VICENTE PÉREZ
La autoridad judicial ha requerido imperativamente por tercera vez a la empresa Clece -contratada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la ayuda a domicilio a las personas dependientes- para que, de manera inmediata, suministre a sus trabajadores epis (equipos de protección) y, fundamentalmente, mascarillas, según informó el Tribunal Superior de Justicia este miércoles 1 de abril.
Ante la alegación de Clece de que es una obligación de “cumplimiento imposible”, el magistrado en funciones de guardia en la jurisdicción social en Las Palmas recuerda que el mismo día en el que la empresa hacía esta alegación, se podía leer en los medios de comunicación cómo el encargado de una importante cadena de supermercados con servicio en las islas anunciaba que había comprado 240.000 mascarillas y que el 30 de marzo las había distribuido entre sus empleados.
Se trata de la tercera ocasión en la que la autoridad judicial requiere a Clece en Las Palmas capital para que suministre los equipos que obliga la ley para asegurar la salud de sus trabajadores: el 19 de marzo aceptó la petición de medidas cautelares planteada por FESP-UGT para obligar a la firma a suministrar equipos; el 23 de marzo le advirtió de que sería multada con 1.000 euros por cada día que no cumpliera lo ordenado, y ahora, en auto fechado a 30 de marzo, rechaza suspender la orden que obliga a tal suministro.
Bautista (UGT): «No entendemos que en Tenerife la jueza dicte lo contrario que en Gran Canaria»
En el caso de Santa Cruz de Tenerife, el mismo sindicato tiene recurrido un auto judicial totalmente contrario al que dictó un juzgado en Las Palmas de Gran Canaria, también sobre la misma empresa y servicio municipal pero en la capital tinerfeña.
Al respecto, el Ayuntamiento afirmó a PLANETA CANARIO que el problema que denunció UGT y el comité de empresa «ha quedado resuelto» desde la pasada semana y que la alcaldesa, Patricia Hernández, así como la concejal de asuntos sociales, Marta Arocha, se implicaron para buscar una solución a pesar de que el auto judicial daba la razón al consistorio y a la empresa sobre la dificultad de adquirir de manera rápida material de protección.
La resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 8 de Santa Cruz de Tenerife indicaba que no podía ordenarles al Consistorio chicharrero y a Clece “cumplir una orden que resulta materialmente imposible según las leyes de la lógica y la realidad”.
Fuentes de UGT han reconocido que la pasada semana se entregaron a la platilla 221 mascarillas, tanto las de tela para la boca y las de visera, pero subrayaron que son insuficientes, porque se trata de 265 personas fijas más 60 la plantilla eventual, con lo que totalizan 325.
El comité de empresa de Clece en la capital tinerfeña emitió la pasada semana un duro comunicado contra el Ayuntamiento «por desidia e incompetencia» en garantizar que el servicio se prestara con garantías de no contagiarse ni contagiar, y aseguró que la situación había llegado al punto de que la plantilla tenía que fabricarse sus propias mascarillas y batas de protección con bolsas de basura.
UGT y CC.OO. lamentan la desprotección en este servicio público
El propio secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias, Francisco Bautista, ha expresado su malestar por lo que ocurre con Clece en ambas capitales canarias, ya que el riesgo de no tener suficientes medidas de protección, afirma, no solo es para las trabajadoras y trabajadores que prestan este servicio sino también para los usuarios que reciben la ayuda a domicilio, unos solo 1.500 en Santa Cruz de Tenerife, muchos de ellos ancianos, es decir, grupo de riesgo para el coronavirus.
Bautista asegura no entender por qué ante una misma denuncia por los mismos hechos, un Juzgado dicta una cosa en Tenerife y otro Juzgado otra en sentido contrario en Gran Canaria: «No comprendo esa disparidad de criterios, y por eso hemos recurrido, ya que en Tenerife la juez parece no considerar que sea esencial la seguridad de los trabajadores; así que esperemos que el Tribunal Superior de Justicia unifique criterios, porque para nosotros es prioritario defender la salud de la plantilla de esta empresa, la igual que la de los usuarios».
Desde CC.OO., el secretario general insular en Tenerife, Andrés Baute, ha lamentado también lo que viene sucediendo esta concesionaria de la atención domiciliaria, y discrepa del auto de la juez con respecto a este servicio en la capital tinerfeña. En declaraciones realizadas el pasado fin de semana, Baute subrayó que las trabajadoras de Clece deben bañar también a usuarios, por lo que tienen un contacto directo con otras personas y no pueden mantener la distancia de seguridad para evitar contagiar o ser contagiadas.
«Han tenido que trabajar con guantes de fregar la loza, y ya veníamos pidiendo material de protección desde antes del estado de alarma, porque son empleadas que por 800 euros trabajan 37 horas semanales jugándose la vida y corriendo riesgos; así que es moralmente reprobable lo que les ha ocurrido», subrayó el dirigente de CC.OO.
Además, Baute piensa en las personas dependientes que reciben este servicio, 1.500, la mayoría de avanzada edad, que igualmente han corrido el riesgo porque quienes van a su casa a atenderles no tienen suficientes medidas para evitar que los contagien.
