VICENTE PÉREZ
El caso Áridos de Güímar, después de 18 años de recorrido judicial, ha llegado a su fin con la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza los recursos de los empresarios Antonio Plasencia y Enrique Morales y ratifica la indemnización de 185 millones de euros impuesta por la Audiencia Provincial a los areneros para que de este modo paguen el daño ecológico causado en este municipio tinerfeño con las extracciones mineras ilegales que han dejado unos descomunales hoyos en el paisaje.
En declaraciones antes del Consejo de Gobierno canario, el consejero de Transición Ecológica Energía del Gobierno canario, Mariano Hernández Zapata, ha valorado este lunes 27 de noviembre «de manera positiva» esta resolución judicial, y anuncia que el Ejecutivo regional «se pondrá manos a la obra» y «se sentará con el Cabildo de Tenerife para buscar soluciones para la recuperación de los agujeros de Güímar».
Hay que recordar que el Tribunal Supremo, en su sentencia dictada el 16 de noviembre, no solo confirma la sanción económica a los empresarios, al dar por bueno el criterio de la Audiencia Provincial sobre la imposibilidad de ejecutar los planes de restauración paisajística planteados por los condenados, sino que también ratifica que este dinero debe ser gestionado por el Gobierno canario y el Cabildo, desestimando así un recurso del Ayuntamiento güimarero, que reclamaba ser también beneficiario de esta multimillonaria investigación.
Hernández Zapata mencionó una «posible solución», defendida también -dijo el consejero- por la patronal de la construcción FEPECO (organización que, por cierto, durante muchos años estuvo presidida por Antonio Plasencia): una central hidroeléctrica de bombeo.
«Se trataría de aprovechar la zona de extracciones de áridos de la parte alta del barranco, con las de la baja, para construir dos embalses, con un salto de agua que, mediante turbinas, pudiera generar electricidad», expuso el consejero.
Incidió en que «el Gobierno canario tomará las decisiones» para ejecutar la sentencia que obliga a reparar el daño producido al medio ambiente, «pero lo haremos de manera conjunta con el Cabildo, para que ambas Administraciones estemos cómodas».
Además, Hernández Zapata agradeció «el trabajo y la rapidez» con que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo «ha respondido con esta sentencia, pues la vista oral se celebró el pasado día 12» y el fallo es del día 16, «lo que nos permite cuanto antes ponernos en las soluciones para la recuperación ambiental de Güímar».
Hay que recordar que fueron cuatro los condenados por el caso Áridos, pero solo uno, Francisco del Rosario, fue a juicio oral y entró en la cárcel para cumplir una condena de tres años de prisión, mientras que los otros tres, José Enrique Morales, Pedro Sicilia y Antonio Plasencia, asumieron su culpabilidad y eludieron el juicio, tras aceptar una condena de un año y tres meses de prisión y el pago de la restauración de las canteras de áridas.
En ejecución de esta sentencia, en 2021 la Audiencia Provincial resolvió en autos que los planes presentados por los areneros para reparar el brutal daño causado al barranco de Badajoz eran imposibles de llevar a cabo, y con un inasumible impacto ambiental, decisión que adoptó basándose en informes técnicos, el principal el elaborado entonces por la Consejería medioambiental del Gobierno canario al frente de la que ahora está Mariano Zapata.
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