PLANETA CANARIO
El Diputado del Común, Rafael Yanes, investigará la situación de unas 130 familias sobre las que pesan desahucios de sus viviendas en Tenerife con el fin de comprobar el cumplimiento, por parte de las administraciones públicas, de los procedimientos previstos en estos casos y la legislación vigente.
Yanes se reunió con los respectivos portavoces de 14 familias afectadas por desahucios en El Fraile, María José Regalado; de 17 familias afectadas en El Tablero, Yeray Perdomo y del colectivo El Pueblo Tiene Hambre, Eloy Cuadra; así como con la concejala del Ayuntamiento de Arona, Antonella Aliotti. En la reunión también estuvo presente el asesor de la Diputación del Común, Oliver Fariña.
Los representantes de estos colectivos afirmaron que estas familias tienen escasos recursos y ninguna solución habitacional alternativa, y estar “soportando amenazas de desahucios inminentes por parte de fondos buitre y otras entidades especulativas, estando en muchas de ellas implicados organismos oficiales”, según informa la Diputación del Comun en un comunicado.
Los portavoces ciudadanos denunciaron “abandono y desamparo”, y pidieron una solución a estos desahucios con opciones viables que les permitan permanecer en sus viviendas, como las de alquileres sociales.
Los colectivos denunciantes exponen en otro comunicado que los afectados residen en Arona, Adeje, Granadilla y Santa Cruz de Tenerife, pero que son muchos más en toda Canarias.
Aseguran que se trata de familias con bajos recursos económicos sin solución habitacional alternativa, y que son fondos buitre y entidades financieras las que promueven estos desahucios en los juzgados «sin atender en muchos casos al Real Decreto vigente, reclamando unas viviendas que compraron a precio de ganga por las que quieren cobrarse su beneficio, ante la inacción y el mirar para otro lado de la empresa pública Visocan y el Gobierno de Canarias, implicados también directamente en numerosos de los casos afectados en la denuncia.»
Estas familias y los colectivos que las apoyan han pedido al Diputado del Común que «inste a las Administraciones Públicas canarias a tomar partido explícito por la regularización de la situación habitacional de todas las familias afectadas por procesos de desahucio o desalojo en precario, en la vivienda en la que residen o en su defecto en otra con las mismas garantías que no implique alejar a la familia de su entorno (tal como establece el Real Decreto-Ley 37/2020 de 22 de diciembre)».
Igualmente, le reclaman que «inste a quien proceda a esclarecer y depurar la responsabilidad sobre la mala praxis y las presuntas irregularidades que se observan en las actuaciones de fondos buitre, entidades financieras y empresas y administraciones públicas como Visocan o el Instituto Canario de la Vivienda».
También piden que se pruemuevan «las condiciones necesarias para que nuestras Administraciones Públicas firmen acuerdos de alquiler social con entidades bancarias y similares».
Reivindican además que los organismos públicos «retiren sus depósitos y operaciones económicas de las entidades financieras que mantengan fondos buitre o lleven a cabo prácticas especulativas tan contrarias a la ética y al bien común como las que estamos viendo en Tenerife».
Y por último, solicitaron a Rafael Yanes que inste a las Administraciones Públicas a una subida del IBI a fondos buitre y otros grandes tenedores de vivienda con fines puramente lucrativos, para ponerlos en situación de liberar casas para alquiler social y evitar al tiempo una especulación desmedida.
