PLANETA CANARIO
El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado en su reunión de esta semana el pago de 102.699.018 euros para atender la estimación de los recursos interpuestos por empresas y autónomos de Canarias contra las resoluciones de concesión o desestimación de la Línea COVID que no fueron subsanados por el anterior Ejecutivo y que han generado a las arcas autonómicas 8.000 euros diarios de intereses.
De este modo, el Gobierno atiende, a través de una modificación presupuestaria, el abono de estas ayudas, unos 48 expedientes en total, pendientes de pago desde el año 2021.
Mediante Decreto-ley 6/2021 se aprueba la concesión de la Línea COVID de ayudas directas a personas autónomas y empresas de Canarias para afrontar la difícil situación económica derivada de la pandemia. Al amparo de este decreto se dictaron por parte de la anterior Dirección General de Promoción Económica las correspondientes resoluciones de concesión, anulación y desestimación de los expedientes, frente a los cuales se interpusieron, por vía administrativa, hasta un total de 437 recursos.
Muchos de esto recursos fueron estimados por la anterior Viceconsejería de Economía e Internacionalización con el consiguiente derecho de la empresa recurrente a recibir dicha ayuda. Sin embargo, el Gobierno del Pacto de las Flores no pudo atender dicho pago al no reservar presupuesto de esta Línea de Ayudas para los recursos pendientes, según informa el actual Ejecutivo regional en un comunicado.
«El Gobierno anterior no previó ni en las cuentas de 2022 ni en las de 2023 presupuesto alguno para el abono de dichas ayudas poniendo en peligro la supervivencia de muchas empresas y autónomos que, casi dos años y medio después, siguen esperando las ayudas», explica el Ejecutivo regional actual.
8.000 euros diarios en intereses
El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, asegura en un comunicado que “la mala gestión del Gobierno anterior no sólo ha provocado que muchas empresas estén al borde de la quiebra si no que las arcas autonómicas estén abonando 8.000 euros diarios de intereses”.
Domínguez señala que cuando llegó al Gobierno y comprobó que muchas de las empresas y autónomos aún no habían cobrado estas ayudas buscó una solución con los técnicos de la Administración para, a través de una modificación presupuestaria, proceder al abono de las mismas. “En cuatro meses hemos solucionado un problema que llevaba parado más de dos años por el anterior Gobierno, y en esta semana, podemos decir que, por fin, las empresas podrán cobrar las ayudas COVID”.
