VICENTE PÉREZ
Núcleos de infraviviendas, en unos casos chabolas en otros reparcelaciones ilegales (sin olvidar la okupación) han surgido en los últimos años en municipios turístico del Sur de Tenerife debido a la carestía de la vivienda en el mercado libre, espoleada por el desequilibrio de precios que en zonas residenciales provoca el ser municipios turísticos, con el fenómeno del alquiler vacacional, la falta de viviendas de protección oficial, la especulación con el suelo y la precariedad laboral. Son los contrastes socioeconómicos en este emporio turístico.
En la costa de Adeje, junto a Playa Paraíso, en la zona aledaña al Puertito de Armeñime, es decir, junto a las obras -de momento paralizadas- de la polémica urbanización turística de 420 chalés de lujo y un hotel- se ha creado una enorme zona de infraviviendas, que ha crecido de manera muy significativa en los últimos años.
PLANETA CANARIO ha solicitado vía email en varias ocasiones al Ayuntamiento adejero, presidido por José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), su versión sobre la proliferación de chabolas en este término municipal, aunque de momento sin recibir respuesta.
Este asunto ha llamado la atención del Foro Canario contra la Incineración, que se pregunta «cómo explicar que lo que no se permite en ningún punto de la costa de Tenerife, si acaso algún pequeño núcleo en lugares prácticamente inaccesibles de la costa de Santa Cruz, se esté extendiendo cada día más en espacios no urbanizados aún en las zonas de más presión urbanística de Adeje».
«Inmensos poblados ya a base de palets y que los cercanos al Ayuntamiento ponen como argumento para decir que la única salida es urbanizar para limpiar todo eso», opina el Foro.
El gigantesco núcleo ilegal de Lomo Negro
Junto al barrio de El Fraile, en Arona, se ha formado un ya gigantesco núcleo de viviendas ilegal en la zona de Lomo Negro, donde se han vendido reparcelaciones sin cobertura legal en suelo rústico de protección agraria, donde se ha comprado como solar urbanizable (en realidad no tiene esta consideración en el Plan General de Ordenación) y se han instalado en muchos casos viviendas prefabricadas. El caso lo investiga la Fiscalía Provincial.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes (PP) manifestó a PLANETA CANARIO en septiembre pasado su preocupación por este núcleo ilegal, confirmó que está «en manos de la Justicia» y reconoció que se trata de un asunto «complejo» en el que el Ayuntamiento tendrá que analizar qué soluciones o actuaciones tomar.
Desde luego, hay dos vías: la legalización de estas viviendas con el nuevo Plan General de Ordenación, un camino difícil porque se trata de una clamorosa ilegalidad urbanística en manos de la Fiscalía y con posibles consecuencias penales, o bien la demolición de las construcciones, que ya ocupan 150.000 metros cuadrados, lo que comporta la necesidad de una alternativa habitacional para sus ocupantes.
La carestía de la vivienda para residentes es también otro de los problemas que preocupa a Fátima Lemes. «Es un tema en el que tenemos que actuar ya, porque ya llegamos tarde», admitió la regidora municipal, que lleva en el cargo desde las pasadas elecciones de mayo. Y es que, según la alcaldesa, «hay personas que quieren venir a trabajar y desempeñar su puesto aquí en arona, pero les resulta imposible por problemas de movilidad o porque no pueden acceder a viviendas en este municipio».
Lemes confirma además que existe » una problemática bastante acusada con la ocupación ilegal», pues se trata de personas que «se instalan en cualquier rincón, en cualquier sitio». Sobre toda esta situación, enfatiza que hay que tener en cuenta la raíz del asunto y la necesidad de dar «asistencia social» a las familias en situación de pobreza exclusión social o en riesgo de padecerla.
También hay chabolas en terrenos situados junto a la autopista del Sur dentro del municipio de Arona.
Un Plan de Vivienda de Canarias insuficiente
En el análisis del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 -que maneja datos de finales de la década pasada- detectaba unos incrementos del precio del suelo en Adeje y Arona.
A juzgar por las previsiones de este plan, el número de viviendas de protección oficial que se prevé construir no aliviaría demasiado el problema, pues en todo Tenerife se ampliaría el parque público construido en 1.440 nuevos hogares. Curiosamente, en Arona no aparece previsión de construir ninguna, al menos en el documento publicado en la web del Gobierno canario.
No obstante, en el municipio aronero sí está previsto construir 90 viviendas de protección oficial. Para ello, el Ayuntamiento de Arona acordó en octubre ceder un terreno al Gobierno de Canarias. El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) ha confirmado al Consistorio que se dan las condiciones para que las viviendas sociales en régimen de alquiler previstas en el Plan Parcial Estrella Marazul estén terminadas este mandato. Inicialmente se preveían 45 viviendas y ahora 90, con un presupuesto de licitación de 5,3 millones de euros.
El proyecto se enmarca en un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Arona y el Instituto Canario de la Vivienda, y se ha incluido en el programa de ayuda a la construcción de viviendas en régimen de alquiler en edificios energéticamente eficientes. Cuenta con un presupuesto de 5,3 millones de euros.
Los inmuebles contemplados en el Plan Canario de Viviendas para 2025 son los siguientes para el Sur de Tenerife: Guía de Isora 78, San Miguel de Abona 76, Granadilla 71, Arico 58, Santiago del Teide 35, Adeje 45, Güímar 24 y Candelaria 22.
En agosto pasado, el Ayuntamiento de Adeje también ratificó en un pleno la cesión del suelo al Instituto Canario de la Vivienda para 45 nuevas casas sociales en régimen de alquiler, en Armeñime.
Subvenciones al alquiler
La otra opción que tienen los demandantes de viviendas es la de pedir una subvención al alquiler, un programa al que el Gobierno canario destina 34,4 millones de euros en todo el Archipiélago en la convocatoria 2022-2023 para un total de 8.651 familias beneficiarias, que en esta ocasión por primera vez cubrirán con esta ayuda la mitad de las mensualidades que pagan durante 24 meses, puesto que hasta ahora sólo se cubría el 40% del alquiler mensual, según dio a conocer en abril pasado el anterior Ejecutivo regional.
En el referido Plan canario de Vivienda se destaca el hecho de que las nuevas viviendas en construcción en el Sur de Tenerife eran por iniciativa de promotores privados y fondos extranjeros asociados a promotores locales. Y, en el caso de Arona, mencionaba el Plan Parcial El Mojón, «que tiene prácticamente concluida su urbanización, y en el que empiezan a concederse licencias de construcción simultáneas a la urbanización, lo que facilitará el desbloqueo de los suelos que están en manos de entidades financieras».
En el periodo analizado por dicho plan, los compradores de viviendas en el sur turístico eran «mayoritariamente extranjeros: belgas, rusos y de países nórdicos».
Los precios de las viviendas
Según el portal www.idealista.com, el precio medio de una vivienda en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en octubre pasado era de 2.499 euros el metro cuadrado, una cuantía muy superior en zonas turísticas: 3.966 €/m2 en Adeje, 2.897 en Arona, 2.721 en Santiago del Teide, 2.243 en San Miguel de Abona, 2.550 en Guía de Isora, 2.568 en Puerto de la Cruz, frente a cifras inferiores en zonas no turísticas, como la propia capital, con 1998 €/m2, Güímar, con 1430 o Icod de los Vinos, con 947.
El precio de la vivienda usada en venta aumentó un 0,3% en octubre con respecto al mes anterior y un 4,8% en tasa interanual, lo que sitúa el metro cuadrado a 1.870 euros, y siendo la provincia de Santa Cruz de Tenerife donde más aumentó el coste, que lo hizo en un 1,1%, según datos Hogaria.net.
De acuerdo al Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio medio de la vivienda libre varió un 4,54% en el segundo trimestre de 2023 en tasa interanual. Por tipo de vivienda, el precio medio de las viviendas de segunda mano en Canarias experimentó un cambio del 3,74% interanual en ese mismo periodo de 2023, frente a una variación del 13,98% de las viviendas nuevas en relación a octubre del año anterior.
La necesidad de viviendas de protección publica
El Plan de Vivienda de Canarias llega a la conclusión de la necesidad de construir viviendas protegidas para así garantizar la accesibilidad a la vivienda de todos los ciudadanos, a través de un alquiler acorde a la capacidad adquisitiva de los colectivos más vulnerables, en riesgo de exclusión social.
Según el Informe sobre el Estado de la Pobreza en 2023, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN, por sus siglas en inglés), el 20% de las personas en Canarias sufre retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en últimos 12 meses, lo que supone casi 7 puntos porcentuales más que la media nacional. Y el 57,2% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 35,5% de dato estatal.
A la espera de una ley que regule el alquiler vacacional
En la actualidad se encuentra abierta un proceso de consulta pública promovido por el Gobierno de Canarias como primer paso para una Ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas.
La promulgación de esta ley servirá para ordenar fenómenos como el alquiler vacacional, actualmente regulado en el Archipiélago por un reglamento (Decreto 113/2015) que no establece límites cuantitativos ni cualitativos, por lo que el Gobierno autonómico hace hincapié en que la normativa se impulsará «para encontrar el equilibrio entre el residente y el turista, debido el encarecimiento que supone para la población local el alquiler de viviendas por los mayores precios cuando se alquilan a turistas.
Se trata de una cuestión que siempre ha enfrentado a gobiernos con asociaciones de propietarios de viviendas vacacionales, pero el Ejecutivo regional recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció en 2020 que la protección del derecho a una vivienda digna y al entorno urbano justifican la intervención de las autoridades regionales y locales para regular el uso turístico de vivienda. En Canarias existen en la actualidad 46.486 viviendas vacacionales.
