PLANETA CANARIO
La gestión y ordenación del litoral pasará a partir de junio a manos del Gobierno de Canarias, y dejará de ser una competencia del Ministerio de Transición Ecológica y Cambio Climático, que la viene ejerciendo hasta ahora a través de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar. No obstante, seguirá estando en manos de la Administración estatal la fijación del domino público marítimo terrestre.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha reunido este martes en Madrid con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, para cerrar la agenda del proceso de transferencias de competencias estratégicas como la gestión de costas, tutela financiera y la promoción de la competencia de los mercados.
Tras ese encuentro, el presidente autonómico ha anunciado “la buena noticia” de que antes del verano, preferiblemente en junio, se celebrará en Canarias la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado -en la que se integra la Comisión Mixta de Transferencias-, donde se producirá el traspaso oficial de las competencias en la gestión y ordenación del litoral, “una antigua demanda del Archipiélago” que está recogida en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, en vigor desde el 6 de noviembre de 2018.
La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) ha usado la misma expresión que Torres, al considerar una “gran noticia” para Canarias este traspaso de competencias. Esta es «una demanda reiterada» de Ashotel y de otros estamentos políticos, económicos y sociales de las Islas, recogida en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado en noviembre de 2018. En este se recoge literalmente “la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público”.
En los últimos años, la patronal hotelera ha instado en varias ocasiones al Gobierno de Canarias a ser firme con el Ejecutivo estatal en la reclamación de esta competencia,» una realidad que finalmente parece que se confirma, un motivo de gran satisfacción para el sector», celebran los hoteleros en un comunicado. Asimismo, Ashotel recuerda que ha realizado gestiones directas con el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, para la consecución de esta transferencia de competencias.
Los hoteleros dicen que «han defendido en numerosas ocasiones que en la costa canaria, convertida en el principal atributo turístico de las Islas, es totalmente imprescindible su preservación medioambiental para el correcto desarrollo respetuoso de la actividad turística». Pero apuntan que «esa mayor cercanía de la administración competente a partir de ahora debe servir para compatibilizar una mayor protección del medio con el turismo, principal motor de la economía canaria».
Ashotel apunta que esta transferencia de competencias «se produce, además, en un momento interesante, con la llegada de los fondos europeos Next Generation, que pueden servir para el desarrollo y la ejecución de mejoras evidentes y necesarias en las playas existentes y en otras de carácter artificial, en puertos y marinas deportivas, así como en otras propuestas públicas y privadas».
En lo relativo a las playas de Tenerife, subraya la patronal hotelera, «continúan paralizados proyectos de gran interés como la playa de Martiánez o la marina deportiva de Puerto de la Cruz; también, en el sur de Tenerife, las playas de Los Tarajales (Arona), Las Salinas (Guía de Isora) o San Salvador y San Blas (San Miguel), entre otras».
Asimismo, mejoras necesarias en playas turísticas ya existentes, como El Camisón o Fañabé, con proyectos privados presentados hace ya tres años, siguen a la espera.
A juicio de la patronal turística, «con esta competencia en sus manos, el Ejecutivo regional puede establecer y regular los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas; la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones; la ejecución de obras y actuaciones en el litoral canario cuando no sean de interés general; o la atribución de los servicios que se presten en playas y demás lugares del litoral, en coordinación con las entidades locales».
Pero desde el mundo ecologista se muestran más cautos sobre este traspaso de competencias, ya que, si en manos de la Administración estatal, son numerosas las polémicas sobre los usos que se permiten en el litoral, dudan que en manos de la Comunidad Autónoma se vaya a proteger mejor o a evitar más los desmanes costeros.
Desde la Asociación Salvar La Tejita, Daniel Duque, opina que «al igual que la Ley de Suelo trajo el cierre de la COTMAC, este me parece un intento de quitar órganos de control, para poder hacer lo que se quiera desde aquí», sostiene el portavoz ecologista.
«Y eso sin duda es un peligro, porque sabemos lo que viene pasando en nuestas costas, pues, sin ir más lejos, creemos si este traspaso de competencias ya estuviera hecho, la revisión del deslinde del dominio público en La Tejita estaría en una gaveta», añade Duque.
Para este activista, está por ver que estas competencias en manos del Gobierno canario se traduzcan en una mejor gestión del territorio y un freno a su destruccción.
