VICENTE PÉREZ
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, ha concedido el tercer grado al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, que cumple condena de 7 años de prisión por el caso Las Teresitas, y que de este modo accede al beneficio de poder salir de día de la cárcel y regresar de noche a dormir.
Esta decisión de Instituciones Penitenciarias no ha sido recurrida por nadie, de manera que este asunto no ha llegado al ámbito judicial, según ha explicado este miércoles 27 de julio la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El Código Penal establece que la clasificación de un condenado en el tercer grado «deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias».
Recientemente, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife había dictado un auto en el que desestimaba el recurso de Zerolo contra una resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 2 que le denegó el pase al tercer grado en su condena de siete años de cárcel. El auto de la instancia provincial se dictó este 4 de julio y en el expediente consta también resoluciones previas desestimatorias del centro penitenciario Tenerife II.
Zerolo entró en prisión en abril de 2019, cinco días después de dictada la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó las condenas impuestas en 2017 por la Audiencia Provincial a lo seis protagonistas de la trama de la compraventa de las parcelas del frente de playa por un sobreprecio ilegal con dinero público, así como la recalificación injustificada desde el punto de vista del interés general -y sin beneficio para el erario público- del valle de Las Huertas.
En la cárcel Tenerife II tanto Zerolo como otro de los condenados, el exconcejal de Urbanismo y el neurólogo Manuel Parejo han colaborado en el periódico del centro, Aire Fresco, pues en la relación de colaboradores figuran ambos, tal como se puede leer en la página 2 de esta publicación, que cuenta con el apoyo de la Fundación Diario de Avisos. De hecho, el exalcalde ha desempeñado un papel muy activo en la radio de Tenerife II, según ha podido saber este periódico. El ejemplar de Aire Fresco se puede descargar en la web del Gobierno canario sobre el proyecto Medusa: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/nohayedad/files/2022/03/periodico-aire-fresco.pdf
El pasado año, el Juzgado de lo Penal 3 de Santa Cruz de Tenerife, a raíz de una denuncia de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), ha imputado a Zerolo por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, al aprobar en el consejo de administración de Emmasa la devolución, ilegal, del canon de 59 millones que había pagado Sacyr-Vallehermoso al Ayuntamiento por las infraestructuras de la empresa del servicio de aguas en la capital tinerfeña.
Además de la condena por el caso Las Teresitas, sobre el exalcalde pesa otra, la de inhabilitación por el caso García Cabrera, por la adjudicación a dedo de la millonaria rehabilitación del antiguo instituto de igual nombre, para albergar la oficinas centrales del Ayuntamiento chicharrero, en Ofra.
Por la trama de Las Teresitas están condenados, además de Zerolo y Parejo (entonces ambos en Coalición Canaria, CC), los empresarios Ignacio González (ya fallecido) y Antonio Plasencia, y los funcionarios José Tomás Martín (exgerente de Urbanismo) y Víctor Reyes (exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo capitalina).
Entre todos se concertaron para maquinar un pelotazo urbanístico por el que el Ayuntamiento, con dinero de todos los santracruceros, les pagó a los dos empresarios de Inversiones Las Teresitas SL, 52.5 millones de euros por unas parcelas del frente de playa que en realidad valían mucho menos, unos 20 millones, como los había valorado la funcionaria Pía Oramas, en una tasación que no fue tenida en cuenta y que incluso se ocultó en el expediente.
A ello se une una recalificación de suelo en el Valle de Las Huertas, en la trasera de Las Teresitas, sin contraprestación para el erario público y sin justificación desde el punto de vista del interés público, para viabilizar una urbanización de unos 5.000 vecinos, lo cual además les reportó un negocio redondo a los dos empresarios, pues vendieron ese parcelario a una filial de Mapfre por más de 100 millones de euros.
