PLANETA CANARIO
El gobierno municipal de Santa Cruz de Tenerife (CC-PNC-PP) ha accedido a subir las tarifas del agua cerca de un 8% -según los datos de la oposición municipal- y a dar un plazo de 9 años a la multinacional Sacyr para devolver, con intereses, los 33 millones que de manera ilícita ha cobrado de los ingresos de la explotación de este servicio público, asunto por el que hay una causa penal abierta en los Juzgados, con 5 imputados ,incluyendo el exalcalde Miguel Zerolo (CC) -que cumple condena de prisión por el caso Las Teresitas y ya ha accedido al tercer grado o régimen de semilibertad, y el secretario del Ayuntamiento, Luis Prieto.
El acuerdo con la multinacional anunciado por el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, no ha convencido a la oposición, a pesar de que el grupo gobernante lo ha revestido de otros ropajes llamativos, como las inversiones para acabar con los vertidos de aguas residuales o el hecho de que no se irá a un litigio judicial por los cobros indebidos, mientras que CC y PP dan por buena la previsión de Sacyr sobre el aumento de los costes de producción del agua por el encarecimiento de la energía.
La oposición no entiende cómo se le pueden subir las tarifas del agua que cobra una empresa, hasta 2031 poseedora de casi todas las acciones de la hasta 2005 pública Emmasa, por desequilibrios en sus ingresos y gastos ,cuando el pasado año tuvo beneficios, y se ha embolsado más de 33 millones de euros de manera indebida, por un acuerdo del Consejo de Administración tras la privatización del servicio, consistente en devolver a Sacyr los 59 millones que pagó de canon al Ayuntamiento.
Una sorprendente devolución que no estaba sustentada en ninguna cláusula del contrato o de la normativa que rigió el concurso público para la privatización de la gestión, pero que no fue detectada hasta 2018 por un funcionario, y que ordenó paralizar el breve gobierno de PSOE-Cs presidido por Patricia Hernández, en un paréntesis de un año, entre 2019 y 2020, en medio de cuatro décadas de gobiernos liderados por CC.
A cambio de devolver en 9 años el dinero, que, con los intereses, asciende a 38 millones, el gobierno de Bermúdez ha reformulado el plan de inversiones incluido en el contrato del servicio de aguas de la capital, para su planificación hasta la finalización de dicho contrato, en el año 2031.
En concreto, el acuerdo plantea la inversión hasta 2025 de más de 8 millones de euros que irán destinados a completar la red de depuración de aguas y de vertidos al mar de dicha agua depurada, en tres núcleos de la costa santacrucera. Los proyectos incluidos en esta primera partida son los del sistema de la zona de Anaga (Taganana); de San Andrés y de la costa Suroeste del municipio (Añaza y Acorán).
Además, en un segundo plazo, se producirá la inversión de más de 30 millones de euros en un plan de infraestructuras relacionado con el ciclo integral del agua cuyo contenido al detalle se conocerá antes de que termine el presente año 2022. Dicho plan está siendo elaborado por una empresa especialista en la materia y se desarrollará hasta la finalización del actual contrato de gestión del agua en el municipio, en el año 2031.
Según el gobierno municipal, la subida del agua supondrá 1,37 euros cada dos meses para el 80% de los abonados, y permitirá a Emmasa compensar la previsión de gastar 12,5 millones en energía este año, frente a los 3,6 del pasado año.
El portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, ve injustificado el encarecimiento del agua, «como ya ocurrió, en 2016, cuando el alcalde se quedó solo defendiendo la subida del precio del agua reclamada por Sacyr, mientras el Gobierno de Canarias prohibía esa subida y, posteriormente, los tribunales avalaban la decisión».
Trujillo afirma que las inversiones que Sacyr tiene pendientes, junto con la devolución del dinero cobrado indebidamente, son obligaciones incondicionales de la adjudicataria de la gestión privatizada del agua. !No hay que dar nada de nada a cambio de que Sacyr cumpla con sus obligaciones y, por lo tanto, es inaceptable vincular cualquier subida del precio del agua a un acuerdo para que Sacyr cumpla con lo que ya está acordado!, apostilla..
El portavoz de UP recuerda que, gracias a las denuncias de su formación política, hay cinco personas imputadas por presuntos delitos relacionados con la corrupción, a causa de los cobros indebidos efectuados por Sacyr. Trujillo pidió en un Pleno que el alcalde personara al Ayuntamiento como acusación particular y su propuesta fue rechazada. Para el concejal de izquierdas “es obvio que Bermúdez ni ha estado en la lucha contra la corrupción, ni se le espera. Su actuación ha sido más propia de un comercial de Sacyr que de un alcalde”.
Matilde Zambudio (Cs) previno de que “si hay el más mínimo resquicio legal, vamos a parar esta subida” la que calificó de “atraco”.
La exalcadesa socialista Patricia Hernández señaló que todos los intentos anteriores de subir el agua apoyándose en la actualización del IPC han sido denegados por los tribunales. “Lo que hay qué preguntarse es por qué se ponen del lado de la empresa cuando tienen la Justicia del lado del Ayuntamiento”. “Las inversiones las tienen que hacer por contrato y el dinero tiene que devolverlo porque lo mangaron”, enfatizó la líder del PSOE chicharrero y exvicepresidenta del Gobierno canario.