PLANETA CANARIO
La federación canaria de grupos ecologistas, Ben Magec-Ecologistas en Acción vuelve reclamar un giro al modelo de desarrollo económico de Canarias basado solo en el sector turístico y en constante crecimiento, por lo que creen que se le deben poner límites y hacerlo sostenible, para evitar que «la degradación de los ecosistemas sea irreversible», al tiempo que enfatizan que su propuesta nada tiene que ver con la turismofobia.
Tras la publicación este mes de enero de los datos del tráfico en los aeropuertos canarios durante 2023, que superó todos los récords, con 48,4 millones de pasajeros, un 11,4% más que el año anterior, estos colectivos medioambientalistas creen que es necesario «analizar esas cifras y las consecuencias directas que tienen sobre nuestras islas y sus habitantes».
A juicio de los ecologistas, «La presión que soporta Canarias a causa de un modelo turístico de masas sin ningún tipo de límite o control hace tiempo que se volvió insostenible; una presión que se ve agravada, además, por el continuo aumento también incontrolado de la población no residente de origen europeo, dando lugar a unas islas completamente masificadas en las que la generación de residuos y la explotación de recursos provocan una degradación casi irreversible de nuestros ecosistemas naturales».
Desde Ben Magec-Ecologistas en Acción se considera «urgente reconducir el modelo turístico actual, apostando por un decrecimiento absolutamente necesario y con una limitación en la cantidad de visitantes que recibimos, lo que nos permitirá reducir la presión social y ambiental y transitar hacia un modelo controlado, respetuoso con nuestro entorno y que ponga freno a la degradación del territorio».
De este modo sostienen que «se asegurará la conservación de nuestros espacios naturales y la calidad de vida de quienes habitamos estas islas, pues Canarias tiene un límite».
Desde la perspectiva de estos grupos ecologistas, «los millones de personas que transitan cada año por el Archipiélago generan una enorme huella ecológica cada vez más difícil de gestionar, produciendo residuos, consumiendo recursos básicos y limitados como el agua, la tierra cultivable, dificultando el acceso a una vivienda digna, masificando espacios protegidos especialmente sensibles y generando gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero a través del transporte aéreo, marítimo y por carretera».
Constatan Ben Magec-Ecologistas en acción que «el debate social de los últimos años se dirige hacia la innegable necesidad de un cambio en el modelo turístico que transite hacia un modelo sostenible y respetuoso con el territorio, que incluye además de una moratoria para frenar las nuevas construcciones turísticas y el aumento de plazas alojativas, la implantación de una tasa turística, también llamada ecotasa».
«Este impuesto», argumentan, «es una contribución económica que las personas que nos visitan realizan en el lugar de destino, enfocada a mantener y proteger el entorno natural y cultural del lugar; y tiene el propósito principal de financiar proyectos de conservación y sostenibilidad que compensen el impacto que esta industria genera en el territorio».
El Laboratorio de Sostenibilidad de Nueva York (EEUU), en colaboración con el Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), publicó recientemente un estudio en el que se analiza la capacidad de carga de los ecosistemas canarios.
La conclusión en el caso canario es que «la capacidad del medio ambiente de las Islas Canarias de asimilar la presión turística sin recibir un daño irreparable se ha visto reducida a la mitad en los últimos 20 años, advirtiendo de que si se alcanza un punto en el que se sobrepasa esa capacidad de asimilación, el ecosistema se degrada de manera irreversible», exponen los ecologistas en su nota de prensa.
Además, mantienen que «el modelo turístico actual depreda y degrada nuestro territorio con infraestructuras alojativas y de ocio para el disfrute del visitante, como hoteles o campos de golf, haciendo un uso privativo especialmente de nuestras costas y que en muchos casos se ubican sobre espacios protegidos y, no en pocas ocasiones, incumpliendo la legalidad».
Junto a estas consideraciones, la federación ecologista denuncia también las «continuas infracciones que a diario cometen las personas que visitan los entornos protegidos del archipiélago; vuelos de dron sin autorización, acceso a zonas restringidas, carreras y ciclismo por fuera de los senderos, atravesando cualquier espacio, y hasta una fiesta con dj’s en lo alto de un volcán protegido».
Creen los ecologistas que “la sensación generalizada es que existe cierta impunidad para quienes cometen estas infracciones y también una enorme falta de supervisión y control por parte de las autoridades y Administraciones competentes”.
Una supervisión que, a juicio de Ben Magec-Ecologistas en acción. «en muchos casos es insuficiente y que evidencia la incapacidad de las instituciones insulares de hacer frente a la avalancha de turistas que soportan los espacios naturales protegidos de las islas e incluso aquellos que cuentan con la figura de mayor protección, los parques nacionales».
Sin embargo, para estos colectivos conservacionistas, «las instituciones públicas han hecho caso omiso a este debate generalizado, negando además la problemática y tachando de turismofobia las reclamaciones de un población desbordada por la ausencia de regulación, la masificación de todos los espacios, la falta de vivienda y el empleo precario que genera una industria que no para de crecer en las islas».
Se quejan los ecologistas que «estas mismas instituciones fomentan este modelo, promoviendo la construcción de nuevas infraestructuras turísticas con inversiones foráneas y usando figuras como el interés insular para justificar y permitir edificaciones, fomentando la especulación y saltándose cualquier protección en espacios naturales, como por ejemplo un resort de 1400 plazas, 54 villas, centro de congresos y campo de golf en el enclave palmero de La Pavona, ubicado, en gran parte, dentro de la Red Natura 2000 y de alto valor agrícola y ganadero».
