VICENTE PÉREZ
La historia del patrimonio arquitectónico está llena de ejemplos de construcciones que estuvieron, por así decir, entre la vida y la muerte, entre su demolición y su salvación. Muchas que hoy podrían ser admiradas fueron demolidas en el pasado y otras ya estaban en el patíbulo cuando decisiones de última hora les conceden el privilegio de sobrevivir a las palas y los explosivos.
Es lo que le está pasando con con el Silo del puerto de Santa Cruz de Tenerife, un impresionante edificio de arquitectura industrial que en pocos días ha pasado de estar en un expediente de demolición a estar en uno para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). Es decir, de ser tratado como un estorbo inservible a ser elevado a los altares del patrimonio arquitectónico.
Pues bien, la Autoridad Portuaria pretendía echarlo abajo hasta que la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias alzó la voz el pasado 13 de abril y pidió la suspensión del derribo y al Ministerio de Cultura que lo proteja. A continuación el Cabildo tinerfeño se sumó a esta petición. Antes ya habían reivindicado su preservación el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro.
Pues bien, no ha tenido que pasar mucho tiempo para que el curso de los acontecimientos cambie. Este jueves 23 de abril, el Ministerio de Cultura ha iniciado los trámites para declarar el silo BIC como patrimonio industrial, máxima categoría de protección del patrimonio histórico español de acuerdo con la Ley 16/85 de 25 de junio.
Ubicado en la autovía de San Andrés, junto a la glorieta de acceso al dique este del Puerto chicharrero, pertenece a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y es el único ejemplo de silo de tipo portuario que se conserva actualmente en España. La incoación del expediente supondrá la protección del silo y, por lo tanto, no será posible su demolición.
El edificio tiene más de 30 metros de altura «con una presencia extraordinaria en el entorno de la ciudad por su estructura volumétrica, altura y ubicación», destaca el Ministerio. Se construyó en los años 60 del siglo pasado siguiendo el proyecto de Joaquín Soriano y Benítez de Lugo.
Su estilo racionalista, destaca este organismo estatal, es «único en la Red Nacional de Silos y Graneros, un sistema de almacenamiento de trigo basado en los grain elevators norteamericanos, en el que prima su función, la seriación modular, la nitidez geométrica de los volúmenes y la ausencia de ornamentos»
Además, todavía conserva parte esencial de su maquinaria y supone «un testimonio de uno de los planes destacados dentro de la política de autarquía y autoabastecimiento de los años de la posguerra, por lo quees un ejemplo de gran interés para comprender una época de la historia socioeconómica y de la técnica de la España contemporánea», subraya el Ministerio.
Un vez publicado el expediente de declaración como BIC en el Boletín Oficial del Estado, se aplica de forma provisional la máxima protección prevista en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Tras este paso comienza el periodo de información pública, en el que se valorarán los informes técnicos, las posibles alegaciones y se dará trámite de audiencia a los interesados. La última fase del proceso será la elevación de la propuesta al Consejo de Ministros.
La víspera de este anuncio se reunió con carácter extraordinario el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria bajo la presidencia de su titular Pedro Suárez, y acordó suspender el expediente de derribo del silo tras conocer que el Ministerio de Cultura iniciaba el referido expediente.
En un comunicado Suárez se refiere a una suspensión temporal, «ante la eventual protección patrimonial del inmueble», pero la realidad es un día después el Ministerio de Cultural ha dejado claro que en realidad la demolición ya no es posible.
El presidente portuario recordó que fue en la sesión del Consejo de Administración de septiembre de 2025 cuando por unanimidad de sus miembros, entre los que se encuentran el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y la corporación capitalina, «las mismas entidades que ahora reclaman su protección, se acordó iniciar el procedimiento para el derribo del silo de grano con el objetivo de liberar espacio industrial en el puerto de Tenerife, concretamente en la Dársena del Este».
Argumenta Suárez que la parcela donde se alza esta estructura, «sin actividad desde más de treinta años y actualmente sin cualquier tipo de catalogación o protección patrimonial, tiene únicamente uso industrial de acuerdo con el Plan Especial del puerto, y acoge tráficos portuarios como los contenedores, la reparación naval, depósitos de combustible, áridos e industria química entre otros».
Sin embargo, que un edificio con valores de patrimonio cultural no esté protegido legalmente no es nada raro. De hecho, solo en Tenerife había hace unos años 10.000 inmuebles que los técnicos de Cabildo consideran que deben ser catalogados y no lo están, básicamente por discrepancias con los ayuntamientos, que, por lo general, prefieren proteger menos. Es lo que ha venido ocurriendo desde hace décadas en la propia capital tinerfeña, a falta de un nuevo catálogo que previsiblemente corregirá esta desprotección del patrimonio, y que aún no está aprobado de forma definitiva.
Para la decana del Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA), María Nieves Febles, la suspensión del derribo es un “hito histórico” en la defensa del patrimonio de la Isla. “Estamos ante una decisión de enorme trascendencia, no solo por lo que significa el Silo, sino porque se abre una puerta a la defensa del patrimonio cultural edificado. Hemos actuado con rigurosidad y con criterio profesional demostrando que es posible otro uso, e incluso poniendo sobre la mesa un posible concesionario”.
Con esta suspensión, se sienta un precedente histórico en la gestión y defensa del patrimonio edificado de la Isla. Como parte de las acciones realizadas por el COA, los arquitectos Fernando Arocha y Raquel Guanche, expertos en conservación de patrimonio cultural edificado, demostraron en un informe técnico preliminar que el silo reúne las características y condiciones, al menos, para una evaluación técnica del inmueble.
El estudio no solo aportaba una argumentación técnica patrimonial, sino que añadía una valoración realizada a partir de un análisis planimétrico de la documentación existentes, así como material fotográfico que confirmaba que la instalación no se encuentra en estado ruinoso, tal y como ha venido afirmando la Autoridad Portuaria. Informe que fue remitido al Ministerio de Cultura el 8 de enero del presente año, tras enviarlo previamente a las diferentes administraciones canarias con posible capacidad de acción.
Desde el COA se reitera su compromiso para seguir trabajando y colaborando con las diferentes administraciones públicas implicadas con el objetivo de propiciar una salida que permita darle un nuevo uso al silo.
El Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, que preside Miguel Ángel Clavijo, ha dejado patente que el silo «constituye una pieza excepcional dentro del patrimonio industrial español, al formar parte de la Red Nacional de Silos y Graneros desarrollada en la posguerra». «A ello se suman sus valores arquitectónicos y tecnológicos, así como su relevancia como hito paisajístico en el frente marítimo de Santa Cruz de Tenerife», subraya el Ejecutivo regional.
El Cabildo, el pasado 16 de abril, advirtió a la Autoridad Portuaria de posibles responsabilidades si seguía adelante con la demolición y reclamó la necesidad de que se lleve a cabo el citado estudio de valores patrimoniales.
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