VICENTE PÉREZ
El decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé, sostiene que la mejor solución para la recuperación social y económica de La Palma tras la catástrofe volcánica es la expropiación, al valor real de las propiedades antes de erupción, de los terrenos afectados por el volcán (más de 10 kilómetros cuadrados), con el fin de que las administraciones públicas ordenen este nuevo este espacio, donde se han generado una nueva realidad física, y se establezcan así unos usos compatibles con la preservación de sus valores naturales.
«Cualquier otra solución será menos ágil, retrasaría la reconstrucción y sobre todo sería una fuente inagotable de conflictos a corto, medio y largo plazo, no solo entre propietarios sino entre estos y la administración pública; y posiblemente esta zona quedaría abandonada», afirmó el notario durante una conferencia ofrecida en Los Llanos de Aridane esta semana organizada por la Asociación Plataforma de Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja.
Esa expropiación, subrayó, estaría amparada por la Constitución Española, que la prevé por causa justificada de interés pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización. «Esa es la única posibilidad de dar un tratamiento eficaz, conjunto y unitaria a toda la zona afectada por el volcán, que favorezca la preservación de los valores naturales, paisajísticos, científicos, culturales, agrícolas, etnológicos y sociales». De esa forma, insistió, «será posible fijar de manera urgente, ágil y en beneficio de los afectados y de toda la sociedad palmera, establecer los usos adecuados de ese suelo para la recuperación social y económica de la isla, con un desarrollo sostenible».
El representante de los fedatarios del Archipiélago detalló que la solución tras este catastrófico hecho «es más política que jurídica», pues «ni el Código Civil ni la legislación existente dan respuesta satisfactoria y adecuada, dada la naturaleza y efectos de este suceso», en el que las propiedades y el territorio anterior han desaparecido y hay «una nueva topografía» con un suelo oculto por un grueso manto de lava y una superficie que durante muchos años va ser inaccesible e intransitable en muchos lugares».
Por ello, ve necesario aprobar nuevas normativas y medidas que den respuesta a esta nueva realidad, en la que se deban afrontar «muchos retos: demográfico, sociológico, habitacional, económico y medioambiental».
Desde su punto de vista, la realidad que ha dejado el volcán «hace difícil en la práctica deslindar las antiguas parcelas en este nuevo malpaís» e «imposibilita a la gran mayoría de los propietarios la gestión y la recuperación de esos terrenos», tanto de modo individual como colectivo, debido a las variadas situaciones e intereses de las familias afectadas.
En consecuencia, para Cavallé «sólo es factible afrontar el futuro de estos terrenos» mediante «una dirección unificada» a través de un órgano publico con facultades ejecutivas en el que estén representadas todas las administraciones públicas cuya función será fijar las partes de la zona cubierta de lava que pueden ser de nuevo cultivadas o edificadas con uso residencial o turístico, y las partes que deben ser protegidas por sus valores naturales o científicos.
Llegado a este punto, defendió «una respuesta solidaria mediante la socialización de todo el daño, que, por su cuantía, solo podrá afrontar el Estado, abonando el valor real de los inmuebles en el momento previo a la erupción», siempre que la suma de todas las ayudas públicas no sea superior ni inferior al valor que tenían las propiedades.
El notario puso de relieve que la Administración pública podría recuperar «una parte importante» de este desembolso con la enajenación de parte del territorio expropiado, respetando el derecho de adquisición preferente por los afectados, así como de los terrenos que, a través de un consorcio, se conviertan en urbanos.
Aprobar nuevo suelo urbanizable y exenciones fiscales
Pero Cavallé cree además que esta media expropiatoria no es suficiente, «sino que también debería modificarse el planeamiento territorial y urbanístico en los municipios damnificados, con premura pero con realismo, sensatez y visión de futuro, para poner a disposición de los afectados suelos en lugares susceptibles de uso residencial, agrícola, turístico e industrial, destinado a quienes quieran y puedan reinstalarse en esas zonas y recuperar la normalidad en sus vidas y economías, y evitar así también la especulación».
Todas estas decisiones políticas, subrayó el fedatario, «serían aún incompletas si no se complementarias con imprescindibles medidas fiscales para favorecer la permanencia de los afectados en La Palma y que inviertan en la isla las ayudas que han recibido». Concretó su propuesta: exenciones de impuestos como los de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, IGIC, IBI, incremento del valor de inmuebles de naturaleza urbana y actos destinados a adquirir inmuebles en La Palma; así como reducir el porcentaje de la cuota íntegra estatal y autonómica de la renta en el IRPF.
Un seguro estatal obligatorio para catástrofes naturales
Por último, planteó que debe instaurarse un seguro estatal obligatorio ante desastres naturales, como el que se estableció en Islandia.
En este sentido, puso como supuesto «ejemplar» el caso de Islandia, en 1973, a raíz de la erupción del volcán Eldfell, que destruyó 400 viviendas y el Parlamento islandés aprobó un plan de compensación que alcanzaba el 100% del valor de las propiedades destruidas, además de establecer desde entonces ese seguro obligatorio.
Cavallé expuso que estas son solo algunas ideas que, en su opinión, pueden contribuir a dar respuesta a los retos que tiene ahora La Palma. «Cualquiera que sea la solución», advirtió, «va a determinar las próximas décadas, pues estamos ante una encrucijada, un momento decisivo para el futuro de la Isla y ante una oportunidad de mejorar que no debe ser desaprovechada». «De hacerse, bien puede ser un eferente mundial de cómo gestionar con solidaridad una crisis de esta naturaleza, de la que puede salir fortalecida y mejorada económica y éticamente la sociedad palmera», concluyó.
