La vivienda, sanidad y educación son pilares fundamentales de cualquier sociedad y en el caso concreto que nos ocupa, no sólo porque sea un derecho constitucional, que ya es importante, sino, sobre todo, porque es una necesidad primaria de cualquier persona, donde encuentra seguridad y protección personal o familiar. Se necesita emprender acciones concretas en dos direcciones, a saber, una política pública de vivienda cuya finalidad principal sea el procurar la existencia de un mercado que funcione adecuadamente, en respuesta a esta necesidad básica de todos los ciudadanos, independiente de los ingresos económicos de los que disponga para ello. En aplicación del mandato constitucional los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible en función de su capacidad económica. Y, por otra parte, una política de vivienda pública, mediante la cual, la administración, en sus distintos niveles competenciales, sea capaz de dar respuesta a los problemas de emergencia habitacional existente en determinados sectores de la población con insuficiencia de recursos o sencillamente sin ellos. En este sentido, se ha de poder garantizar una alternativa habitacional a las familias en riesgo de exclusión social y con menores a cargo.
Hay que apostar por un Pacto Canario de la Vivienda, con vocación durable en el tiempo, consistencia técnica y legal, cuya finalidad sea contar con un marco adecuado para construir las viviendas imprescindibles, donde todos los agentes implicados, es decir, los representantes empresariales y de la sociedad civil, así como los profesionales en sus distintos ámbitos competenciales, junto a la Administración Autonómica, aporten sugerencias, propuestas y propongan soluciones, para consolidar una gestión pública de la vivienda, generosa y suficiente, que sirva en el tiempo y no sea cortoplacista como ha sucedido hasta ahora, constreñida a la inmediatez de la política y supere los plazos electores , así como la estadía del Consejero de turno o también del director o directora del Instituto Canario de la Vivienda correspondiente. Los resultados lamentables que padecemos, con una verdadera emergencia habitacional en distintas zonas, especialmente las más prósperas y pujantes desde el punto de vista económico, nos dicen que no podemos seguir en esa dinámica, que ha fracasado estrepitosamente en las últimas tres décadas.
La demanda de vivienda supera con creces la oferta actual. Es debido a que el crecimiento económico y el aumento poblacional ha ido por delante, no sólo de la implantación de los servicios públicos correspondientes, totalmente deficientes e insuficientes, sino también, de la correspondiente dotación de viviendas. Desde hace 10 años, se ha edificado poquísima vivienda nueva, por dos motivos, la vivienda pública, porque desde las distintas administraciones implicadas, empezando por el Gobierno de Canarias, no se ha desarrollado una política clara, operativa y suficiente, es decir, no han hecho absolutamente nada, han mirado para otro lado y han pasado los años sin ninguna iniciativa promotora pública y en cuanto a las viviendas privadas, porque nos topamos con el muro burocrático, que impide la construcción de las mismas, no hay manera que las oficinas técnicas municipales trabajen con diligencia, las licencias se eternizan en los laberintos administrativos, sin dar solución a la promoción privada, que está atascada, por la falta de diligencia de los órganos públicos. Una situación escandalosa, preocupante y dañina para la economía o el empleo y que está poniendo a prueba la supervivencia de muchas empresas promotoras y constructoras. La vivienda tiene que ser auspiciada para que pueda construirse.
La vivienda, sanidad y educación son pilares fundamentales de cualquier sociedad y en el caso concreto que nos ocupa, no sólo porque sea un derecho constitucional, que ya es importante, sino, sobre todo, porque es una necesidad primaria de cualquier persona, donde encuentra seguridad y protección personal o familiar. Se necesita emprender acciones concretas en dos direcciones, a saber, una política pública de vivienda cuya finalidad principal sea el procurar la existencia de un mercado que funcione adecuadamente, en respuesta a esta necesidad básica de todos los ciudadanos, independiente de los ingresos económicos de los que disponga para ello. En aplicación del mandato constitucional los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible en función de su capacidad económica. Y, por otra parte, una política de vivienda pública, mediante la cual, la administración, en sus distintos niveles competenciales, sea capaz de dar respuesta a los problemas de emergencia habitacional existente en determinados sectores de la población con insuficiencia de recursos o sencillamente sin ellos. En este sentido, se ha de poder garantizar una alternativa habitacional a las familias en riesgo de exclusión social y con menores a cargo.
Hay que apostar por un Pacto Canario de la Vivienda, con vocación durable en el tiempo, consistencia técnica y legal, cuya finalidad sea contar con un marco adecuado para construir las viviendas imprescindibles, donde todos los agentes implicados, es decir, los representantes empresariales y de la sociedad civil, así como los profesionales en sus distintos ámbitos competenciales, junto a la Administración Autonómica, aporten sugerencias, propuestas y propongan soluciones, para consolidar una gestión pública de la vivienda, generosa y suficiente, que sirva en el tiempo y no sea cortoplacista como ha sucedido hasta ahora, constreñida a la inmediatez de la política y supere los plazos electores , así como la estadía del Consejero de turno o también del director o directora del Instituto Canario de la Vivienda correspondiente. Los resultados lamentables que padecemos, con una verdadera emergencia habitacional en distintas zonas, especialmente las más prósperas y pujantes desde el punto de vista económico, nos dicen que no podemos seguir en esa dinámica, que ha fracasado estrepitosamente en las últimas tres décadas.
La demanda de vivienda supera con creces la oferta actual. Es debido a que el crecimiento económico y el aumento poblacional ha ido por delante, no sólo de la implantación de los servicios públicos correspondientes, totalmente deficientes e insuficientes, sino también, de la correspondiente dotación de viviendas. Desde hace 10 años, se ha edificado poquísima vivienda nueva, por dos motivos, la vivienda pública, porque desde las distintas administraciones implicadas, empezando por el Gobierno de Canarias, no se ha desarrollado una política clara, operativa y suficiente, es decir, no han hecho absolutamente nada, han mirado para otro lado y han pasado los años sin ninguna iniciativa promotora pública y en cuanto a las viviendas privadas, porque nos topamos con el muro burocrático, que impide la construcción de las mismas, no hay manera que las oficinas técnicas municipales trabajen con diligencia, las licencias se eternizan en los laberintos administrativos, sin dar solución a la promoción privada, que está atascada, por la falta de diligencia de los órganos públicos. Una situación escandalosa, preocupante y dañina para la economía o el empleo y que está poniendo a prueba la supervivencia de muchas empresas promotoras y constructoras. La vivienda tiene que ser auspiciada para que pueda construirse.
La vivienda, sanidad y educación son pilares fundamentales de cualquier sociedad y en el caso concreto que nos ocupa, no sólo porque sea un derecho constitucional, que ya es importante, sino, sobre todo, porque es una necesidad primaria de cualquier persona, donde encuentra seguridad y protección personal o familiar. Se necesita emprender acciones concretas en dos direcciones, a saber, una política pública de vivienda cuya finalidad principal sea el procurar la existencia de un mercado que funcione adecuadamente, en respuesta a esta necesidad básica de todos los ciudadanos, independiente de los ingresos económicos de los que disponga para ello. En aplicación del mandato constitucional los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible en función de su capacidad económica. Y, por otra parte, una política de vivienda pública, mediante la cual, la administración, en sus distintos niveles competenciales, sea capaz de dar respuesta a los problemas de emergencia habitacional existente en determinados sectores de la población con insuficiencia de recursos o sencillamente sin ellos. En este sentido, se ha de poder garantizar una alternativa habitacional a las familias en riesgo de exclusión social y con menores a cargo.
Hay que apostar por un Pacto Canario de la Vivienda, con vocación durable en el tiempo, consistencia técnica y legal, cuya finalidad sea contar con un marco adecuado para construir las viviendas imprescindibles, donde todos los agentes implicados, es decir, los representantes empresariales y de la sociedad civil, así como los profesionales en sus distintos ámbitos competenciales, junto a la Administración Autonómica, aporten sugerencias, propuestas y propongan soluciones, para consolidar una gestión pública de la vivienda, generosa y suficiente, que sirva en el tiempo y no sea cortoplacista como ha sucedido hasta ahora, constreñida a la inmediatez de la política y supere los plazos electores , así como la estadía del Consejero de turno o también del director o directora del Instituto Canario de la Vivienda correspondiente. Los resultados lamentables que padecemos, con una verdadera emergencia habitacional en distintas zonas, especialmente las más prósperas y pujantes desde el punto de vista económico, nos dicen que no podemos seguir en esa dinámica, que ha fracasado estrepitosamente en las últimas tres décadas.
La demanda de vivienda supera con creces la oferta actual. Es debido a que el crecimiento económico y el aumento poblacional ha ido por delante, no sólo de la implantación de los servicios públicos correspondientes, totalmente deficientes e insuficientes, sino también, de la correspondiente dotación de viviendas. Desde hace 10 años, se ha edificado poquísima vivienda nueva, por dos motivos, la vivienda pública, porque desde las distintas administraciones implicadas, empezando por el Gobierno de Canarias, no se ha desarrollado una política clara, operativa y suficiente, es decir, no han hecho absolutamente nada, han mirado para otro lado y han pasado los años sin ninguna iniciativa promotora pública y en cuanto a las viviendas privadas, porque nos topamos con el muro burocrático, que impide la construcción de las mismas, no hay manera que las oficinas técnicas municipales trabajen con diligencia, las licencias se eternizan en los laberintos administrativos, sin dar solución a la promoción privada, que está atascada, por la falta de diligencia de los órganos públicos. Una situación escandalosa, preocupante y dañina para la economía o el empleo y que está poniendo a prueba la supervivencia de muchas empresas promotoras y constructoras. La vivienda tiene que ser auspiciada para que pueda construirse.
La vivienda, sanidad y educación son pilares fundamentales de cualquier sociedad y en el caso concreto que nos ocupa, no sólo porque sea un derecho constitucional, que ya es importante, sino, sobre todo, porque es una necesidad primaria de cualquier persona, donde encuentra seguridad y protección personal o familiar. Se necesita emprender acciones concretas en dos direcciones, a saber, una política pública de vivienda cuya finalidad principal sea el procurar la existencia de un mercado que funcione adecuadamente, en respuesta a esta necesidad básica de todos los ciudadanos, independiente de los ingresos económicos de los que disponga para ello. En aplicación del mandato constitucional los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible en función de su capacidad económica. Y, por otra parte, una política de vivienda pública, mediante la cual, la administración, en sus distintos niveles competenciales, sea capaz de dar respuesta a los problemas de emergencia habitacional existente en determinados sectores de la población con insuficiencia de recursos o sencillamente sin ellos. En este sentido, se ha de poder garantizar una alternativa habitacional a las familias en riesgo de exclusión social y con menores a cargo.
Hay que apostar por un Pacto Canario de la Vivienda, con vocación durable en el tiempo, consistencia técnica y legal, cuya finalidad sea contar con un marco adecuado para construir las viviendas imprescindibles, donde todos los agentes implicados, es decir, los representantes empresariales y de la sociedad civil, así como los profesionales en sus distintos ámbitos competenciales, junto a la Administración Autonómica, aporten sugerencias, propuestas y propongan soluciones, para consolidar una gestión pública de la vivienda, generosa y suficiente, que sirva en el tiempo y no sea cortoplacista como ha sucedido hasta ahora, constreñida a la inmediatez de la política y supere los plazos electores , así como la estadía del Consejero de turno o también del director o directora del Instituto Canario de la Vivienda correspondiente. Los resultados lamentables que padecemos, con una verdadera emergencia habitacional en distintas zonas, especialmente las más prósperas y pujantes desde el punto de vista económico, nos dicen que no podemos seguir en esa dinámica, que ha fracasado estrepitosamente en las últimas tres décadas.
La demanda de vivienda supera con creces la oferta actual. Es debido a que el crecimiento económico y el aumento poblacional ha ido por delante, no sólo de la implantación de los servicios públicos correspondientes, totalmente deficientes e insuficientes, sino también, de la correspondiente dotación de viviendas. Desde hace 10 años, se ha edificado poquísima vivienda nueva, por dos motivos, la vivienda pública, porque desde las distintas administraciones implicadas, empezando por el Gobierno de Canarias, no se ha desarrollado una política clara, operativa y suficiente, es decir, no han hecho absolutamente nada, han mirado para otro lado y han pasado los años sin ninguna iniciativa promotora pública y en cuanto a las viviendas privadas, porque nos topamos con el muro burocrático, que impide la construcción de las mismas, no hay manera que las oficinas técnicas municipales trabajen con diligencia, las licencias se eternizan en los laberintos administrativos, sin dar solución a la promoción privada, que está atascada, por la falta de diligencia de los órganos públicos. Una situación escandalosa, preocupante y dañina para la economía o el empleo y que está poniendo a prueba la supervivencia de muchas empresas promotoras y constructoras. La vivienda tiene que ser auspiciada para que pueda construirse.
