PLANETA CANARIO
Cáritas Diocesana de Tenerife considera que el derecho de acceso a la vivienda «digna, segura y adecuada, establece por sí solo un derecho facilitador, es decir, permite que otros derechos fundamentales y humanos puedan realizarse, al asegurar un espacio personal, privado y sustentador de las necesidades básicas de todo ser humano». El año pasado se atendió a 329 familias, y la acción del proyecto llegó a un total de 988 personas, de las cuales 392 eran menores de edad.
La organización humanitaria deja claro que “la vivienda no es un bien de lujo ni un objeto de especulación, sino un derecho humano y constitucional» y por ello se propone continuar con su «compromiso con las personas, visibilizando la situación real de tantas familias en exclusión residencial, a fin de sensibilizar a las Administraciones competentes hacia una política real de acceso a la vivienda y de regulación del mercado, tal y como se contempla en la Constitución Española».
Por ello, la ONG informa en un comunicado que cuenta con un Programa de Vivienda que se articula en torno a distintas acciones: por un lado, 8 recursos alojativos distribuidos por toda la isla de Tenerife, así como una Unidad Móvil de Atención en Calle para personas en situación de sin hogar en La Palma. De igual modo, Cáritas Diocesana de Tenerife puso en marcha hace dos años el proyecto Base 25, que pretende evitar situaciones de sinhogarismo y de exclusión residencial; y desde diciembre de 2017 contamos también con el proyecto de Viviendas Unipersonales para familias sin alternativa alojativa. Todos estos proyectos parten de la necesidad percibida desde la atención de base de las Cáritas parroquiales y arciprestales.
Igualmente, en todas sus acciones en materia de vivienda trabaja con un enfoque de derechos, ya que el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge expresamente que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
Y el artículo 47 de la Constitución Española expone además que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
En el caso del proyecto Base 25, que está financiado por el Cabildo de Tenerife, el objetivo es la atención y acompañamiento a familias que están en riesgo de perder su vivienda habitual. Esta pérdida de vivienda puede deberse a ejecuciones hipotecarias, desahucios por impago de alquiler o desahucios en precario (cuando no hay titularidad de la vivienda). Desde el proyecto se les asesora socio-jurídicamente y desde el empleo para intentar evitar la pérdida de la vivienda o apoyar la búsqueda de una vivienda alternativa.
Mientras, el proyecto de Viviendas Unipersonales se puso en marcha con el objetivo de atender a familias sin alternativa alojativa, y se basa en un proceso de acompañamiento e intervención a través de un equipo multidisciplinar, para incidir en las causas que originaron la situación en la que se encuentran dichas familias. Hasta la fecha desde este proyecto se ha atendido a un total de 8 familias.
