VICENTE PÈREZ
La suspensión cautelar, por parte del Cabildo de Tenerife, del derribo de una vivienda antigua en la calle de Imeldo Serís que ha obtenido licencia del Ayuntamiento chicharrero, ha despertado en la capital tinerfeña la polémica por las demoliciones de inmuebles susceptibles de algún grado de protección como patrimonio histórico. Sin embargo, el Cabildo ha decidido luego permitir la demolición, según ha publicado este sábado El Día.
Ahora la realidad política ha cambiado mucho: ya no gobierna CC en ninguna de ambas instituciones, sino que lo hace el PSOE con los concejales y consejeros de Ciudadanos, a quienes su partido expulsó por esta alianza. Es más, en la capital tinerfeña, esos ediles expulsados de Cs -aunque pleiterán en los tribunales contra esta medida disciplinaria- son los que llevan precisamente Urbanismo y Patrimonio Histórico, Ramón Lazcano y Matilde Zambudio, que se han enfrentado a su partido porque, como ellos mismos han afirmado, querían acabar con la época de la corrupción y el clientelismo de CC. Y no falta quienes asocian la masiva falta de protección legal de inmuebles históricos con algo más que un despiste o falta de voluntad política desde los tiempos de Miguel Zerolo de alcalde, y la enmarcan en una arbitraria decisión movida para no perjudicar intereses urbanísticos privados.
El levantamiento de las suspensión se produjo después de que los técnicos insulares se reunieran con la empresa que ejecuta los trabajos. La resolución firmada por el consejero de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, José Gregorio Martín Plata, expone que «por circunstancias sobrevenidas -la demolición ya se había producido- la medida de suspensión ha dejado de ser efectiva», informa El Día.
En el pasado mandato se constató que el Ayuntamiento, desde la etapa de Zerolo -hoy en la cárcel por el caso Las Teresitas, como su edil de Urbanismo, Manuel Parejo- hasta la etapa de su sucesor, José Manuel Bermúdez (que pactó en un mandato con el PSOE y en otro con CC, partidos que llevaron Urbanismo y Patrimonio Histórico en esos mandatos) había hecho caso omiso a los funcionarios el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo que venían solicitando, en sucesivos informes para el Plan General de Ordenación emitidos en 2006 y 2010, proteger más de 500 inmuebles por valores históricos y artísticos.
La consejera insular de Patrimonio Histórico entre 2015 y 2019, Josefa Mesa ( cuyo sucesor, también del PSOE, José Gregorio Martín Plata) parece seguir el mismo camino, se mantuvo firme y siguió el criterio de sus técnicos en el Cabildo especializados en la materia, y fue así como ella ordenó suspender las demoliciones en el antiguo barrio de Miraflores, asunto que acabó en los Juzgados porque el Ayuntamiento consideraba arbitraria esta actuación del Cabildo. Pero el consistorio perdió el litigio porque, como era de perogrullo, la institución insular tiene por ley esta potestad de adoptar medidas cautelares por un máximo de 6 meses, como también el Ayuntamiento la suya para levantarlas incluso antes de ese tiempo con informes técnicos que demuestren que en estos casos no hay valores de patrimonio histórico que proteger.
Ahora, como ha publicado EL DÍA, el Cabildo ha mandado parar por un principio de cautela la demolición de una edificación de dos plantas en el número 53 de la calle de Imeldo Serís. Se trata de un inmueble mal conservado, hasta el punto de haber estado tapado con una red primero parcial desde hace unos año y luego total, como muchos antiguos en la capital tinerfeña. Pero se enmarca en la arquitectura tradicional canaria, y los técnicos del Cabildo han considerado conveniente pedir la suspensión cautelar para que se examine si tanto en su exterior como en su interior hay valores que proteger.
En la capital tinerfeña se han derribado hasta hace poco edificaciones históricas con bastante alegría, pues los arquitectos externos que redactaron el Plan General promovido por Miguel Zerolo, el equipo formado por Palerm y Tabares de Nava dejaron sin catalogar más de 500 inmuebles con posible valor, el cual no le negaron pero tampoco los quisieron proteger, dejando el asunto, inexplicablemente, para una futura decisión que nunca se llevó a cabo.
Fue un modus operandi que se aprovechó arteramente de que con la legislación vigente hasta el pasado año el criterio del Cabildo no era vinculante fuera de conjuntos históricos protegidos como Bienes de Interés Cultural. Pero esos arquitectos obviaron cualquier justificación técnica expresa, inmueble por inmueble, que contradijera los voluminosos y argumentados informes del Cabildo.
La edificación cuya demolición ha suspendido ahora el Cabildo no estaba incluida en aquellos 500 inmuebles susceptibles de catalogar, y en los que a finales del mandato pasado -con CC y PP en el gobierno municipal- el Ayuntamiento ordenó paralizar cualquier licencia de demolición hasta que no ser apruebe el nuevo catálogo de inmuebles protegidos que se va a revisar con el Plan General de Ordenación, tras ser éste anulado por sentencia judicial. Pero también es cierto que ese listado no es ni tiene por qué ser cerrado.
Los desencuentros en el pasado mandato entre el Cabildo -entonces con un gobierno CC-PSOE y los socialistas en el área de Patrimonio HIstórico- y el Ayuntamiento -con un pacto CC-PP con los populares en Urbanismo y Patrimonio Histórico- fueron clamorosos, siempre azuzados por los concejales del PP, en especial en esa época edil de Urbanismo, Carlos Tarife, y en alguna ocasión por quien era alcalde, José Manuel Bermúdez, que arremetieron contra la entonces consejera del área, la socialista Josefa Mesa, quien en realidad se limitó a seguir el criterio de los funcionarios de su servicio.
No es de extrañar, por tanto, para quien conozca cómo fue la polémica en el pasado mandato, que ahora sea Tarife, en este nuevo periodo portavoz del PP en la oposición, el que no haya duda en tachar de «despropósito» y de «atropello» la decisión del Cabildo de suspender de forma cautelar esta demolición. «Lo que muchos sospechábamos: que en la capital existe una inseguridad jurídica que depende única y exclusivamente del departamento de Patrimonio Histórico del Cabildo», aseveró en declaraciones a El Día.
Volviendo a las hemerotecas del pasado mandato, la caja de los truenos se destapó entre ambas administraciones con ocasión de los derribos en el antiguo barrio de MIraflores, de los que se llevaron a cabo tres de los seis previstos, para proyectos de nuevos edificios. El Cabildo decidió suspenderlos de forma cautelar, aunque acabaron siendo derribados esos tres gracias a extraños informes de la fundación CICOP, con la que el consistorio firmó un acuerdo en el pasado mandato por dos años a cambio de 14.000 euros, cuyos argumentos fueron tachados de «falsos» por otro informe posterior de los funcionarios del Cabildo.
Otros tres edificios histórico que aún siguen en pie no han sido demolidos a pesar de que también el CICOP avaló meterles las palas, porque Bermúdez y Tarife se avinieron a negociar con el promotor la salvación de las fachas. Se trata de tres edificaciones con claros valores de patrimonio histórico, como la Casa Clavijo, del arquitecto Antonio PIntor, y la Casa Pérez Soto, del arquitecto Domingo Pisaca.
Lo que nadie pone en duda ya a estas alturas es que Santa Cruz de Tenerife ha derribado una buena parte de su ciudad original, diezmando su patrimonio histórico más antiguo, en un proceso destructor que no parece tener fin. El caso de este inmueble de Imeldo Serís no es sino un episodio más, en el que se tendrá que decidir, en las próximas semanas o meses, si es correcta su desaparición. Al menos ahora el Ayuntamiento deberá aportar informes técnicos que indiquen que no hay nada que conservar como patrimonio histórico en esa antigua vivienda. Pero en años anteriores, desde la época de Zerolo, el criterio de los funcionarios del Cabildo fue metido en cajones e ignorado sin respuesta alguna del Ayuntamiento que los invalidara, en una etapa negra para el patrimonio histórico que algún que otro partido ha llegado a sopesar denunciar en la Fiscalía.
