PLANETA CANARIO
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mantendrá su defensa del conjunto monumental de Juan de Ávalos, inaugurado en 1966 como un monumento a Francisco Franco, y utilizará todos los instrumentos jurídicos y administrativos que estén a su alcance para garantizar su protección patrimonial.
Este propósito implicaría incluso recurrir en vía judicial la orden del Ministerio de Memoria Democrática, que preside el canario Ángel Víctor Torres, para que esta obra sea retirada en seis meses.
Tras la decisión del Gobierno de Canarias de no declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la escultura situada en la confluencia de la Avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz, el Consistorio recuerda que la no declaración como BIC no elimina las competencias municipales en materia de protección del patrimonio artístico ni impide que la ciudad adopte sus propias medidas de conservación y catalogación.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, señala este 10 de agosto en un comunicado que “el Ayuntamiento va a defender el patrimonio de Santa Cruz con todas las herramientas que la ley pone a nuestra disposición. Respetamos las decisiones de otras administraciones, pero respetar las competencias de cada Administración significa también ejercer las nuestras en la protección de su patrimonio, especialmente cuando existen informes técnicos que acreditan valores artísticos, culturales y urbanos que merecen ser preservados”.
Bermúdez añade que “el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz ha dado un paso muy importante al aprobar por unanimidad que se estudie la inclusión del conjunto monumental de Juan de Ávalos en el listado de elementos protegido».
Para el regidor municipal, «existe una voluntad clara en nuestra ciudad de analizar, con criterios técnicos y jurídicos, todas las posibilidades para garantizar la conservación de este conjunto y preservar sus valores artísticos y patrimoniales”.
“Desde el Ayuntamiento vamos a seguir defendiendo esa posición y ejerciendo todas las vías que nos permita la legislación para que el futuro de este elemento de nuestra historia no quede condicionado únicamente por una decisión administrativa”, apuntó el alcalde.
El Ayuntamiento mantiene abiertas las vías administrativas y judiciales
El Consistorio recuerda que ya ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática que incluye el conjunto escultórico en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y establece su retirada, recurso que todavía no ha sido resuelto.
En dicho recurso, el Ayuntamiento solicita que quede sin efecto la obligación de retirar el monumento y fundamenta su posición en las competencias municipales previstas en la legislación patrimonial, en el Catálogo municipal en tramitación y en los valores artísticos, culturales y urbanos acreditados mediante diferentes informes técnicos.
El recurso municipal plantea, además, la suspensión cautelar de la ejecución de la retirada mientras se resuelve el procedimiento, al considerar que el desmantelamiento físico del conjunto podría ocasionar daños estructurales, materiales y estéticos de difícil o imposible reparación.
El escrito advierte también de los posibles efectos que una retirada podría producir sobre la infraestructura del Fuerte de Almeyda, al señalar que podría afectar a la estabilidad de parte de sus muros perimetrales.
En paralelo, y una vez conocido el decreto del Gobierno de Canarias por el que se concluye el procedimiento de declaración BIC con la no declaración del monumento, el Ayuntamiento mantiene abierta la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para defender sus planteamientos y los intereses patrimoniales municipales.
El decreto autonómico, publicado en el Boletín Oficial de Canarias, concluye formalmente el procedimiento iniciado para declarar BIC la escultura de Juan de Ávalos.
Santa Cruz ejerce sus propias competencias patrimoniales
El Ayuntamiento subraya que la decisión del Gobierno de Canarias sobre la declaración BIC no agota las posibilidades de protección del conjunto monumental. La Corporación dispone de instrumentos propios para la protección de elementos patrimoniales dentro del ámbito de sus competencias, entre ellos el Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife, actualmente en tramitación.
Precisamente, el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, tras incluir el gobierno municipal este asunto fuera del orden del día, acordó el pasado 27 de julio, de forma unánime, proponer que se valore la incorporación del conjunto monumental de la Fuente de Almeyda al Catálogo municipal como elemento urbano con grado de protección integral, atendiendo tanto a sus valores artísticos como obra de Juan de Ávalos como a su monumentalidad y aportación al entorno urbano.
La propuesta se sustenta, entre otros documentos, en los informes de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, de 22 de octubre de 2024; del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio Histórico (CICOP), de 31 de mayo de 2018; y del arquitecto municipal miembro del Consejo, de 20 de julio de 2026.
En la sesión constitutiva del actual mandato, el Ayuntamiento identificó a los integrantes técnicos e institucionales del órgano: la gerente del Organismo Autónomo de Cultura, Carlota Cobo; los responsables municipales Francisco Sánchez y Humberto José Gutiérrez; el representante del Colegio Oficial de Arquitectos, Deine González; el representante del Cabildo, José Carlos Cabrera; el representante del Gobierno de Canarias, Juan Alejandro Lima; el representante del CICOP, Francisco José Cedrés; el arquitecto municipal Elías Medina Moreno; el representante de la Universidad de La Laguna, Carlos Javier Castro Brunetto; y el Cronista Oficial, José Manuel Ledesma. Los únicos cargos políticos que forman parte del Consejo son el alcalde, que ejerce la Presidencia, y el concejal con competencias en Patrimonio Histórico.
Una posición «avalada por informes especializados»
El Ayuntamiento considera especialmente relevante que la defensa municipal del monumento «no responde únicamente a una decisión política, sino que está respaldada por informes de carácter técnico y especializado».
El informe del arquitecto municipal incorporado al recurso de alzada destaca los valores artísticos de la obra y considera a Juan de Ávalos una de las figuras relevantes de la escultura española del siglo XX. También señala la singularidad del conjunto como testimonio de la proyección de un autor de ámbito nacional en Canarias, así como su complejidad compositiva y su tratamiento del movimiento y la anatomía.
El mismo informe apunta a valores histórico-documentales, al considerar que la conservación del conjunto permitiría estudiar manifestaciones escultóricas y arquitectónicas del franquismo en Canarias y mantener abierta la posibilidad de una reinterpretación museográfica de la obra sin necesidad de eliminarla físicamente.
Desde el punto de vista urbano y paisajístico, el documento municipal destaca que el monumento forma parte del trazado urbano histórico de Santa Cruz desde 1966, constituye un elemento reconocible para varias generaciones y mantiene una relación visual con el Fuerte de Almeyda. Su retirada, según el informe, produciría un impacto sobre la imagen y el perfil urbano del área portuaria.
Sin embargo, el Ayuntamiento también dispone de un informe técnico, en realidad un catálogo de hasta 80 vestigios de la dictadura elaborado por expertos de la Universidad de La Laguna, bajo la dirección de la catedrática de Historia del Arte, María Isabel Navarro, que concluye que el monumento no puede ser resignificado por su clara simbología franquista y debe ser retirado en aplicación de la Ley de Memoria Histórica estatal.
Bermúdez: «Cumplir la ley no es quedarse con los brazos cruzados»
El alcalde insiste en que “Santa Cruz no renuncia a ejercer sus competencias ni acepta que la protección de nuestro patrimonio quede reducida a una única vía administrativa. La declaración BIC es una figura de protección, pero no es la única herramienta que tiene una ciudad para preservar sus bienes patrimoniales. El Ayuntamiento ha iniciado su propio procedimiento de protección y lo está haciendo con el respaldo de su Consejo Municipal de Patrimonio Histórico y de informes especializados”.
En este sentido, Bermúdez afirma que “vamos a cumplir la ley, como siempre hemos hecho, pero cumplir la ley no significa permanecer de brazos cruzados. Significa utilizar todos los mecanismos que la propia legislación permite para defender los intereses de Santa Cruz, proteger nuestro patrimonio y garantizar que cualquier decisión sobre un elemento de estas características esté suficientemente fundamentada desde el punto de vista jurídico, histórico, artístico y urbano”.
El alcalde considera que “la posición del Ayuntamiento es clara: queremos preservar los valores patrimoniales de la obra, y queremos hacerlo desde la legalidad, desde el conocimiento técnico y desde las competencias que corresponden a cada Administración. No pretendemos sustituir a ninguna otra Administración, pero tampoco vamos a renunciar a las responsabilidades que corresponden al Ayuntamiento sobre su propio patrimonio y sobre la ciudad”.
El Consejo Municipal «apuesta por la protección integral»
El acuerdo adoptado el 27 de julio constituye, en este sentido, un nuevo paso dentro de la estrategia municipal. El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico informó favorablemente el Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz y propuso específicamente que el conjunto monumental de la Fuente de Almeyda sea valorado para su inclusión en el anexo de elementos urbanos con protección integral.
El Ayuntamiento recuerda que el Consejo carece de facultades resolutorias y que sus informes tienen carácter asesor, facultativo y no vinculante, pero destaca el peso técnico e institucional de un órgano diseñado precisamente para asesorar a la Administración municipal en cuestiones relacionadas con la conservación del patrimonio histórico.
De esta manera, el Consistorio mantiene abiertas simultáneamente la vía administrativa, mediante el recurso de alzada aún pendiente de resolución; la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa; y la vía estrictamente municipal de protección patrimonial, a través del Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife.
El Ayuntamiento insiste en que su actuación se desarrollará dentro del marco legal y con pleno respeto a las competencias de las diferentes Administraciones, pero también desde la defensa firme de sus propias atribuciones.
