PLANETA CANARIO
«El Gobierno canario lo tiene claro sobre el monumento a Franco: si el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife nos deja a nosotros la decisión, se retirará el mismo día, porque incumple la Ley».
Así de contundente se ha mostrado la directora general de Patrimonio Cultural del Ejecutivo regional, María Antonia Perera (de Sí Podemos), después de que el gobierno municipal chicharrero (formado por CC-PNC y PP) afirmara este jueves, en una Comisión de Control, que ha aplazado la decisión sobre este conjunto escultórico alegando que está la espera de que el Gobierno canario haga un catálogo de vestigios franquistas previsto en la Ley de Memoria Histórica de Canarias aprobada en 2019.
Perera, que es arqueóloga de profesión, sostiene que lo dicho por la concejala de Cultura santacrucera, Gladys de León, «parece un lío, porque no refleja la realidad, ya que ese catálogo por parte del Gobierno será solo certificar el inventario del que ya dispone el Ayuntamiento en el informe que encargó para ello a la catedrática de Bella Artes de la Universidad de La Laguna María Isabel Navarro«.
La alto cargo del Gobierno regional subraya que el consistorio no ha tomado precisamente la iniciativa en este asunto, sino que ha tenido que ser la Dirección General que ella preside la que solicitara los informes que al respecto tiene el Ayuntamiento, «y como no nos lo han mandado, nos hemos dirigido a la Secretaría del Pleno para que nos los envíen».
María Antonia Perera: «Esto no es ya una cuestión ideológica, sino de cumplir la ley»
Perera contradice también a la edil de Cultura en el sentido de que ha dado a entender que será el Gobierno canario el que determinará si tiene valor artístico y no este conjunto escultórico y si se debe retirar o no.
«No es así, esa cuestión ya está resuelta en el informe técnico, y lo que haremos en convertir en catálogo el inventario ya realizado para el Ayuntamiento», señala la directora general en alusión al informe de María Isabel Navarro, en el que se concluye de forma taxativa que este monumento está cargado de simbología franquista y no se puede acoger a las excepciones de la Ley estatal de Memoria Histórica, ni ser resignificado, por lo que procede su retirada de la vía pública (no su destrucción).
Perera incide en que no se puede demorar ya más tiempo esta cuestión, cerca de medio siglo después de muerto el dictador, e insiste en que «en este tema ya no debe haber consideración ideológica ninguna, porque aunque se quisiera mantener ese monumento, no procede desde el punto de vista legal». «Urge ya solucionar este asunto cuanto antes», apostilla.
El conjunto escultórico es obra de Juan de Ávalos, fue inaugurado en 1966, financiado mediante recaudación popular y se ubica en la intersección entre las Ramblas de Santa Cruz y la avenida de Anaga.
A favor de mantenerlo donde está el Ayuntamiento ha recibido informes de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, que aboga por declararlo Bien de Interés Cultural (BIC); la Fundación CICOP, que le atribuye valores artísticos suficientes para ser preservado y cree que la sociedad ha dejado ya al margen la carga ideológica que tuvo en otra época; y la Universidad San Pablo-CEU.
La Junta Republicana de Canarias ha recogido más de 21.000 firmas hasta el momento para apoyar su solicitud de que esta obra sea retirada así como toda la simbología de exaltación del franquismo que subsiste en la ciudad.
Los grupos de PSOE y Unidas Podemos en el Ayuntamiento capitalino reprocharon en la Comisión de Control al gobierno local que aún dude qué hacer cuando ya el consistorio encargó un informe que deja claro que esta escultura no puede continuar en la vía pública por incumplir la ley, y que la capital tinerfeña sea la última ciudad de España que exalta al dictador en sus calles.
