VICENTE PÉREZ
El Ayuntamiento de Adeje pedirá al Gobierno canario que realice los trámites necesarios para declarar al municipio como zona tensionada de mercado, posibilidad que recoge la Ley estatal 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, vigente desde el pasado año, y con la que se podrían aplicar medidas contra los precios especulativos en los alquileres de viviendas.
Para ello, el gobierno municipal de Adeje pedirá al Ejecutivo regional que encargue los estudios necesarios para medir los parámetros socio-económicos que permitirían llevar a efecto esta declaración de zona tensionada. Se trata de definir, con datos estadísticos oficiales, si, como se presupone, en Adeje, sus habitantes dedican al menos el 30% de sus ingresos a la vivienda o, también, si el precio de compra o alquiler ha sufrido aumentos que superan en 3 puntos el IPC en los cinco años anteriores, que son los dos requisitos previstos en la ley. Este estudio se podría realizar por zonas o núcleos poblaciones dentro del propio municipio.
Núcleos de infraviviendas, en unos casos chabolas en otros reparcelaciones ilegales (sin olvidar la okupación) han surgido en los últimos años en municipios turístico del Sur de Tenerife debido a la carestía de la vivienda en el mercado libre, espoleada por el desequilibrio de precios que en zonas residenciales provoca el ser municipios turísticos, con el fenómeno del alquiler vacacional, la falta de viviendas de protección oficial, la especulación con el suelo y la precariedad laboral. Son los contrastes socioeconómicos en este emporio turístico.
En la costa de Adeje, junto a Playa Paraíso, en la zona aledaña al Puertito de Armeñime, es decir, junto a las obras -de momento paralizadas- de la polémica urbanización turística de 420 chalés de lujo y un hotel- se ha creado una enorme zona de infraviviendas, que ha crecido de manera muy significativa en los últimos años.
En caso de que el municipio adejero fuera declarado zona tensionada, se podrían aplicar medidas como que los arrendatarios rebajen un 5 % las rentas del alquiler a cambio de bonificaciones fiscales que podrían ascender hasta el 90%. La deducción sería del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años o si en el inmueble ha sido rehabilitado o mejorado, la bonificación será del 60%, tal y como recoge la moción que se presentará al pleno adejero.
Además, según informa el gobierno adejero en un comunicado «las personas propietarias que firmen un contrato de al menos 10 años podrán librarse de la congelación de los precios y podrán incrementar el alquiler hasta en un 10% a cambio de ampliar la duración del contrato».
Hay que recordar que esta ley permite al inquilino solicitar prórrogas extraordinarias por plazos anuales por un periodo de 3 años y con las mismas condiciones que antes de la prórroga, si el inmueble está en una zona declarada tensionada.
En las zonas tensionadas también se limita el incremento de las rentas en los nuevos contratos de arrendamiento. El precio del alquiler del nuevo contrato deberá ser el mismo que el del alquiler de los 5 años anteriores, tras aplicar la cláusula de actualización anual que ya dispusiera el contrato anterior. Tampoco se podrán repercutir nuevos gastos (como los de la comunidad o el IBI) que no recogiese el contrato inicial.
La Ley también también faculta a los gobiernos autonómicos a cambiar la definición de gran tenedor de inmuebles en sus zonas tensionadas, bajando de 10 a hasta 5 el nùmero de viviendas para ser considerado como tal.
El alcalde de Adeje afirma en un comunicado que es “consciente de que existe un problema serio de acceso a la vivienda para muchas personas, vecinos y vecinas de Adeje, jóvenes del municipio y la comarca y trabajadores y trabajadoras que llegan desde otros puntos de la isla o de Canarias y debemos hacer lo que esté en nuestra mano para solucionarlo”.
El mandatario reconoce que no hay soluciones únicas y que todas necesitarán tiempo para ayudar a solucionar el problema; “por eso esta primera medida de solicitar la declaración de zona tensionada la enmarcamos dentro de un plan más global y ambicioso en el que estamos trabajando y que muy pronto anunciaremos”. Un plan que incluirá la construcción de más viviendas, habilitando el suelo que sea posible y llegando a acuerdos con otras Administraciones y organizaciones que construyan vivienda para las personas trabajadoras.
Con la declaración de zona tensionada, el consistorio de Adeje pretende, en definitiva, «ayudar a limitar los precios de los alquileres, generar ayudas para las personas que ponen sus viviendas en el mercado y tramitar bonificaciones de impuestos y otras medidas que influir y ayudar a bajar los precios en los próximos meses, evitando subidas desproporcionadas cada vez que se tiene que renovar un contrato de alquiler. El municipio asume el reto de ser uno de los primeros en aplicar estas medidas, con el desconocimiento que supone su implementación, pero seguro de que cualquier iniciativa debe sumar para solucionar un problema que cada día es más grave».
Adeje ya ha proyectado, con la cesión de parcelas al Gobierno de Canarias, la construcción de 45 viviendas en la zona de Armeñime y está preparando la habilitación de más suelo para multiplicar esa cantidad. La falta de viviendas de protección oficial tanto en este municipio como en casi toda Canarias es ostensible: el Plan de Vivienda de Canarias 2020-25, aprobado en la pasada legislatura, pretende la construcción de unas 5.000 viviendas, pero no se ha terminado aún ninguna.
Según el Informe sobre el Estado de la Pobreza en 2023, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN, por sus siglas en inglés), el 20% de las personas en Canarias sufre retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en últimos 12 meses, lo que supone casi 7 puntos porcentuales más que la media nacional. Y el 57,2% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 35,5% de dato estatal.
En la actualidad se encuentra en tramitación la elaboración una futura ley que regule el alquiler vacacional, promovida por el Gobierno de Canarias.
