VICENTE PÉREZ
El abogado de la acusación popular en el caso Áridos de Güímar, Carlos Álvarez, insta al Gobierno regional a que, a través de la Agencia Tributaria Canaria requiera «de inmediato» a los areneros condenados el pago de los 185 millones de euros de indemnización ratificados por el Tribunal Supremo para restaurar los enormes hoyos dejados por las extracciones ilegales.
Si no los abonaran en el plazo previsto de forma voluntaria, apunta, se les debe proceder al embargo de su patrimonio, «persiguiendo de oficio toda la solvencia que puedan tener estos empresarios».
Expropiación forzosa de los terrenos
Además, defiende al abogado, el Gobierno canario debe iniciar también el trámite de la expropiación forzosa para que los terrenos de las canteras ilegales pasen a titularidad de la Comunidad Autónoma.
Así lo ha manifestado a PLANETA CANARIO el letrado que lleva este caso en representación del denunciante, Francisco Hernández Armas, quien recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo dictada el pasado 16 de noviembre, se pone fin a 18 años de causa penal, al adquirir firmeza las resoluciones de la Audiencia Provincial dictadas en 2021 en ejecución de la sentencia de 2016.
Quiénes son los condenados
Hay que recordar que fueron cuatro los condenados por el caso Áridos, pero solo uno, Francisco del Rosario, pasó por juicio oral y entró en la cárcel para cumplir una condena de tres años de prisión, mientras que los otros tres, José Enrique Morales, Pedro Sicilia y Antonio Plasencia, asumieron su culpabilidad y eludieron el juicio, tras aceptar una condena de un año y tres meses de prisión y el pago de la restauración de las canteras de áridos.
Plasencia y Sicilia recurrieron ante el Supremo el rechazo de la Audiencia Provincial al plan de restauración que presentaron, por inviable, y la fijación de una indemnización de 185 millones para que sea la Administración pública (el Gobierno canario y el Cabildo) la que restaure el descomunal daño ecológico causado. Pero el Alto Tribunal del Estado no les dio la razón.
«Los 185 millones deben generar riqueza a Güímar, sufridor de esta tragedia»
Llegados a este punto, afirma que su criterio y el del denunciante siempre fue el de que los terrenos se rellenaran para volver a su estado original, aunque reconocen que este objetivo es complicado por las trabas a la importación de áridos de fuera del Archipiélago.
Pero una cosa deja patente Álvarez: «Cualquier proyecto que se haga, sin perjuicio de cumplir la normativa medioambiental, tiene que ir conducido a generar riqueza para el pueblo de Güímar, al que esta sentencia puede generar muchísimo dinero, riqueza que debe de quedar reinvertida en este municipio, que es el que ha sufrido durante 40 años esta tragedia, pues encima los condenados se llevaron el oro, el árido, y aquí no se quedó ni un solo euro».
«La Justicia es para valientes»
El letrado hizo balance de los 18 años que ha durado este proceso judicial: «Es un final feliz tras una lucha intensa, con humildad, con honradez y firmeza; pero siempre conté con el apoyo de Francisco Hernández Armas, que me alentó para conseguir este resultado; ni a él ni a mi nos hicieron tambalear las presiones que recibimos».
«La justicia es para los valientes», enfatiza, pero no por vanagloria, sino porque «hay que recordar que en el año 2005, cuando comenzó este proceso, al hablar de estos empresarios y sus empresas, de potencias económicas dentro del sector del ladrillo, era difícil que la pluma de cualquier abogado no temblara».
Por el Juzgado de Güímar pasaron hasta 7 jueces distintos durante los 11 años de instrucción del caso, que fue archivado en dos ocasiones, las mismas que la Audiencia Provincial ordenó su reapertura.
«Por amor al pueblo de Güímar»
«Intentaron todo tipo de cosas contra mi, pero siempre me mantuve muy fuerte; porque es un procedimiento que se ha llevado con cariño, con amor hacia el pueblo de Güímar, para combatir un cáncer artificial provocado sólo con el propósito de ganar dinero en contra de la naturaleza, de un paraje muy bonito que ha sido destrozado», confiesa Álvarez, que tiene vínculos familiares y vitales con este municipio.
Asegura que la que ha sido acusación popular en este caso va a vigilar por que se cumpla la sentencia y se restaure el paisaje dañado. «Estoy convencido de que pronto esa parte de Güímar generará mucha riqueza y se verá el resultado de este éxito judicial, que no deja de ser el principio del equilibrio de la Justicia y de la belleza natural, la defensa del territorio, lo que se llama hoy en día defensa de los delitos de tercera generación en Europa».
