VICENTE PÉREZ
A sus 64 años, Mercedes F. nunca imaginó que el sueño de tener una vivienda propia e iniciar una nueva etapa de su vida en Icod de los Vinos acabaría convertido en una pesadilla de garrafas, lavadoras ajenas y reclamaciones en el Ayuntamiento y, finalmente, en los Juzgados.
Desde hace tres años tiene que vivir sin suministro de agua en el piso que compró al banco Santander, un inmueble por el que paga IBI, tasa de basura, la factura de electricidad y la cuota de la comunidad, pero con el suplicio cotidiano de por sus cañerías no pasa ni el aire.
“El agua es un bien de primera necesidad y me están tratando de forma injusta. Todo el edificio tiene agua menos yo”, lamenta Mercedes, que se siente víctima de un trato desigual por parte del Ayuntamiento y de la empresa municipal encargada del servicio, Icodemsa.
Su vivienda forma parte de un edificio de 34 viviendas que, según supo después de adquirirlo, está fuera de ordenación y carece de cédula de habitabilidad.
Sin embargo, según relata la afectada, esa circunstancia no ha impedido que el resto de propietarios dispongan de suministro. “El vecino de arriba tiene agua, el bar de abajo tiene agua, los locales comerciales tienen agua , pero yo no. No entiendo por qué conmigo es diferente”, se queja, en declaraciones a PLANETA CANARIO.
«Compré el piso sin que nadie me advirtiera de ningún problema»
Mercedes compró el inmueble a la citada entidad financiera tras un embargo al anterior propietario.
Asegura que en ningún momento fue advertida de que existiera impedimento alguno para contratar suministros básicos.
Recalca que ni el banco que se le vendió el piso, ni el notario, ni el Registro de la Propiedad le advirtieron de ningún problema sobre este edificio en suelo urbano ni sobre su piso en particular.
“Si llego a saber esto, no compro. La vivienda estaba registrada, escriturada y nunca pude imaginarme que tendría este problema”, explica.
La paradoja, sostiene, es que la propia vivienda ya había tenido agua durante años. Los anteriores ocupantes disponían de contador y servicio normalizado, aunque el anterior propietario se llevó el contador del agua y el de la luz.
La electricidad pudo contratarla sin obstáculos. El agua, no. Sin embargo, cuando por primera vez fue a la empresa Icodemsa a solicitar darse de alta en ese servicio, le comentaron que no habría ningún problema.
Según su testimonio, con el anterior alcalde de Icod de los Vinos, Francis González, obtuvo un informe de Servicios Sociales favorable a que, en atención a sus circunstancias personales, se le conectara a este suministro al ser un servicio de primera necesidad.
Un edificio fuera de ordenación
El origen del bloqueo estaría, según la explicación que le han trasladado desde el Ayuntamiento, en la situación urbanística de todo el edificio fuera de ordenación.
Mercedes relata que el actual alcalde le comunicó en una reunión que solo tendría agua “por orden de un juez o si se regulariza todo el edificio”, una opción que considera imposible porque requeriría el acuerdo de los otros 32 propietarios y el abono de una cantidad importante.
Mercedes expone además que otro piso del mismo edificio sí obtuvo el suministro hace aproximadamente año y medio tras ser vendido por el banco. “Lo que pido es el mismo trato que a los demás vecinos”, insiste.
Mientras tanto, ha tenido que adaptarse en su día a día para suplir de mil maneras la falta de agua corriente. Lava ropa en casa de un hijo o en lavanderías, carga garrafas continuamente y afronta tareas básicas como ducharse, cocinar o limpiar con enormes dificultades. “Estoy cansada. Todo el día con garrafas. Esto no es vida”, confiesa, aunque al mismo tiempo no quiere perder la esperanza.
Una lucha que ha llegado a la vía judicial
Cansada ya de tocar puertas y presentar escritos ante el Ayuntamiento, decidió llevar el caso a los tribunales y ahora también a los medios de comunicación. Su abogada ha planteado medidas cautelares al considerar que se pueden estar vulnerando derechos fundamentales por un presunto trato discriminatorio y desigual, invocando el artículo 14 de la Constitución.
Ante los tribunales la letrada argumenta además que se le está denegando un servicio esencial y la situación de vulnerabilidad de Mercedes, lo que debería haber sido motivos suficientes para una solución por razones sociales.
Mercedes no oculta su indignación con el trato recibido en algunas reuniones en el Ayuntamiento con el alcalde, Javier Sierra, y personal de confianza. “Me sentí vejada y sin empatía. Solo quiero abrir un grifo en mi casa y que salga agua, como cualquiera de mis vecinos en el edificio”.
El Juzgado multa al Ayuntamiento
Desde el consistorio le han dicho que hay cuatro informes negativos a ponerle el servicio de agua, pero ella no ha visto aún ninguno.
Se queja de que cada vez que ha ido a buscarlos le remiten a otra ventanilla de la Administración y nunca obtiene copia. Ni siquiera en vía judicial ha podido conseguir hasta ahora la documentación, hasta el punto de que el Ayuntamiento ha sido multado por el Juzgado que lleva el caso por no entregar el expediente administrativo referido a este asunto.
Tampoco PLANETA CANARIO ha recibido respuesta del gobierno municipal, al que ha solicitado su versión, dos veces por email y mediante llamada telefónica días antes de publicarse esta información.
