VICENTE PÉREZ
El caso Enchufes de Santa Úrsula, en el que están acusados de prevaricación la exalcaldesa del PP Milagros Pérez y el exprimer teniente de alcalde del PSOE Víctor Hernández, quedó este jueves visto para sentencia.
Ambos se exponen a 10 años de inhabilitación por la presunta contratación ilegal, en el Ayuntamiento del norte de Tenerife, de cerca de una veintena de trabajadores con los que mantenían afinidad política y personal.
En las dos maratonianas jornadas del juicio, que se ha celebrado en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, han prestado declaración hasta 38 testigos, entre ellos exconcejales del PP y de AISU, y numerosos técnicos.
La vista se ha celebrado en el Juzgado de los Penal 5 de Santa Cruz de Tenerife, del que es titular la magistrada Beatriz Méndez, la juez que dictó las sentencias condenatorias de dos escándalos urbanísticos tan conocidos como el caso Varadero, en El Rosario, y el caso Mamotreto, en la capital tinerfeña.
Ha actuado de abogados defensores de Pérez y Hernández, respectivamente Iván Andueza, exconcejal del PP de Santa Úrsula, y Jonay Rodríguez, exsecretario general de las Juventudes Socialistas de Tenerife.
Fiscalía y acusación popular se ratifican
El fiscal, Santiago Güibert, en su alegato final en la tarde de miércoles, concluyó que los delitos de prevaricación «han quedado acreditados», pues en todas las contrataciones a dedo para prestaciones de servicios «había advertencias de legalidad» de los técnicos y «se vulneró el derecho de todos los ciudadanos a concurrir en igualdad de condiciones a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento», según relató en Twitter el periodista David Cuesta, que contó en tuits a tiempo real las dos jornadas del juicio.
En igual sentido se posicionó en su intervención final la acusación popular, ejercida por el denunciante, Octavio Hernández, a través del abogado Cristo Suárez, quien se refirió a una «trama» para contratar, valiéndose incluso través de la «empresa pantalla» de trabajo temporal Adecco, a personas «que ha quedado demostrado en este juicio que tenían claras las relaciones de afinidad con los acusados, algunas de las cuales participaron en la campaña electoral del PP» .
Los procesados proclaman su inocencia
En cambio, los dos procesados se han declarado inocentes. Hernández se aferró que «nunca hizo absolutamente nada» que no le «permitiesen» los técnicos municipales.
Haciendo uso de su derecho a un último turno de palabra, la exalcaldesa alegó que para todas las contrataciones consultó a la secretaria, el abogado y el interventor municipales, y que cuando llegó al cargo se encontró con muchas obras y servicios para los que no había personal suficiente y por entonces no estaba permitido hacer ofertas públicas de empleo. Pérez atribuyó el caso a una «vendetta política».
El abogado del exconcejal socialista, Jonay Rodríguez, trató en esta segunda jornada de desprestigiar al denunciante en varios momentos del juicio, reduciendo todo a una cuestión de «odio» hacia los denunciados porque lo despidieron como personal laboral del Ayuntamiento, si bien la secretaria municipal reconoció que Octavio Hernández desarrollaba actividad sindical en el consistorio cuando fue despedido.
La directora de una empresa de trabajo temporal confiesa que elegía a los trabajadores que le indicaba el gobierno local de entonces
Pero el día anterior se habían producido testimonios cruciales, como la directora de Adecco, que confesó que era el propio Ayuntamiento, es decir, los acusados, el que le indicaba qué personas tenía que seleccionar para cubrir las vacantes que iban surgiendo en el Consistorio, según ha informado David Cuesta. Y un arquitecta también corroboró que los negociados sin publicidad eran una mera simulación. Hasta el fiscal al término de la vista oral se refirió a este proceso de petición de tres ofertas como «un paripé».
Declaran los tres funcionarios del Ayuntamiento claves
En la segunda y última jornada comparecieron en calidad de testigos tres funcionarios claves (secretaria, interventor y letrado municipales), y estos dos últimos vinieron a reconocer a preguntas de fiscal y abogado de la acusación que les llamó la atención la cantidad de contrataciones por prestación de servicios y cuantía inferior a 18.000 euros que los acusados promovieron tras tomar posesión de sus cargos en aquel gobierno PP-PSOE.
El interventor en el momento de los hechos, Andrés Isidoro Pérez, y hoy jefe de Contabilidad municipal, declaró que advirtió también de modo verbal a la entonces alcaldesa de que no procedían contrataciones.
El interventor cobró mil euros por un curso y no se acuerda
Uno de los lances más llamativos del juicio ocurrió cuando este testigo, entonces responsable de la Intervención municipal, exclamó «¡Mi madre!» tras espetarle el abogado de la acusación que cobró más de mil euros por dar un curso en la Universidad Popular de Santa Ursula (adscrita al Ayuntamiento) y afirmar el funcionario, con cara de circunstancias, que no recordaba haber cobrado ese dinero. La factura de este cursillo se pagó en la Navidad de 2012 cuando el Gobierno estatal había suprimido la paga extra a los funcionarios.
La secretaria municipal, Rosario Morales, confesó que le sorprendió que varios negociados con publicidad los ganara los mismos que habían sido antes contratados a dedo, y dijo que advirtió de que el contrato con Adecco podía incurrir en una «cesión ilegal de trabajadores» y que luego no se volvió a recurrir a esa empresa. La funcionaria señaló que daba su conformidad a los informes del interventor, porque los suyos no eran vinculantes.
El letrado municipal, Atanasio Ramírez García, se escudó en que, aunque le sorprendía la cantidad de contratados sin proceso selectivo alguno, él no podía entrar en el terreno «subjetivo» de si había o no mala fe, en este supuesto para volver a contratar a esos trabajadores por proceso negociado o para sustituir funciones propias de un empleado público, pero sí ponía la «coletilla» de que en ese caso debían salir a concurso las plazas. Confiesa que la ponía porque «de uno o dos contratos por servicios al año, se pasaron a 15 o 20 de golpe con el cambio de gobierno», cosa que le llamó la atención, dijo.
«Enchufe» de una psicóloga pese a haber bolsa de empleo
Cabe destacar entre los casos de supuestos enchufes citados en el juicio el de una psicóloga (con función de psicomotricista), a pesar de que el Ayuntamiento disponía de una bolsa de trabajo de psicólogo, lista a la que tampoco se recurrió para cubrir otra baja de una profesional de esta especialidad cuando se cubrió una baja de otra psicóloga con un pedagogo vinculado al PSOE.
Y llama poderosamente la atención que varios técnicos municipales que declararon en la segunda jornada alegaron que no pusieron objeciones a no tirar de esa lista fruto de un proceso selectivo con el sorprendente argumento de que publicó en el Boletín Oficial de Provincia y ellos no se leen todo lo que sale en esa publicación.
