PLANETA CANARIO
La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladys de León, ha manifestado que la decisión definitiva del monumento a Franco (obra de Juan de Ávalos, inaugurado en 1966 y ubicado en la intersección entre las Ramblas de Santa Cruz y la avenida de Anaga) depende ahora de un trámite que debe realizar el Gobierno canario, conforme a la Ley de Memoria Histórica de Canarias, concretamente un catálogo de vestigios franquistas.
Durante una comparecencia en la Comisión de Control este jueves, 11 de marzo, a petición de Unidas Podemos sobre la hoja de ruta sobre este conjunto escultórico, De León indicó que no iba a entrar «en el fondo del asunto» sino que «el marco jurídico ha cambiado» con esa nueva ley de 2019 y que ha remitido a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ejecutivo regional los informes que ha recabado el Ayuntamiento sobre este monumento «y esa ley dice que cuando salga ese catálogo, ya se verá».
En concreto, los informes los que se refirió la concejala de CC son el solicitado por el Ayunamiento en el pasado mandato a la catedrática de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna María Isabel Navarro, que concluye que la obra debe retirarse de la vía pública por su significado franquista en aplicación de la Ley de Memoria Histórica estatal, así como otros informes que solicitan su mantenimiento por valores artísticos.
Se trata de un dictamen de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, que aboga por declararlo Bien de Interés Cultural (BIC); la Fundación CICOP, que le atribuye valores artísticos suficientes para ser preservado donde está y cree que la sociedad ha dejado ya al margen la carga ideológica que tuvo en otra época; y la Universidad San Pablo-CEU. «Hay varios puntos de vista sobre este asunto», remarcó la concejala de CC-PNC.
A estos informes adjuntará también el Ayuntamiento uno de los servicios jurídicos municipales, que se acordó en diciembre de 2019 solicitar en una Junta de Portavoces, y que según De León no consta en la asesoría jurídica municipal que se haya pedido, aunque PSOE y Cs indicaron que sí se lo encargaron de forma oral y luego por escrito al secretario del Ayuntamiento, cuando entonces ambos partidos cogobernaban.
CC-PNC: «El Gobierno canario tiene que hacer el Catálogo de vestigios franquistas»
De modo que, según la edil de Cultura, el Ayuntamiento está esperando a que el Gobierno canario haga «ese catálogo» de vestigios franquistas, que deberá publicarse en una web oficial de la Administración autonómica.
En todo caso, dejó claro que su «intención es cumplir la ley y llegar a un consenso entre todos» los grupos municipales. En este punto no dio por resuelto el fondo de la cuestión, pues enumeró tres posibilidades de cumplir la legalidad: «Consenso tanto sea para quitar el monumento, para quitar algúno de sus elementos o para resignificarlo».
Si hay que retirarlo, abundó la edil de CC-PNC, «la retirada será efectiva una vez certificado por el órgano competente».
Unidas Podemos: «Inaceptable que seamos la única ciudad de España con un monumento al dictador»
Desde Unidas Podemos, la concejala Yaiza Gorrín afeó al gobierno municipal que Santa Cruz de Tenerife «sea la única ciudad de España que tiene un monumento al dictador en la vía pública».
Puso de relieve que el Ayuntamiento dispone desde el verano de 2019 de un informe que encargó para determinar los símbolos franquistas que quedaban en la ciudad, dirigido por la catedrática María Isabel Navarro cuya conclusión fue «contundente en cuanto a la ilegalidad de que permanezca en la vía pública dado que no hay a dudas de lo que representa y es de imposible resignificación».
Lo que simboliza el conjunto escultórico
La edil de Unidas Podemos leyó el significado de esta obra que se plasma en dicho informe técnico:
«1) la victoria obtenida por el ejército sublevado en la Guerra Civil Española (imagen de la victoria;
2), la isla de Tenerife como referente geográfico de la planificación de la rebelión militar (relieve en forma piramidal como base del monumento;
3), este referente se asocia a la relación de lealtad de la isla de Tenerife a la figura mesiánica del general Franco;
4) la pretensión de elevar al general Franco al rango de referente metafísico sancionado por el auxilio del arcángel;
5) la reivindicación de la iniciativa militar contra el gobierno de la República como una guerra santa, a través de la alegoría del general Franco como figura que sustenta la paz armada mostrando la espada como cruz, símbolo de la cruzada de liberación, a pesar de que nunca fue reconocida como tal por el Vaticano
; y 6)la presentación de los escudos de los 9 partidos judicial es de la provincia como escenario de respaldo a la acción del vuelo del general Franco en el Dragon rapide para iniciar la sublevación militar constituye una evidente vulneración de la verdad histórica y un símbolo que atenta contra los principios desarrollados en la ley 25/2007, de 26 de diciembre de Memoria Histórica».
Por todo ello, Gorrín dijo no entender por qué la concejala de Cultura mantiene abierto el debate sobre qué decisión tomar en torno a este conjunto escultórico.
PSOE: «El debate ya está cerrado, debe retirarse, no puede seguir por ley en la vía pública»
El portavoz del PSOE, José Ángel Martín, no alberga ningunda duda de que se trata de «una fuente que enaltece el alzamiento nacional, hoy renombrado como golpe de Estado contra un gobierno democrático, y por tanto, debe ser retirada de la vía pública porque incumple la ley», al tiempo que aseguró que ese era el consenso que ya existía entre los portavoces de los grupos políticos.
Incidió que no está progegido como «Bien de Interés Cultural y que ni si quiera el Cabildo inició el procedimiento que cierto partido solicitó para que tuviera tal protección».
«Me saltan todas las alarmas cuando leo en prensa que Gladys de León nos dice que no es una prioridad este asunto», enfatizó Martín.
Desde su punto de vista, «no se pueden reabrir debates ya cerrados, el fondo del asunto está resuelto y el Ayuntamiento tiene un informe encargado» para dirirmirlo: «el monumento es ilegal y solo hay que resolver cómo retirarlo».
«Retirarlo no significa destruirlo»
Dejó patente el edil socialista que «retirarlo no significa destruirlo, sino colocarlo en otro lado, en un depósito o donde se quiera, pero no puede mantenerse en la vía pública».
Gladys de León le replicó que lo que ella declaró a la prensa no fue que no tuviera proridad respetar la legalidad, sino que este asunto «no era una decisión política, sino hacer cumplir la ley».
Y sobre el consenso alcanzado en su momento, refutó que «no era quitar esta obra de la vía pública, sino pedir informe a los servicios jurídicos, que no existe aún y del que nadie sabe nada, pues a la asesoría jurídica municipal no le consta que se haya pedido». Afirmación que desmintieron tanto José Ángel Martín como Matilde Zambudio (Cs).
Cs: «No es prioritario pero es indudable que tiene connotaciones franquistas»
«Se solicitó de manera verbal y después por escrito ese informe al secretario y en noviembre pasado pedí copia de ese informe», reiteró la concejala de Ciudadanos, para quien ese monumento «pertenece a la mejor etapa de su autor».
«Coincido con Gladys de León en que este asunto no es prioritario, pero la Ley es de 2007; se puede retirar o se puede resignificar, porque es indiscutible que tiene connotaciones franquistas, pero habría que ver qué hacer de conformidad con el informe jurídico que está pendiente de emitirse», concluyó Zambudio, que fue la concejala de Cultura y primera teniente de alcalde durante el primer año de este mandato, cuando gobernó con el PSOE.
En este sentido, la actual concejal del área, De León, le preguntó tanto a ella como al PSOE «por qué no dieron todos los pasos necesarios para quitar el monumento» cuando cogobernaban.
E insistió en que «el marco jurídico ha cambiado y la Ley canaria de Memoria Histórica dice que el Gobierno canario debe sacar ese catálogo, y ya se verá».
El PP no intervino en este debate.
