PLANETA CANARIO
La Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma ha acogido la firma entre las administraciones públicas delos cinco primeros convenios del Plan Extraordinario de Empleo y Formación aprobado por el Gobierno de España para contrarrestar las consecuencias de la erupción del volcán en Cumbre Vieja con una partida de 63 millones de euros. Estos primeros proyectos permitirán contratar a 1.675 personas (por un máximo de 12 meses) y agotarán 44 de esos 63 millones.
La cifra de contratos representa el 20% de la demanda de empleo actual en La Palma, donde, con datos de noviembre pasado, hay 8.328 parados, según señaló el presidente del Gobierno regional, quien participó en el acto de la firma junto a su homólogo del Cabildo palmero, Mariano Hernández Zapata; la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García; el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, y de Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez.
En el acto de la rúbrica de los convenios también estuvo presente la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, como máxima responsable del departamento competente de su completa tramitación en menos de un mes, además del delegado del Gobierno de España en Canarias, Anselmo Pestana, y un representante de la empresa pública canaria Gestión y Planeamiento Territorial (Gesplan). Los convenios lo desarrollarán las distintas administraciones implicadas (Gobierno regional, Cabildo y consistorios), así como empresas públicas.
Perfiles para contratar y proyectos por cada municipio y administración
Entre otras actuaciones, el plan incluye trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios naturales y urbanos; acondicionamiento de zonas ajardinadas, rurales, pistas agrícolas y senderos; reparación de vías e inmuebles públicos, limpieza de cenizas, de barrancos y de la red hidráulica; proyectos de reconstrucción de zonas incomunicadas; gestión de ayudas desde los servicios jurídicos, refuerzo de servicios municipales e insulares, apoyo en los realojos de las familias damnificadas y asistencia en los trabajos de reconstrucción.
Estos cinco primeros convenios tienen un plazo de ejecución máximo de 12 meses, si bien habrá contrataciones por ese tiempo, pero también por 9 y 6 meses. Los principales perfiles que se incorporarán son los de licenciados en Derecho, ingenieros, arquitectos, oficiales de primera de albañilería, fontanería, electricidad, peones y auxiliares administrativos. Los contratados, además, recibirán formación en materia de prevención en riesgos laborales, capacitación y habilidades para el desarrollo de las tareas programadas.
En el caso del municipio de El Paso, estos primeros convenios prevén una inversión de 3,98 millones que permitirá contratar a 140 desempleados. Los Llanos de Aridane dispondrá de 5,75 millones para emplear a un total de 222 personas en labores de reconstrucción de zonas afectadas por el volcán, mientras que Tazacorte destinará 2,53 millones a una reestructuración socioeconómica del municipio que prevé la incorporación de 191 parados.
Por su parte, el Cabildo de La Palma gestionará en esta primera etapa un total de 7,57 millones que posibilitarán dar trabajo a 257 personas, mientras que la empresa Gesplan ha elaborado un plan de empleo de emergencia por el volcán con un total de 24,54 millones que tiene programado contratar a 865 personas.
En busca del mayor arraigo posible de las familias damnificadas
Además del Plan Extraordinario de Empleo, hay otros elementos esenciales para la reactivación y, según remarcó el jefe del Ejecutivo, se están dando pasos importantes “planificando junto a todas las administraciones la reconstrucción de los lugares afectados por la erupción”. De hecho, recordó que la Consejería de Transición Ecológica se está volcando en lograr que las familias afectadas “recuperen su vida garantizando el máximo arraigo posible”. El presidente reiteró que “lo último en lo que el Gobierno de Canarias piensa es en proteger las coladas. Si hay que actuar sobre los terrenos afectados, se hará porque priorizamos la recuperación de miles de vidas en el entorno en el que quieren seguir viviendo”.
En las labores de recuperación, la empresa Gesplan, que cuenta con su experiencia en la reconstrucción de la isla de Fogo (Cabo Verde) tras otra erupción, se encarga de los informes de valoración de las viviendas afectadas y está elaborando el marco territorial para la recuperación de la normalidad. Por su parte, Gestur se ocupa de redactar un estudio sobre las propuestas para la recuperación de las áreas afectadas por parte de las administraciones locales e insular, y Grafcan, la compañía de gráficos y mapas de las Islas, se está centrando en la creación de un cuadro de mando para el seguimiento diario de los daños identificados por la erupción mediante productos cartográficos.
Este plan fue anunciado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el 22 de septiembre, dos días después del comienzo de la erupción y se aprobó en el Consejo de Ministros el 5 de octubre. El 16 de noviembre se respalda la dotación de esos 63 millones de euros a través del fondo de contingencia, cifra que contrasta, por ejemplo, con el Plan Integral de Empleo que se firma y desarrolla cada año en las Islas, cuya última edición cuenta con 42 millones. El siguiente paso fue la firma del pertinente convenio entre el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y la Comunidad Autónoma para la implementación del plan.
Las últimas cifras de daños materiales por la erupción son, según el Catastro, 1.676 edificaciones destruidas, de las que 1.345 son de uso residencial, 180 de uso agrícola, 75 industrial, 44 de hostelería, 16 de uso público y 16 de otros usos. La cantidad es mucho mayor, casi el doble, según el programa europeo de observación por satélite Copernicus, que estima en aproximadamente unas 3.126 las construcciones afectadas, de las cuales 2.988 destruidas en su totalidad y 138 parcialmente. En cuanto a la superficie de cultivos cubierta por la lava, se calculan en unas 369,95 hectáreas.
