PLANETA CANARIO
El Defensor de Pueblo ha concluido que la declaración de impacto ambiental del proyecto del Circuito de Motor de Tenerife ha perdido su vigencia, y su contenido no corresponde con el que la ley establece, según informa la asociación Salvar La Tejita en un comunicado.
Tras una solicitud de este colectivo ecologista al Cabildo de Tenerife en 2023, la Administración insular remitió a la asociación varios enlaces donde se podía consultar el proyecto. Al examinarlo, la asociación detectó que la declaración de impacto ambiental (DIA) estaba incompleta, ya que no incluía estudios técnicos específicos y obligatorios (contaminación acústica, lumínica, abastecimiento de agua, depuración de aguas residuales, etc).
El grupo ecologista denunció también estos hechos al Consejo de Transparencia de Canarias, que respondió que el Cabildo no estaba obligado a facilitar esta información a la asociación, por lo que el grupo ecologista llevó el caso al Defensor de Pueblo y al Comité Aarhus (Naciones Unidas).
El Defensor de Pueblo inició sus investigaciones, y el Comité Aarhus, tras una audiencia preliminar, dictaminó que no podía seguir adelante con el caso a menos que el Defensor de Pueblo no resolviera la situación.
El 29 de enero, la Defensor de Pueblo concluyó que la DIA había caducado , no contenía varios informes técnicos y permisos obligatorios requeridos, como las especies de flora y fauna protegidas, la contaminación lumínica o los impactos sobre el medio hídrico, la depuración de las aguas residuales y los vertidos asociados (para hasta 5.000 espectadores). Actualmente, la institución está evaluando el estado actual de las obras en curso, con el fin de evaluar su curso de acción.
La omisión más grave por parte del Cabildo es, según el Defensor del Pueblo, el estudio de impacto acústico. Un circuito de motor con estas características puede generar más ruido que un aeropuerto, y el Cabildo indicó en su proyecto que «esperaría a que el circuito estuviera operativo para modificar las ventanas y puertas de los vecinos cercanos (con fondos públicos que no estaban incluidos en el presupuesto declarado del proyecto) si recibía quejas de esos vecinos».
Este detalle, según Salvar La Tejita, «podría provocar el cierre del circuito en el futuro, una vez que se hayan invertido 50 millones de fondos públicos, si un vecino denunciara el ruido ante un juzgado. La omisión deliberada de este estudio técnico puede considerarse un acto de prevaricación grave por parte de la Administración».
Según publica CanariasAhora.com, en noviembre de 2022 un informe jurídico del Cabildo ya le aconsejó realizar una nueva evaluación ambiental: “No puede tener una vigencia ad eternum”. El informe, elaborado por la Unidad de Apoyo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT), afirma que la DIA, que data de 2011, estaba caducada.
El informe concluye que “por cuestiones de seguridad jurídica”, teniendo en cuenta que han pasado once años desde la aprobación de la DIA, “debe procederse a efectuar una nueva evaluación sobre la totalidad del proyecto, al estar caducada la evaluación ambiental que nos ocupa”.
