirse con los dos subdelegados del Gobierno en Canarias, ante quienes denunciaron el aumento de actos violentos contra personas pobres como manifestación de la aporofobia, y que «sufren especialmente quienes tienen problemas de vivienda y viven en la calle u ocupan viviendas».
Estos activistas denunciaron que la propia Acampada, que está promovida por la Plataforma 29E, sufre «ataques aporofóbicos» , el más reciente «un apedreamiento e intento de homicidio cuando cinco hombres estuvieron a punto de prender fuego a las tiendas», unos hechos que ocurrieron el pasado domingo 17 de abril, «con la extraña ausencia de actuaciones o detenciones de la policía hasta el momento».
También explican que se quejaron ante los representantes provinciales del Gobierno estatal de la actividad, en algunos casos presuntamente fuera de la legalidad, de algunas empresas que se dedican a desocupar viviendas, «basando basando su éxito mayoritariamente en la coacción y la intimidación física». Al respecto, plantearon el caso concreto «muy sangrante» de una residente en Arona y que aportó su testimonio pues se encontraba en la reunión.
En este punto, los activistas pidieron un plan de todas las administraciones públicas coordinado por la Delegación del Gobierno para fiscalizar de manera pormenorizada la actividad de estas empresas.
Los representantes de la Acampada también propusieron acciones de formación y sensibilización a los agentes «para que entiendan que todo el mundo es inocente hasta que un juez diga lo contrario, y no se actúe con prejuicios adquiridos mediatizados por esta corriente aporofóbica de criminalización generalizada de la gente pobre y los que tienen problemas de vivienda».
«El único compromiso que conseguimos de los subdelegados», apuntan estos activistas, «es que van a estudiar los casos que les llevamos si ampliamos información y denuncias».
La acampada continuará hasta que sus organizadores consideren que las Administraciones públicas adopten medidas urgentes en materia de vivienda social, ya que ven insuficientes las que se están tomando, incluyendo el nuevo Plan canario de Vivienda.
PLANETA CANARIO
La Acampada Reivindicativa por el Derecho a una Vivienda Digna -en la que personas afectadas por desahucios y sintecho acampan en espacios públicos de Santa Cruz de Tenerife desde el verano del pasado año- continúa de manera indefinida, casi 300 días después de su inicio (concretamente 285), y sus portavoces han anunciado para el 30 de abril una nueva manifestación a las 11:30 horas con salida desde la plaza de Weyler en defensa del derecho constitucional a la vivienda
Lo han informado este jueves 21 de abril tras reunirse con los dos subdelegados del Gobierno en Canarias, ante quienes denunciaron el aumento de actos violentos contra personas pobres como manifestación de la aporofobia, y que «sufren especialmente quienes tienen problemas de vivienda y viven en la calle u ocupan viviendas».
Estos activistas denunciaron que la propia Acampada, que está promovida por la Plataforma 29E, sufre «ataques aporofóbicos» , el más reciente «un apedreamiento e intento de homicidio cuando cinco hombres estuvieron a punto de prender fuego a las tiendas», unos hechos que ocurrieron el pasado domingo 17 de abril, «con la extraña ausencia de actuaciones o detenciones de la policía hasta el momento».
También explican que se quejaron ante los representantes provinciales del Gobierno estatal de la actividad, en algunos casos presuntamente fuera de la legalidad, de algunas empresas que se dedican a desocupar viviendas, «basando basando su éxito mayoritariamente en la coacción y la intimidación física». Al respecto, plantearon el caso concreto «muy sangrante» de una residente en Arona y que aportó su testimonio pues se encontraba en la reunión.
En este punto, los activistas pidieron un plan de todas las administraciones públicas coordinado por la Delegación del Gobierno para fiscalizar de manera pormenorizada la actividad de estas empresas.
Los representantes de la Acampada también propusieron acciones de formación y sensibilización a los agentes «para que entiendan que todo el mundo es inocente hasta que un juez diga lo contrario, y no se actúe con prejuicios adquiridos mediatizados por esta corriente aporofóbica de criminalización generalizada de la gente pobre y los que tienen problemas de vivienda».
«El único compromiso que conseguimos de los subdelegados», apuntan estos activistas, «es que van a estudiar los casos que les llevamos si ampliamos información y denuncias».
La acampada continuará hasta que sus organizadores consideren que las Administraciones públicas adopten medidas urgentes en materia de vivienda social, ya que ven insuficientes las que se están tomando, incluyendo el nuevo Plan canario de Vivienda.
