PLANETA CANARIO
Los rectores de las universidades públicas canarias, Rosa Aguilar (La Laguna) y Lluís Serra (Las Palmas de Gran Canaria) han pedido a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno canario volver al menos a la financiación de 2013, es decir, recuperar los 301 millones para las dos instituciones, que era la cifra que barajaba el último contrato-programa, frente a los 244 actuales.
El crecimiento imparable de los costes estructurales para llevar a cabo la actividad diaria, el mantenimiento de las infraestructuras, la mejora de la gestión y el adecuado impulso a la docencia y la investigación no puede llevarse a cabo con una financiación que no cubre aspectos básicos y que impiden a estos centros crecer, señalaron los rectores, según informan ambos centros docentes en su comunicado.
Por eso, Aguilar y Serra le han comunicado a la titular de Educación, Manuela de Armas, que para darse las condiciones necesarias para la firma de un nuevo contrato-programa, que supondría el establecimiento de un marco presupuestario a cinco años, con financiación a cambio de objetivos, debe darse primero una inyección económica que permita salir de la «asfixia actual» y recuperar, al menos, la financiación con la que contaban hace diez años.
“Se trata de recuperar la pérdida de financiación producida en los últimos años, tanto por la reducción del peso específico de las universidades en el presupuesto global de la consejería como por el incremento de costes”. Esta financiación compensaría los desequilibrios estructurales de los últimos años y favorecería un marco de financiación estable que permitiera aumentar la calidad de la educación en Canarias para los próximos años, explicaron los gerentes. de las dos instituciones, Roberto Moreno (ULPGC y Juan Manuel Plasencia (ULL).
La rectora de ULL recordó que las universidades públicas son “el gran ascensor social”, de modo que estudiantes de diferentes orígenes y condiciones económicas se enfrentan a la educación superior en igualdad de condiciones, medidos por su talento. “Queremos que la Consejería nos conozca mejor; 45.000 familias de este Archipiélago quieren aulas y materiales en condiciones, pero también programas internacionales de posgrado porque vivimos en un mundo global”. Los dos recalcaron que el contrato programa es necesario para contar con una financiación a medio largo plazo, estableciendo necesidades y objetivos, pero hace falta primero el tratamiento de choque.
“Las universidades públicas no estamos perdiendo alumnado, todo lo contrario”, sostuvieron Aguilar y Serra. “Tenemos una necesidad imperiosa de renovación de nuestras plantillas docentes, que deben incrementarse para atender demandas sociales tan evidentes como la de los másteres habilitantes, como, por ejemplo, el de Formación de Profesorado. “Destacamos la multidisciplinariedad de las universidades públicas, porque nos dedicamos a abordar todos los retos que tiene Canarias, para ser dueños de nuestro propio destino”.
También señalaron la oportunidad de impartir formación a lo largo de la vida, con nuevas opciones más flexibles como las micro credenciales, al tiempo que valoraron la posibilidad de más titulaciones en otras islas, de modo que los territorios no capitalinos reciban alumnado nuevo, que se convertirá en profesionales con alta capacitación que se enganche a esos espacios y suponga una renovación poblacional para las islas más pequeñas. “Somos grandes universidades, hacemos investigación de primera y estamos totalmente comprometidos con nuestro territorio”, añadieron los rectores.
El gerente de la ULL agregó que uno de los caballos de batalla es contar con un contrato-programa que permita programar a más largo plazo.” En el de 2009 a 2013 la financiación prevista era de 1.387 millones de euros, mientras que hoy estamos a 200 millones menos que lo recibido en esa época. En gastos de funcionamiento se ha pasado de 1.269 millones a 1.166, mientras que en inversiones también ha habido un retroceso en la financiación. En términos absolutos ha caído la financiación un 14%, un 13% menos en infraestructuras y cerca de un 81% menos en inversiones”, explicó.
Plasencia añadió que en 2018 las universidades públicas significaban el 13% del peso de la Consejería, mientras que en 2022 se ha reducido a un 11%. El último año el incremento ha sido de tan solo un 4,4%, lo cual resulta del todo insuficiente, para el gerente de la UL.
“Somos de las administraciones públicas más fiscalizadas. Necesitamos ubicarnos al menos en la financiación de 2013”, apuntó Roberto Moreno, gerente de la ULPGC, es decir, 301 millones de euros, que viene a ser 57 millones más de los actuales, que son 244 millones, como se ha señalado. “No podemos improvisar los presupuestos, necesitamos planificar y tener un horizonte a cinco años al menos”.
