PLANETA CANARIO
El magistrado del Juzgado de Instrucción especializada en violencia contra la infancia y adolescencia ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer investigada por la muerte de su hija, una bebé de 20 meses, ocurrida el pasado 4 de marzo en la capital grancanaria.
La medida fue acordada en un auto dictado este 9 de marzo tras la comparecencia de la encausada ante el juez.
El procedimiento se inició inicialmente por un presunto delito de homicidio, si bien durante la comparecencia la Fiscalía solicitó el ingreso en prisión provisional de la investigada como presunta autora de un delito de asesinato con alevosía sobre una menor de 16 años. La defensa, por su parte, pidió que se adoptaran medidas que tuvieran en cuenta el estado de salud mental de la mujer y que primaran alternativas a la privación de libertad.
El juez considera que concurren indicios racionales de criminalidad y que la gravedad de los hechos investigados —castigados con pena de prisión permanente revisable— justifica la adopción de esta medida cautelar.
La resolución fundamenta además el ingreso en prisión en el riesgo de fuga, atendiendo a la falta de arraigo de la investigada, de nacionalidad venezolana, y a su situación administrativa irregular en España.
Según recoge el auto, sobre las 22.00 horas del 4 de marzo la Policía fue alertada tras recibirse un aviso por el fallecimiento de una menor en circunstancias inicialmente desconocidas en las inmediaciones de la parada de guaguas denominada Cruce de Hoya de la Plata, en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del barrio de San Cristóbal.
Cuando llegaron al lugar, los agentes encontraron a la niña en parada cardiorrespiratoria y con espuma en la boca, mientras el personal sanitario iniciaba maniobras de reanimación.
La madre de la menor se encontraba sentada junto al cuerpo de la pequeña durante la intervención de los servicios de emergencia.
El auto recoge además el testimonio de una ciudadana que afirmó haber visto momentos antes a la investigada caminar descalza y aparentemente desorientada con la bebé en brazos, envuelta en una manta.
Al acercarse varias personas para interesarse por el estado de la menor, observaron que no respondía y presentaba espuma en la boca, por lo que alertaron al 112.
Según la resolución judicial, la investigada manifestó en un primer momento que la niña “se había caído al mar”, aunque sin concretar las circunstancias.
Los agentes comprobaron que tanto la ropa de la mujer como la de la menor estaban completamente mojadas y localizaron en una zona de rocas próxima al paseo marítimo pequeños charcos de agua de mar, así como un zapato de la investigada.
La menor fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Materno Infantil. De acuerdo con el informe sanitario citado en el auto, los equipos médicos practicaron durante unos 55 minutos maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar sin lograr revertir la situación de parada cardiorrespiratoria. Finalmente, a las 22.54 horas se certificó el fallecimiento.
En el hospital, los investigadores también recabaron la declaración de la expareja de la mujer, quien manifestó haber observado en los días previos comportamientos extraños y mensajes que le resultaron preocupantes. Según relató, la investigada le llamó esa misma noche para decirle que “la niña se me cayó al agua”.
La resolución recoge igualmente la versión que la propia investigada ofreció a los agentes. Según su relato, tras pasar el día con la menor fuera de casa, se dirigió a una zona de rocas próxima al mar, donde afirmó haber sentido “un impulso” y haber colocado a la niña boca arriba en un charco de agua marina, sin poder precisar durante cuánto tiempo permaneció en esa posición.
Posteriormente la cogió en brazos y caminó hasta la avenida, donde varias personas se interesaron por el estado de la pequeña.
Tras su detención, la mujer fue sometida a valoración médica y psiquiátrica en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
El informe citado en el auto señala que no constaban antecedentes psiquiátricos ni tratamientos previos y que las pruebas realizadas descartaron una causa orgánica o el consumo de drogas que explicara una alteración del comportamiento. Durante la exploración se apreció, no obstante, cierta “indiferencia afectiva”.
El auto ordena además comunicar al centro penitenciario la conveniencia de valorar la aplicación del protocolo de prevención de suicidios y remitir todos los informes médicos de la investigada. Contra la resolución cabe recurso de reforma en el plazo de tres días y, subsidiariamente, recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
