PLANETA CANARIO
El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha denunciando en el Parlamento canario la «insostenible» situación del sistema de atención a la dependencia en Canarias, por las grandes listas de espera y los insuficientes recursos, por lo que el Archipiélago sigue a la cola de España en este servicio.
Con el fin de dar cuenta de su Informe Anual de 2021, destacó que una de cada cuatro quejas que recibió la institución que preside fue sobre Dependencia y Discapacidad. Ante esta realidad, la Diputación del Común elaboró un Informe Extraordinario sobre la situación de la Dependencia en Canarias, con datos referidos al año 2021, que será debatido la próxima semana en la Comisión Parlamentaria de Derechos Sociales.

“Detrás de los datos hay personas que sufren y familias que se sienten abandonadas por la Administración Pública; por ello pido al Gobierno que la Dependencia sea la principal prioridad política”, enfatizó el Diputado del Común.
Para ilustrar esta situación ofreció tres datos «contundentes»: «1) el gasto dependencia en Canarias habitante/año es inferior a la mitad de la media nacional; 2) el número de beneficiarios en proporción a la población en Canarias es inferior a la mita de la media nacional; y 3) el tiempo que se tarda en Canarias en reconocer este derecho es mas del doble que la media nacional».
Las tres comunidades con mayor limbo de la dependencia, a pesar de haber recibido un incremento presupuestario, aumentaron la lista de espera en 2021: Canarias (+23,1%), La Rioja (+16,4%) y Cataluña (+7%). «Es decir, no sólo no ha reducido, sino que ha aumentado la lista de espera de personas desatendidas -en el llamado limbo de la dependencia- 1.868, cuando el resto de las comunidades autónomas la redujeron en una media del 16.7% Es necesario recordar que Canarias cuenta aún con la tercera peor tasa limbo del 27.08%», afirma la Diputación del Común en su informe.
«Que la Administración cumpla la ley no es mérito, sino obligación»
En cuanto a las relaciones de la Institución con la Administración Pública, el Informe Anual 2021 revela un avance positivo con la disminución del número de recordatorios de deber legal de responder y de advertencias. Yanes aplaudió esta realidad, pero puntualizó que “el hecho de que la Administración Pública cumpla con la ley no es ningún mérito, sino su obligación”.
En este sentido, el Diputado del Común hizo especial hincapié en el incumplimiento de los plazos que aún existe en aquellos expedientes “que son de vital importancia para la parte social más débil de Canarias, y que es el origen de la inmensa mayoría de las quejas que recibimos”.
La peor comunidad en listas de espera en la Sanidad para consultas especializadas

En 2021 las reclamaciones en el ámbito de Justicia aumentaron debido a la dilación en los procesos judiciales y por la inscripción en los registros civiles. Lo mismo sucedió en Sanidad, área que recibió una gran mayoría de quejas relacionadas con las listas de espera. “Somos la segunda Comunidad Autónoma con peores datos en listas de espera para consultas con especialistas, con 118 días; y la sexta para las operaciones quirúrgicas, con 144. El año 2021 finalizó con más de 30.000 personas en lista de espera”.
La demora en la tramitación de expedientes en la Seguridad Social también se hizo notar durante el año 2021, sobre todo, en aquella relacionada con materias de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad e Ingreso Mínimo Vital. A este respecto, Yanes destacó que “debido a la falta de reserva de plazas de la Administración General del Estado en Canarias, tenemos una carencia de funcionarios particularmente grave en la Seguridad Social”.
Para finalizar, el Diputado del Común destacó algunas de las actuaciones llevadas a cabo por la Adjuntía de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género, y puso énfasis en la falta de un protocolo en Canarias que evite el riesgo de sufrir mutilación genital femenina, algo preocupante, ya que la Asociación de Mujeres Mauritanas informó que en Canarias hay 761 niñas de 0 a 14 años en riesgo de sufrirla. Además, destacó el recordatorio hecho por la Institución a los 88 ayuntamientos y a los 5 cabildos no capitalinos sobre la disposición de un Protocolo de Acoso Sexual en el ámbito laboral.